- La titular de Trabajo fue una de las ponentes del VI Congreso del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que se ha venido celebrando en Huesca con la asistencia de 125 profesionales vinculados del derecho del trabajo
Cuestiones como la inviolabilidad del domicilio; la jornada continua, la ley de transparencia salarial o el control de jornada horaria y como aborda la inspección de trabajo estos retos se debatieron en el VI Congreso del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), sindicato mayoritario del sector, que reunió durante dos días en el Palacio de Congresos de Huesca a 125 profesionales del Derecho del Trabajo, entre ellos 105 inspectoras e inspectores de toda España,
La intervención de la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de trabajo, Yolanda Díaz no pasó desapercibida. Fue uno de sus momentos claves. Diaz que abrió la segunda jornada de este Congreso, destaco que la Inspección de Trabajo ha transformado 923.349 contratos temporales en indefinidos desde 2020. Las actuaciones de la Inspección permitieron regularizar a 148.311 falsos autónomos su recuperar 286 millones de euros en salarios.
Explico que se han convertido en indefinidos ordinarios 262.000 contratos fijos discontinuos cuyo uso era irregular y destacó las actuaciones contra las vulneraciones de la normativa sobre el trabajo a tiempo parcial.
En su intervención, Díaz comentó la evolución de la Inspección: 1.140 inspectores e inspectoras y 1.379 subinspectores y subinspectoras, con un aumento de plantilla del 25 % que la sitúa por encima de los 2.500 efectivos, «la mayor dotación de la historia».
Añadió 200 nuevas plazas de personal técnico y administrativo, 50 becas de 12.000 euros para quienes quieran opositar sin recursos económicos y un presupuesto que supera los 220 millones de euros. Con la modificación de la RPT, la Inspección cuenta con 51 unidades especializadas y con una unidad de lucha contra el fraude en cada provincia.
Yolanda Díaz reconoció, en esa relación amor/odio con la inspección de trabajo en los últimos años, con huelga general incluida en diciembre y enero del 2022 y 2023 , ante un colectivo que ha reivindicado mejoras de medios y condiciones laborales, y no siempre fue escuchado por ella, que gracias a la reivindicación constante del colectivo se habían conseguido ciertos avances.
“Les pido que reivindiquen mucho. Sin luchar y sin reivindicar no se avanza. Probablemente yo no hubiera conseguido incrementar la plantilla ni el presupuesto de la Inspección si ustedes no se hubieran movilizado”, volvió a insistir ante un auditórium que escuchaba con atención sus palabras.
En otro momento de su exposición subrayó el papel de la Inspección en el Estado social y democrático de Derecho como garante de la seguridad jurídica en materia laboral y del principio de legalidad, desde el carácter tuitivo del Derecho del Trabajo. «Tenemos una de las mejores inspecciones del mundo», señaló, y concluyó: «Desde 1906 hasta hoy, ustedes son la garantía del principio de legalidad».
Ana Ercoreca ha explicado al auditórium la situación precaria del colectivo de inspectores
Necesitamos más medios
La intervención de Díaz tuvo el precedente destacado en la jornada inaugural por parte de Ana Ercoreca de la Cruz, presidenta del sindicato y de FEDECA , quien recordó que habían elegido como lema del Congreso «La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante los renovados desafíos jurídicos y sociales». Y lo hemos hecho con plena conciencia de que vivimos un momento decisivo para nuestra profesión.
En su exposición recordó que “la Inspección no solo sanciona: informa, asesora, previene y corrige. Su sola presencia tiene un efecto disuasorio que beneficia a todo el tejido productivo. Cuando la Inspección funciona bien, gana toda la sociedad: ganan las personas trabajadoras, ganan las empresas que cumplen y gana el sistema público que sostiene nuestro Estado del bienestar. Un trabajo de calidad es también la base de una economía más productiva y de una sociedad más cohesionada”.
“Detrás de cada contrato fraudulento que se transforma en indefinido, de cada salario que se regulariza, de cada hora extraordinaria que aflora y se abona, de cada brecha salarial que se corrige y de cada riesgo laboral que se elimina antes de que cause un accidente, hay personas que recuperan sus derechos”, resaltó
Ercoreca de la Cruz dejó claro que “reforzarla Inspección de Trabajo y Seguridad Social no es una opción: es una necesidad.” Así indicó que se necesitaban más inspectoras e inspectores, y también más subinspectores y personal de apoyo, para que ningún territorio, ningún sector y ninguna persona trabajadora queden fuera de nuestro alcance.
Junto a ello reclamó medios materiales y tecnológicos modernos: acceso ágil a la información, herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial al servicio de la investigación del fraude, y una formación especializada y continua que nos permita comprender los nuevos modelos de negocio.
Al mismo tiempo reclamó “mejores condiciones para quienes desempeñamos esta función: una carrera profesional atractiva, unas retribuciones acordes con la responsabilidad y la complejidad de nuestro trabajo, y medidas eficaces de protección para que podamos actuar con seguridad, también cuando nuestra labor nos expone a situaciones de riesgo. Una Inspección que no consigue retener el talento ni proteger a sus profesionales difícilmente podrá proteger a los demás.
“ Necesitamos seguridad jurídica, porque una actuación eficaz exige reglas claras sobre nuestras facultades y sus límites. Y necesitamos que se respete y se refuerce nuestra independencia, como exige el Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a garantizar a los inspectores una situación jurídica y unas condiciones de servicio que les hagan independientes de cualquier influencia exterior indebida”, apostilló
Ana Ercoreca de la Cruz recordó que defender al colectivo es sobre todo, “defender un servicio público esencial para la ciudadanía. Invertir en la Inspección no es un gasto: es una inversión que vuelve a la sociedad en forma de cotizaciones recuperadas, empleo aflorado y vidas protegidas”
De izda a derecha la catedrática Yolanda Cano y la magistrada del Constitucional, Maria Luis Segoviano, moderados por Jesús Prieto, inspector de trabajo (Imágenes del Sindicato de Inspectores de trabajo)
Ministerio cautivo de Hacienda
Por su parte, Jesús Prieto, inspector de trabajo y también portavoz sindical. reconocía a este periodista la situación crítica que atraviesa el colectivo ante el incremento de exigencias regulatorias y la escasez estructural de medios. A pesar de contar con la presencia y el respaldo institucional de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como de la directora general del organismo, Prieto ha subrayado que las buenas intenciones del Ministerio de Trabajo resultan insuficientes para resolver el problema de fondo.
Según explicó el representante sindical, el diálogo con la cartera de Trabajo es cercano y fluido, pero el departamento carece de capacidad de respuesta real debido al bloqueo económico ejercido desde la administración central:
"El problema del Ministerio de Trabajo no es la falta de voluntad ni de cercanía, es la falta de capacidad decisoria. Está totalmente cautivo de Hacienda. Mientras otros ministerios pueden incrementar partidas presupuestarias, a nosotros no se nos permite ningún aumento sustancial."
Frente a una plantilla actual de unos 2.500 efectivos en toda España (entre los que figuran aproximadamente 1.150 inspectores y el resto subinspectores), Prieto descarta la necesidad de duplicar el personal, pero aboga por un refuerzo sustancial e inmediato del 25% y mejorar las condiciones de trabajo. Sobe el incremento de personal comento que se estima necesaria la incorporación de entre 200 y 300 inspectores adicionales, más un refuerzo paralelo de subinspectores (alrededor de 1.000 profesionales más en el conjunto del sistema
Un Congreso de primer nivel
Este VI Congreso de SITSS ha abordado las principales cuestiones de actualidad de las relaciones laborales con destacados ponentes. Tras el acto de inauguración en el que participaron l Presidenta del SITSS, Ana Ercoreca de la Cruz, abrió el congreso en el Palacio de Congresos junto a la Alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la Presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la primera ponencia fue del magistrado del Tribunal Supremo y catedrático Antonio Sempere Navarro pronunció la ponencia inaugural sobre las infracciones del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social en la reciente jurisprudencia.
La mesa «Novedades y cuestiones de actualidad», moderada por el inspector de trabajo Jesús Prieto del SITSS, permitió escuchar a la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano. Segoviano analizó la doctrina constitucional sobre la entrada en el domicilio y recordó que, en la interpretación del artículo 18.2 de la Constitución, la última palabra corresponde siempre al Tribunal Constitucional.
Su exposición se centró en la ponderación de los derechos en juego a la hora de practicar entradas, registros y actuaciones de comprobación, tanto por la Inspección de Trabajo como por otras inspecciones. Con la prudencia propia de su cargo, examinó los pronunciamientos sin entrar a valorar el caso concreto.
Por su parte, la catedrática de la Universidad Rey Juan Carlos Yolanda Cano analizó el nuevo deber empresarial de informar a las personas trabajadoras sobre sus condiciones de trabajo. A su juicio, el Real Decreto 723 incurre en un exceso reglamentario (ultra vires): crear nuevos derechos y obligaciones de este alcance exigía una norma con rango de ley, y la transposición de la directiva europea debió hacerse por esa vía y no mediante un reglamento.
Otro de los temas que se abordó en la jornada del viernes fue la problemática del «Domicilio social y la actuación de la Inspección de Trabajo», moderada por el inspector en excedencia y socio de Garrigues Juan Grangel abordó los efectos de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la entrada de la Inspección cuando coinciden domicilio social y centro de trabajo. En ella participaron el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia Adrián Todolí, el magistrado en excedencia y socio de Broseta Alberto Palomar y la inspectora en excedencia y of counsel de Garrigues Luisa Montesinos
En la mesa sobre Economía sumergida: las nuevas realidades sociales que fue moderada por Adrián Sánchez, Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de Pamplona, contó con las intervenciones de Yolanda Valdeolivas. Catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid y Of Counsel de Laboral de Pérez-Llorca. Laura Hernando, Jefa de Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid
Con posterioridad bajo el titulo Algunos problemas actuales del mercado de trabajo se abrió un debate moderado por María Soledad Serrano Secretaria General del CES y Directora General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 2018 a 2020. En el debate tomaron la palabra Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de FEDEA, Marcos Óscar Martínez, Vicepresidente segundo del Consejo General de Graduados Sociales. Fernando Luján de Frías. Vicesecretario General de Política Sindical de UGT. . Ignasi Beltrán de Heredi Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)y Víctor Rodríguez, Interventor auditor en unidad de Auxilio Judicial y Vicepresidente primero de FEDECA.
