- Cerca de 28.000 abogados extranjeristas gestionados desde el CGAE, serán formados en los detalles de esta regularización que ultima el Gobierno para después de Semana Santa.
En una reunión en la que estuvieron presentes Cristina Vallejo, vicepresidenta, Borja Vargues, secretario técnico y Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE con técnicos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha concluido con un acuerdo de colaboración para la formación y divulgación en esta regularización extraordinaria que plantea el Gobierno de más de 500.000 inmigrantes.
Hacer las cosas bien y con seguridad jurídica. Los argumentos expuestos por parte de Cristina Vallejo, vicepresidenta del CGAE y decana del ICAB y de Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjeria de esta entidad a los técnicos de los ministerios de Seguridad Social y Presidencia han sido rotundos. No hay atajaos posibles a la hora de emprender una regularización de este tipo. La Abogacía Institucional y sus 28000 abogados extranjeristas serán pieza clave de esta iniciativa. En esta reunión se han puesto las bases para un acuerdo de colaboración entre las partes donde la formación y divulgación serán claves.
A lo largo de este encuentro, el segundo tras aquel que tuvieron Elma Sáiz, mientras de Inclusión y Seguridad Social con Salvador Gonzalez, desde el CGAE se ha defendido el papel de la abogacía como garante de la seguridad jurídica en el próximo proceso de regularización extraordinaria. Tal y como nos explicaba un experto en la materia como es Manuel Felipe Garoña, este proceso que se inicia estos días es bastante complejo. De ahí que sea esencial la participación de estos profesionales, al ser abogados muy cualificados, con formación jurídica del máximo nivel, y sometimiento a las normas de deontología profesional.
Así lo han trasladado tanto Vallejo como Imbroda y Vargués a los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una reunión en la sede de Abogacía Española. Según ha podido confirmar este medio, se espera el dictamen del Consejo de Estado sobre este asunto que no es vinculante, pero que está pendiente por conocerse.
Sobre los pasos siguientes de esta regularización, aún mayor que la que se hizo en el 2005 en nuestro país, es previsible que el Consejo de Ministros del 14 de abril apruebe la iniciativa, se publique en el BOE el día siguiente y un día más tarde se abra este proceso para recibir las primeras solicitudes. La idea del Gobierno es cerrar la regularización el 30 de junio. Habrá que ver si el operativo que se pone en marcha funciona y se culmina a esa fecha.
Este marco de cooperación se materializará en la divulgación del proceso y la organización conjunta de jornadas informativas, mesas redondas y campañas dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible sobre el próximo proceso. La primera de estas jornadas está prevista para el mes de abril y marcará el inicio de una serie de acciones coordinadas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses. Según nos explicaba el propio presidente González es factible que junto a los abogados extranjeristas que reciban información y formación sobre este procedimiento, los técnicos de ambos Ministerios también reciban esta formación tan necesaria.
Final de la reunión, en primer plano Salvador González, presidente del CGAE, quien confía en el papel de la abogacía extranjerista para sacar adelante este tema FOTOS ABOGACIA ESPAÑOLA
Una reunión a tres bandas
La reunión de trabajo ha estado presidida por los citados, Cristina Vallejo, acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE y por el secretario general técnico de la institución, Borja Vargues a los que se han unido del .Ministerio de Inclusión, Santiago Hierba, director general de la Gestión Migratoria; Aitor Juara, director del Gabinete de la ministra de Inclusión; y Eva Martínez, directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones. Asimismo, por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se ha contado con Samuel Meilán, asesor del Gabinete del ministro.
El presidente del CGAE, Salvador González, ha asistido al cierre de la reunión, donde se han compartido las principales conclusiones de esta. Desde su punto de vista “en esta nueva regulación, que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha subrayado.
En conversación con nuestro medio, recordaba la experiencia del colectivo de abogados extranjeristas españoles y como en los últimos cuatro años Noemí Alarcón, ahora vicepresidenta del CCBE europeo, ha presidido el Comité de Migraciones de la Abogacía Europea. “En estos temas tan complejos resulta clave que haya abogados especializados al frente, como este colectivo con el que contamos de cada uno de los 83 colegios de abogados del país. El acuerdo supone impulsar una formación sobre este proceso de regularización, en el que se formen a estos profesionales y a los técnicos de Inclusión y Justicia que quieran incorporarse al mismo”.
Por su parte, Cristina Vallejo indicaba que “la participación de la abogacía es una garantía esencial para la ciudadanía, ya que les protege frente a al intrusismo y las prácticas engañosas Al mismo tiempo hay que recordar que el proceso no acaba el 30 de junio, sino que se traslada dentro de un año a una regularización plena, administrativa y laboral. Desde esta perspectiva la colaboración se traduce en una formación y divulgación con solucion de continuidad. La abogacía debe estar presente en todas las fases de esta regularización”, explicaba a nuestro medio.
En este contexto, el Consejo General de la Abogacía Española, a través de un experto como es el propio Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que “respeten y hagan respetar la participación efectiva de los profesionales de la abogacía en el desarrollo del proceso de regularización y reforzar los mecanismos de asistencia jurídica, especialmente para los colectivos más vulnerables, y combatan de forma activa cualquier forma de abuso que no respete el marco jurídico”.
En definitiva, el presidente del CGAE, ha subrayado que la regularización extraordinaria debe construirse sobre bases sólidas de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales. En ese objetivo, “la abogacía no solo es necesaria: es imprescindible. Sin abogacía, no hay garantías”. El primer evento formativo conjunto tendrá lugar en los próximos días, una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde a este proceso de regularización y publique las bases del mismo y sus particularidades.
