- Este martes vuelven a reunirse el CGAE con ténicos del Ministerio de Inclusión y Seguridad para definir la colaboración de la abogacía en esta regularización, la más grande que se va a hacer en nuestro país
Desde el pasado mes de enero que fuera anunciado por el propio presidente del Gobierno, la próxima regularización masiva de inmigrantes, que va a dejar pequeña aquella que se hizo en el 2005, ocupa tertulias, debates y jornadas de formación en los 83 Colegios de Abogados de nuestro país. Este martes, la vicepresidenta Cristina Vallejo y Blas Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de Consejo General de la Abogacía Española, tendrán una reunión con parte del equipo de Elma Sáiz. Sobre el papel la regularización de unos 500.000 inmigrantes, que podrían llegar a ser 800.000 antes del 30 de junio-
La reunión viene en un clima enrarecido por la puesta en marcha de una campaña divulgativa del propio Ministerio que en redes alentaba al inmigrantes a regularizarse lo antes posible sin el apoyo jurídico de la Abogacia. Una campaña que provocó una queja por escrito del decano del ICAM, Eugenio Ribón a la ministra Saiz. Al final, se atendieron las peticiones del ICAM y del CGAE que también nos señalan que contactaron con el Ministerio, pero la campaña ha generado cierto malestar. Habrá que ver cómo transcurre la reunión de este martes.
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Manuel Felipe Garoña, uno de los referentes en materia de extranjeria en nuestro considera que esa regularización tiene lagunas serias (Imagen propia cedida) |
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En esta conversación que mantenemos con Manuel Felipe Garoña, abogado experto en extranjería, en su día presidente de la Asociación Española de Extranjeritas y ahora miembro activo del colectivo Extranjeritas en Red, este experto revela una profunda preocupación profesional sobre cómo se está gestionando el mayor proceso de regularización de la historia reciente de España, con especial crítica a la falta de preparación organizativa y al mensaje engañoso hacia las personas extranjeras sobre la necesidad de asesoramiento legal profesional en el que se ha venido a decir que no hacía falta “asesoramiento jurídico”. La denuncia del ICAM ha hecho que se retirase esa campaña informativa
En cuanto al encuentro que este martes mantendrá la Abogacía Institucional en el Ministerios de Inclusión y Seguridad Social, este experto cree que , la reunión de, de mañana es principalmente procedimental, organizativa. Es decir, no creo que vayan a entrar en el fondo de la cuestión y creo que esta reunión se, produce a raíz de esa campaña divulgativa que inició el Ministerio y que “desconsideraba la labor fundamental que los abogados van a tener en este proceso”. Esa campaña confirma la irresponsabilidad en cuanto al enfoque organizativo de esta regularización.
Nuestro interlocutor explica que “ nos encontramos que la organización que pretenden poner en marcha será a través de la incorporación de entidades que no pertenecen al ámbito de la extranjería, como la empresa Tragsa o las oficinas de Correos, que recibirán solicitudes, apartando a las oficinas de extranjeros. Al mismo tiempo hay noticias de que las oficinas de la Seguridad Social, también las recibirá, incorporando a personal que van a formar de manera exprés. Y el problema es que estos profesionales no han tenido la formación ni el tiempo suficientes para conocer esta materia y su problemática específica. La regularización ha pillado al Gobierno sin tener la estructura adecuada para ponerla en marcha”, indica
Para este experto, la estructura que se planea es irresponsable. Tengo dudas yo de cómo se van a demostrar los cinco meses de permanencia previa, imagínate una persona extranjera. O sobre los antecedentes penales de su país o en el caso de que tenga antecedentes cancelables... Parece que el trámite de recepción de las solicitudes estará centralizado en la UTEX, que es la unidad que se creó con la reforma del reglamento anterior una vez que se presente por las distintas vías que se están disponiendo”.
Será la más masiva
Garoña recuerda que ya se hizo una regularización en nuestro país en el 2005 sobre unas 580.000 personas y se hizo desde las oficinas de extranjeros que estaban operativas en nuestro país. Esta va a ser la primera regularización con la solicitud electrónica, pero claro, aquellos para aquellos que tengan certificado digital, que van a ser muy pocos. Además de los profesionales habilitados que venimos presentando electrónicamente desde la pandemia, ahora se acaba de incorporar una nueva vía de presentación electrónica a través de las ONG y sindicatos que se inscriban como entidades colaboradoras cuyo registro está recién creado.
En su opinión, “estas entidades van a tener poco tiempo para inscribirse y en cualquier caso su recorrido va a ser muy corto para que se haya podido contrastar que es realmente un medio eficaz para apoyar el alto número de solicitudes que se esperan. Además, todas esas solicitudes necesitarán una admisión a trámite para que tenga el efecto que dice el reglamento, que es que la persona pueda trabajar desde el primer momento sin esperar a la resolución”.
Para este letrado habría que tener previsto una estructura organizativa muy distinta a la que se quiere poner en marcha. De todas formas aun hace falta esperar a que se apruebe en Consejo de Ministros y se publique en el BOE para que se pueda iniciar el proceso y poder presentar a partir del día después. Garoña cree que no hay que inventar nada nuevo sino utilizarse las oficinas de extranjeros reforzándola con personal debidamente preparado y que la Abogacía extranjerista española que cuenta con 28000 profesionales puede contribuir eficazmente con ese trabajo de asesoramiento jurídico y preparación de expedientes a que dicho proceso tenga un éxito razonable.
Este jurista explica que se trata de una regularización que presenta dos vías: Una para los solicitantes de asilo corrigiendo así el error del propio reglamento, que dejó en la irregularidad a estas personas permitiendo que se incorporen; y otra para quienes están en situación de irregularidad sin haber sido solicitantes de asilo.
Cada procedimiento tiene sus propios requisitos aunque comparten que tengan que haber estado en España antes 1 de enero de 2016y que al momento de la solicitud hayan tenido en España cinco meses de permanencia continuada.
Este martes volverán reunirse el presidente González con Elma Sáiz para abordar la citada regularización, la más masiva que se recuerda (Ministerio de Inclusion)
Muchas dudas legales
En su opinión el asesoramiento jurídico es esencial. Hay conceptos como la permanencia continuada que generan dudas entre los solicitantes que necesitan respuestas o la cuestión de los antecedentes penales, como la cancelación de los mismos o para quienes lleven 5 años en España que no necesitarían presentar los de su país, pero que entonces habrá que demostrar que todos esos años aquí.
Desde su punto de vista el procedimiento será largo, con una admisión a trámite para el que se prevé una espera de quince días en ambos tipos de solicitudes para que se puedan inscribir en la Seguridad Social, por tanto, que puedan empezar a trabajar de manera, de manera legal”.
En cuanto al proceso en sí, es decir, el período de admisión de solicitudes, será desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado hasta el 30 de junio, si se mantiene el último borrador que ha circulado. Lo cierto que en dos meses y medios regularizar a 800.000 inmigrantes va a resultar muy complicado. Y si alguien está pensando en herramientas de IA éstas deberán estar en manos de especialistas en extranjería. Y esto no va a ser fácil en este momento.
En la reunión de este martes entre el CGAE y el Ministerio, el presidente González volverá a poner sobre la mesa los 28.000 abogados extranjeritas que hay en nuestro país especializados en la materia. Para Manuel Felipe Garoña, uno de ellos y conocedor de la práctica, sin duda es un buen activo pero la cantidad no resuelve por sí misma el aluvión que se espera que entre en la Administración.
A su juicio, el cuello de botella va a estar una vez que entren las solicitudes en la Administración, y sobre las cuales, eso sí, las que se presenten desde las plataformas profesionales (Abogados, graduados sociales, gestores) tendrán una probabilidad mucho menor de que no se admitan a trámite y contribuyan en consecuencia al retraso si no al colapso que es lo que todos nos tememos. “Otra cosa es que los plazos se prorrogaran más allá del 30 de junio o que se hiciera en dos tramos para tener mayores garantías.
Este jurista recalca que proceso regularización que plantea nuestro Gobierno va en dirección contraria al Pacto Europeo de Migración y Asilo, con tesis distintas, entre las cuales se centran el no permitir regularizaciones masivas y que los inmigrantes que estén de forma irregular en determinados países vuelvan a su lugar de origen Incluso se ha hablado de crear centros de internamiento en las fronteras exteriores en la UE. “En un país como el nuestro lograr la nacionalidad española supone un trámite que no baja del año o año y medio y ello después del tiempo requerido de residencia en España”, afirma.
