Las víctimas de estafas bancarias cuentan con una protección jurídica cada vez mayor frente a las entidades financieras. La jurisprudencia europea ha reforzado la obligación de los bancos de devolver el dinero sustraído mediante operaciones no autorizadas, incluso cuando consideran que el usuario pudo actuar de forma negligente. La responsabilidad de demostrar que la operación fue correcta recae principalmente sobre la entidad financiera, que no puede trasladar automáticamente las consecuencias del fraude a sus clientes. Así lo analiza José Vicente Morant Gregori, de Navas & Cusí Abogados, en su blog, donde examina los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la protección de los consumidores afectados por fraudes digitales.
La digitalización de los servicios financieros ha transformado por completo la relación entre los usuarios y sus bancos. Las operaciones que antes se realizaban presencialmente en las oficinas se llevan a cabo ahora mediante aplicaciones móviles, páginas web y sistemas de autenticación digital. Esta evolución ha facilitado las gestiones cotidianas, pero también ha incrementado los riesgos de sufrir ataques informáticos y estafas.
Entre las prácticas más habituales se encuentra el phishing bancario, una técnica mediante la que los delincuentes suplantan la identidad de una entidad financiera para conseguir las claves de acceso de sus clientes. Una vez obtenida esa información, pueden entrar en sus cuentas y realizar transferencias sin autorización.
Según los datos recogidos por Morant Gregori, en 2025 se presentaron 30.970 reclamaciones por fraude bancario ante el Banco de España, casi un 50 % más que el año anterior. Estas cifras reflejan la dimensión de un problema que afecta a consumidores de diferentes edades y perfiles.
El banco no puede responsabilizar automáticamente al cliente
Uno de los principales problemas aparece cuando la víctima comunica el fraude a su entidad financiera y solicita recuperar el dinero. En muchas ocasiones, el banco rechaza la reclamación alegando que el usuario es responsable de custodiar sus claves y que, por tanto, debe asumir las consecuencias de su utilización fraudulenta.
Sin embargo, el artículo explica que esta interpretación ha sido cuestionada por los tribunales. En particular, la Sentencia 571/2025, de 9 de abril, del Tribunal Supremo establece que las entidades de pago tienen una responsabilidad especialmente exigente ante las operaciones no autorizadas.
El despacho destaca que «corresponde al proveedor de servicios de pago» acreditar que la operación fue correctamente autenticada, registrada y contabilizada, así como demostrar que no existieron fallos técnicos ni deficiencias en el servicio.
Esto significa que no basta con que el banco demuestre que se utilizaron las claves correctas para considerar que el cliente autorizó una transferencia. La entidad debe aportar pruebas suficientes sobre la correcta ejecución de la operación.
El TJUE refuerza la obligación de devolver el dinero
La protección del consumidor se ha visto reforzada especialmente por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de octubre de 2026, correspondiente al asunto C-70/25, Tucowiecka.
Según explica José Vicente Morant Gregori, esta resolución confirma que la entidad financiera debe reembolsar inmediatamente el importe de las operaciones fraudulentas cuando el cliente comunica que no las ha autorizado.
El TJUE establece una excepción muy concreta: que el propio usuario haya participado en un intento de fraude contra el banco, simulando haber sido víctima de un delito. Fuera de ese supuesto, la entidad no puede utilizar una supuesta negligencia grave del consumidor como justificación para retener el dinero.
El abogado subraya que «la entidad no puede negarse a la devolución inmediata» alegando simplemente que considera que el cliente actuó de manera negligente. Si entiende que existe responsabilidad del usuario, deberá acudir posteriormente a los tribunales para reclamarla.
Qué hacer si has sido víctima de una estafa bancaria
El artículo recuerda que es fundamental comunicar el fraude al banco tan pronto como se detecte. La normativa establece un plazo máximo de 13 meses desde la fecha del adeudo no autorizado, aunque actuar inmediatamente puede facilitar la reclamación.
También recomienda conservar toda la documentación relacionada con el incidente: denuncia policial, extractos bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos, registros de llamadas y comunicaciones mantenidas con la entidad financiera.
Si el banco rechaza devolver el dinero, el consumidor puede presentar una reclamación ante el Banco de España o acudir a los tribunales para exigir el reembolso.
En definitiva, el análisis de Navas & Cusí pone de manifiesto que las entidades financieras no pueden desentenderse de los fraudes digitales trasladando toda la responsabilidad a sus clientes. La jurisprudencia europea refuerza la protección de los consumidores y establece que recuperar el dinero sustraído debe ser la regla general cuando se producen operaciones bancarias no autorizadas.
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