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Una denuncia por maltrato animal puede desembocar en un procedimiento penal, pero no toda conducta inadecuada con un animal constituye necesariamente un delito, ni basta una acusación para que exista responsabilidad penal. Determinar qué hechos se han producido, qué pruebas los respaldan y si concurren los requisitos exigidos por la ley resulta fundamental. Así lo analiza Víctor Ávila Martínez, abogado penalista, en su blog, donde desgrana las penas previstas en el Código Penal, los elementos que debe acreditar la acusación y las principales estrategias de defensa ante este tipo de procedimientos.

Desde la reforma introducida por la Ley Orgánica 3/2023, el maltrato animal cuenta con un título específico en el Código Penal, que comprende los artículos 340 bis a 340 quinquies. La normativa amplió la protección penal de los animales y contempla diferentes conductas, desde las lesiones que requieren tratamiento veterinario hasta la muerte del animal, el maltrato grave y el abandono en determinadas circunstancias.

Ávila explica que no cualquier trato inadecuado constituye un delito, puesto que existen conductas que pueden quedar en el ámbito administrativo o civil, dependiendo de su naturaleza y gravedad. La diferencia entre una infracción administrativa y un ilícito penal es uno de los aspectos esenciales que deben analizarse antes de afrontar una acusación.

Qué penas contempla el Código Penal

El artículo 340 bis establece distintas penas en función del daño causado, del tipo de animal y de las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Cuando se causan lesiones que requieren tratamiento veterinario a animales domésticos, amansados, domesticados o que viven bajo control humano, la pena puede ser de prisión de tres a dieciocho meses o multa de seis a doce meses, además de la inhabilitación especial de uno a tres años para ejercer actividades relacionadas con animales y para su tenencia.

Si el resultado es la muerte del animal, las penas pueden elevarse a prisión de doce a veinticuatro meses, acompañadas de inhabilitación de dos a cuatro años. También existen supuestos de maltrato grave sin lesiones que pueden castigarse con multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

El abogado destaca, además, la existencia de circunstancias agravantes, como el ensañamiento, el uso de instrumentos peligrosos, la actuación con ánimo de lucro, la comisión de los hechos en presencia de menores o la utilización del animal para coaccionar o intimidar a una pareja o expareja.

La acusación debe demostrar que hubo una conducta dolosa

Uno de los aspectos centrales que aborda Víctor Ávila es la necesidad de acreditar el dolo, es decir, que la conducta se realizó de forma voluntaria en los términos exigidos por el tipo penal. El Código Penal no contempla, en estos delitos, una modalidad general de maltrato animal por imprudencia.

El autor señala que «un descuido, una negligencia o un manejo torpe sin intención de dañar no son delito de maltrato animal», aunque puedan dar lugar a otras responsabilidades. En este sentido, la acusación debe demostrar los elementos que configuran el delito, sin que la mera existencia de una lesión permita concluir automáticamente que hubo una actuación penalmente relevante.

También resulta determinante acreditar quién causó el daño, qué ocurrió realmente y si la lesión requirió tratamiento veterinario. Un informe clínico, los testimonios, las fotografías o los vídeos pueden resultar decisivos para reconstruir los hechos.

Los informes veterinarios y las pruebas, fundamentales para la defensa

El artículo destaca el papel de los informes veterinarios y de las periciales independientes a la hora de cuestionar las conclusiones de la acusación. Estos documentos permiten examinar el origen de las lesiones, su gravedad, la necesidad de tratamiento y si existen otras explicaciones compatibles con el estado del animal.

Asimismo, la documentación sanitaria, las facturas, las vacunas, el microchip y las fotografías pueden contribuir a acreditar los cuidados que recibe el animal. En casos de denuncias vecinales, también puede ser relevante analizar el contexto del conflicto y la credibilidad de los testimonios.

Qué hacer si te citan como investigado

Ante una citación judicial, el abogado recomienda conservar toda la documentación, evitar borrar mensajes o imágenes y no realizar publicaciones sobre el procedimiento. También aconseja no declarar sin asistencia letrada y conocer los derechos que corresponden a cualquier persona investigada.

La posibilidad de adoptar medidas cautelares sobre el animal, incluida la modificación provisional de su cuidado o titularidad, también está contemplada legalmente.

En definitiva, el análisis de Víctor Ávila Martínez pone el foco en la importancia de diferenciar las conductas penalmente sancionables de aquellas que no reúnen los requisitos del delito y en la necesidad de preparar la defensa sobre la base de pruebas, informes técnicos y una valoración individualizada de cada caso.

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