Desde el 1 de agosto de 2026 está en vigor la Ley de la Pasarela al RETA, la Ley 2/2026, de 29 de julio, de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con las mutualidades alternativas reguladas en sus disposiciones adicionales 18ª y 19ª.
Maria Jose Almodóvar, Abogada. Portavoz de la Pasarela al RETA
A principios de 2023 los afectados empezamos a organizarnos para buscar una solución a un problema que no tendría nunca que haberse producido. Desde 1995 se han ido sucediendo una serie de modificaciones legales que han dado como resultado que los mutualistas alternativos fuéramos perdiendo derechos mientras los Autónomos adscritos al Sistema Público han visto mejorar los suyos.
Todo esto ha determinado que los dos sistemas de previsión social, el privado y el público, fueran divergiendo sin remedio y sin que dichas modificaciones legales contemplaran una posibilidad real de opción por el sistema público para los mutualistas alternativos, ya que nunca se reguló el reconocimiento de los derechos generados en el sistema alternativo a los efectos de su traslación al público.
Éste ha sido el objetivo de nuestra lucha, el que por primera vez se legisle una correlación entre los derechos reconocidos en un sistema alternativo para que la opción por el sistema público no suponga una renuncia que en la práctica convirtiera dicha opción en una quimera.
La Ley ha sido fruto de la lucha de muchos mutualistas alternativos que durante más de 3 años hemos participado en la misma, cada uno desde su ámbito y posibilidades, con el objetivo claro de que era necesario reparar este error histórico. Para ello ha sido necesario implicar y convencer de la legitimidad de nuestra reivindicación a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Todos recordamos las votaciones definitivas de la Ley, sin votos en contra de ningún partido con representación parlamentaria.
La ley presenta un número de artículos de aplicación directa y otros que necesitan de desarrollo reglamentario. Entre los que se aplican desde el día 1 de agosto de 2026, fecha de entrada en vigor de la Ley, están todos los que regulan la situación de quienes seguimos siendo mutualistas.
Cuestiones claves a considerar
Hay dos cuestiones destacadas en esta materia. Por una parte, la subida de la cuota mínima a cobrar por las mutualidades, actualmente en período transitorio hasta situarse en el 100% de la cuota mínima que correspondería abonar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (no merece la pena detenerse en la opción, totalmente vacía de contenido, de que las mutualidades apliquen la opción de igualar las prestaciones del Sistema Público, ninguna lo hace ni lo hará).
Este igualamiento en las cuotas, como decía, no supone que las mutualidades deban responder con prestaciones equiparables al RETA, por el contrario, seguiremos estando desprotegidos, con las mismas escasas coberturas y, simplemente, con la posibilidad de incrementar algo el capital para jubilación, en función de lo exitosa o no que sea la gestión de las mutualidades y de las decisiones que éstas adopten sobre el reparto de rentabilidades y los gastos y primas de pólizas a aplicar. Todo ello sin garantía alguna. La segunda cuestión relevante para los mutualistas, en este caso para los pensionistas de jubilación, es la entrada en vigor de la posibilidad de que se les reconozca el complemento a mínimos a cargo del Estado.
Esta cuestión no está siendo pacífica por parte de la Seguridad Social, que niega que la expresión: “tendrán los mismos derechos y obligaciones que el ordenamiento jurídico en su conjunto reconozca a los trabajadores por cuenta propia o autónomos y cuya financiación no se encuentre estrictamente vinculada a las cotizaciones a dicho régimen especial”, suponga tal cosa.
Ahí están las enmiendas que introdujeron ese texto en el debate parlamentario, con su justificación, y el Diario de Sesiones donde los parlamentarios que las defendieron inequívocamente identifican la enmienda con la introducción de este derecho. Tendrán que ser posiblemente los tribunales quienes tengan que pronunciarse al respecto.
Desde nuestro punto de vista, no acaba aquí la regulación introducida por la Ley que es de aplicación directa. El Apartado 3 de la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima establece, a quienes accedan a la edad ordinaria de jubilación exigida en el artículo 205.1.a), que se les computará cada mes completo y cotizado a la mutualidad como un mes completo de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tanto de los períodos en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, como los períodos alternativos a quienes tengan 52 años a 31 de diciembre de 2026; todo ello, a los exclusivos efectos del porcentaje a aplicar a la base reguladora a que se refiere el artículo 210.1.
Es importante tener esta circunstancia en cuenta para quienes, en tanto no se aprueba el Reglamento, puedan haber generado el derecho a la jubilación en la Seguridad Social. Seguro que tampoco será pacífico, será la literalidad de la Ley no impide reclamar este reconocimiento.
Tres meses de plazo
La Ley fija un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para que reglamentariamente se establezcan: “los términos y condiciones que deban concurrir para solicitar la transferencia de derechos económicos acumulados mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de esta disposición transitoria, y para la conversión de dichos derechos a períodos cotizados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos”.
Ésta es precisamente la piedra angular que permitirá revertir el error histórico al que me refería al inicio de este artículo y que ha sido la base de nuestra reivindicación. Pues bien, transcurrido sobradamente el plazo legal para la aprobación del Reglamento de desarrollo, ni siquiera se ha iniciado la tramitación formal del mismo. Nos consta que existe un borrador redactado por el Ministerio y que, según las noticias que nos llegan, se trataría de un texto que introduciría evidentes recortes respecto de la propia regulación legal, en su interpretación conforme a la tramitación parlamentaria.
Recordemos la cantidad de enmiendas que han ido dando forma al texto final, desde una propuesta inicial del Gobierno infinitamente más cicatera con nuestros derechos. Parece que la idea del Ministerio pasa por recuperar recortes superados por la voluntad del Legislativo.
En medio de todo esto, el 5 de octubre de 2026, el Presidente del Gobierno anunció la convocatoria de elecciones generales y la disolución del Parlamento. En este ambiente preelectoral y ante la sucesión de noticias de toda índole que apartan el foco político de nuestra situación, es necesario exigir al Gobierno que cumpla con el mandato legal que le vincula.
No sólo exigimos que desarrolle la Ley de manera inmediata, superado ya el plazo establecido en la misma, sino que además lo haga conforme al mandato del Congreso, sin recurrir a interpretaciones torticeras de lo que es la voluntad del Legislador, que se contiene en la justificación de las Enmiendas que finalmente han dado forma definitiva a la Ley.
Desde la Plataforma Pasarela al RETA no vamos a bajar los brazos, como no lo hemos hecho nunca. Entendemos que el Gobierno, incluso en funciones, está habilitado para aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley. La superación del plazo legal para el desarrollo reglamentario determina la urgencia, unida al interés general derivado de la situación de emergencia social en la que estamos los mutualistas alternativos.
Los mutualistas nos encontramos en una situación de déficit en nuestra protección social incompatible con el mandato constitucional recogido en el artículo 50 y especialmente en el 41 de la Constitución Española. Es urgente que los poderes públicos garanticen, también para los mutualistas alternativos, un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
Esa fue en su momento la razón por la que el Secretario de Estado de Seguridad Social entendió que había que abordar esta modificación de la Ley General de la Seguridad Social y es también la razón última que justifican la urgencia y el interés general en la aprobación de un Reglamento sin recortes antes de la finalización de esta legislatura.