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La tecnología permite conocer la ubicación de una persona con dispositivos cada vez más pequeños y fáciles de ocultar. Sin embargo, utilizar estos mecanismos para controlar los movimientos de la pareja sin su consentimiento puede tener consecuencias legales. Colocar un AirTag escondido en un vehículo para vigilar dónde va alguien podría llegar a constituir un delito de acoso, si concurren los requisitos establecidos por la legislación penal. Así lo explica SIMÓ Abogados Penalistas en su blog, donde analiza las implicaciones jurídicas del uso de localizadores para controlar a una pareja o expareja.

Los AirTag, dispositivos diseñados por Apple para localizar objetos personales, funcionan mediante Bluetooth y la red de dispositivos cercanos, que permiten transmitir una ubicación aproximada. Su reducido tamaño facilita esconderlos en bolsos, mochilas o vehículos. Aunque su finalidad legítima es ayudar a encontrar pertenencias extraviadas, su utilización para vigilar a una persona sin que esta lo sepa puede cruzar la frontera de la legalidad.

El despacho advierte de que «vigilar los movimientos de tu pareja sin su consentimiento puede tener consecuencias penales». Las sospechas de infidelidad, los celos o la desconfianza no constituyen una justificación para controlar los desplazamientos de otra persona. Mantener una relación sentimental, convivir o estar casados tampoco supone renunciar al derecho a la intimidad y a la libertad individual.

El delito de acoso: cuándo puede intervenir el Código Penal

Una de las principales figuras jurídicas que puede entrar en juego es el delito de acoso o stalking, recogido en el artículo 172 ter del Código Penal. Esta norma contempla determinadas conductas de vigilancia, persecución o contacto insistentes y reiteradas que se realizan sin autorización y que alteran el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

El artículo de SIMÓ Abogados Penalistas plantea un supuesto ilustrativo: una persona coloca un AirTag oculto en el coche de su pareja y comienza a comprobar regularmente sus desplazamientos, conociendo dónde trabaja, qué lugares frecuenta o cuándo regresa a casa. Si posteriormente utiliza esa información para recriminarle sus movimientos, interrogarla o ejercer un control persistente, la conducta podría adquirir relevancia penal.

El despacho subraya que «no es necesario seguir físicamente a una persona para que pueda existir una conducta de vigilancia penalmente relevante». La tecnología puede facilitar un seguimiento que, aunque no implique perseguir a la víctima por la calle, llegue a afectar a su libertad y a sus hábitos cotidianos.

No obstante, la colocación de un localizador no supone automáticamente la comisión de un delito de acoso. Para que exista responsabilidad penal deben acreditarse los elementos que exige el tipo penal, entre ellos la reiteración de la conducta y la alteración de la vida cotidiana de la persona afectada, atendiendo a las circunstancias concretas.

¿Qué penas pueden imponerse por utilizar un AirTag para vigilar?

El artículo 172 ter del Código Penal establece, con carácter general, penas de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses para las conductas que reúnen los requisitos del delito de acoso.

Sin embargo, cuando la víctima es o ha sido cónyuge o una persona vinculada al autor por una relación análoga de afectividad, incluso sin convivencia, puede aplicarse el supuesto específico previsto en el propio artículo, que contempla prisión de uno a dos años o trabajos en beneficio de la comunidad de 60 a 120 días.

SIMÓ Abogados recuerda que el encaje penal dependerá de los hechos probados y de las circunstancias de cada caso, por lo que no toda utilización de un dispositivo de geolocalización desemboca necesariamente en una condena.

Qué hacer si descubres un AirTag oculto en tu vehículo

Si una persona encuentra un localizador que no ha instalado en su coche y sospecha que alguien está vigilando sus movimientos, conservar las pruebas puede resultar fundamental. Fotografiar el lugar donde estaba escondido, guardar las alertas recibidas y documentar posibles episodios de seguimiento son medidas que pueden ayudar en una eventual investigación.

También puede ser conveniente acudir a las autoridades y solicitar asesoramiento jurídico. La existencia de un dispositivo, por sí sola, no demuestra quién lo colocó ni acredita automáticamente un delito, pero puede constituir un elemento relevante para esclarecer los hechos.

El análisis de SIMÓ Abogados Penalistas pone de relieve que los avances tecnológicos no eliminan los límites legales del control sobre otras personas. Los celos o el deseo de comprobar una sospecha no justifican una vigilancia ilegítima y, cuando esta se convierte en una conducta persistente que afecta a la libertad de la víctima, puede tener consecuencias penales.

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