- Desde el CGAE se sigue reclamando una actualización de los baremos conforme al IPC de manera automática todos los años. Y una subida del 50% de todos los baremos para no perder poder adquisitivo.
Desde febrero del 2026 se esperaba esta reforma que no tendrá carácter retroactivo en los baremos del Turno de Oficio que en el llamado Territorio Común, el Ministerio de Justicia ha incrementado en aspectos puntuales, a falta de una subida generalizada de todos los baremos.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de octubre una reforma del Reglamento de Justicia Gratuita que supone un avance para los profesionales de la abogacía. Publicada en el BOE de este jueves, ya está en vigor desde el dia siguiente. Esta mejora es fruto de las reuniones y los trabajos que mantiene la Comisión del Turno de Oficio del CGAE que preside el decano de ica Cartagena, Angel Méndez, a través de distintas reuniones con los propios expertos del Ministerio de Justicia.
Por el momento siguen existiendo muchas actuaciones que no se pagan, como la mayor parte de los recursos y las ejecuciones de sentencia. Para Méndez, en declaraciones a este medio lo ideal sería tener una actualización de los baremos de forma automática vinculada al IPC. En su opinión haría falta una subida de todos los baremos otro 50%, se subió un 8% el pasado año, para mantener el poder adquisitivo que hora se pierde.
Según nos comenta Méndez, estas mejoras cristalizan en que reconoce el pago de la intervención de los profesionales de la abogacía en los MASC, que se compensarán con un 125% de la cuantía del procedimiento para incentivar los acuerdos entre las partes, mientras que, si no se logra, se reconocerá una compensación de 30 euros.
El reglamento incluye también una subida de algunas de las retribuciones en el orden penal que eran urgentes para los profesionales de la abogacía, especialmente en los procedimientos de mayor complejidad, cuya compensación pasa de 389,45 a 600 euros, lo que supone un incremento del 54%.
Asimismo, se actualizan los baremos correspondientes a comparecencias y días de vista y se modifica el sistema de cómputo de determinadas actuaciones, sustituyendo el criterio basado en folios por el número de acontecimientos.
Otra de las novedades es el reconocimiento de los procedimientos en los que concurre la doble condición de acusación y defensa, que se compensarán con el 50% de la cuantía aplicable. El proyecto incorpora, además, nuevas compensaciones en las jurisdicciones mercantil, especialmente en los concursos de microempresas y personas físicas.
Es una subida pero falta mucho más
En declaraciones a este medio, Angel Méndez, con el que ya conversamos el pasado mes de julio, muestra su satisfacción por estas mejoras aunque es consciente que aún hay que seguir reclamando más incrementos en todos los baremos y el pago de todas las actuaciones. “ . Llevábamos esperándolo prácticamente desde febrero o marzo. Con el Ministerio de Justicia ya sabemos que todo lleva su tiempo y todo cuesta mucho, pero lo verdaderamente importante es que por fin ha salido adelante y entra en vigor”
Desde su punto de vista, la novedad más destacada de estos incrementos es la inclusión del pago de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MAS). Hasta ahora no podíamos ni designar profesionales para un MAS porque los abogados no cobraban, y trabajar gratis no es admisible. A partir de la entrada en vigor de la norma, los abogados del territorio común vamos a poder cobrar el trabajo que realicemos en estos procedimientos, tanto si se logra un acuerdo como si no.
En este sentido nos confirma que la idea del Ministerio es que “si se alcanza un acuerdo, se compensa económicamente con un 125 % de lo que correspondería al procedimiento en sí, lo cual incentiva la resolución extrajudicial y ahorra el coste de todo el pleito. En el caso de que se intente pero no se llegue a acuerdo, se abonarán 30 euros, pues la idea de fondo es incentivar y fomentar la cultura del acuerdo entre las partes.
En cuanto al resto de mjoras, este jurista indica que Hay mejoras muy significativas. Por ejemplo, en los procedimientos penales de especial complejidad hay una subida del 54 %, y en los de especial complejidad ante la Audiencia Nacional, del 47 %. El penal general sube un 14 %. Además, en las transacciones judiciales pasamos de retribuir un 75 % a un 125 %.
Al mismo tiempo indica que se regulan situaciones que antes directamente no se pagaban. “Se incluye por primera vez la retribución para los abogados que actúen en concursos de acreedores de personas físicas (tanto con masa como sin masa). También se retribuirá con un 50 % adicional los casos en los que un abogado actúe simultáneamente como defensor y acusador por existir la doble condición de denunciante y denunciado, algo que antes exigía un doble trabajo sin compensación alguna”
Otro elemento que destaca este jurista es que “por último, un cambio sustancial es que se abandona el criterio antiguo de pagar «cada mil folios» para pasar a pagar por acontecimientos procesales (bloques de 250 acontecimientos), que es la realidad del expediente judicial electrónico actual·
En su opinión, la situación de las remuneraciones del Turno de Oficio siguen siendo mejorables, como se indicó en las Jornadas de Salamanca que tuvieron lugar hace algunas semanas y en las que este periodista participó como ponente en una de las mesas redondas. La sensación que existe es que se invierte muy poco en las retribuciones de los abogados, lo que ha generado que en los últimos años 6000 abogados hayan abandonado el servicio-
Urge un esfuerzo inversor mayor
Angel Méndez es consciente de que “quedan bastantes cuestiones pendientes. Seguiremos peleando por el pago de todas las actuaciones que realice un abogado del turno de oficio. Actualmente tenemos problemas, por ejemplo, con las ejecuciones (solo se abona una aunque haya múltiples en un mismo procedimiento) o con la limitación en los recursos de apelación. Asimismo, recursos habituales como los de reforma o reposición siguen sin pagarse”
Para el presidente de la Comisión del Turno de Oficio del CGAE, se sigue trabajando con el Ministerio de justicia para lograr esas mejoras, necesarias para el reconocimiento de esta profesión. “Una reivindicación histórica y prioritaria es fijar una actualización automática de los baremos vinculada a un índice como el IPC para no perder poder adquisitivo año tras año. Sumado a la subida general del 8 % que logramos el año pasado, estas mejoras son pasos positivos, pero necesitamos una reforma estructural.
Al mismo tiempo es consciente de la necesidad de modificar la Ley de Justicia Gratuita que en este 2026 ha cumplido treinta años y hay que actualizarla a los nuevos tiempos. Pese a que el ministro Bolaños hablo de su aprobación inmediata, el adelanto electoral ha evitado su publicación, más que necesaria.
Sobre esta cuestión, nuestro interlocutor lo tiene claro.” No vamos a dejar de reclamar ni con este Gobierno ni con el que venga; seguiremos trabajando a tope hasta el último día. Necesitamos una nueva Ley de Justicia Gratuita, la actualización citada del IPC de los baremos y el pago de todas las actuaciones que los abogados del turno de oficio realizamos. Hay mucho por hacer”.
En esta situación, considera que, al final, los que están financiando este servicio son los abogados con su trabajo, nunca bien remunerado y los propios Colegios de Abogados a nivel de gestión. “Esto es algo que no puede permitirse. No somos un voluntariado, sino un servicio público esencial del Estado de Derecho. La situación del servicio en la llamada España despoblada es aún peor, en muchas ocasiones no hay abogados suficientes del turno de oficio y tienen que desplazarse, por ejemplo, de las capitales de provincia para cubrir los servicios con el incremento del coste para el propio profesional, porque no se paga desplazamiento “.
Sobre la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, nuestro interlocutor revela “queremos tener un anteproyecto de ley de acuerdo con los nuevos tiempos. En esa nueva ley debe existir una actualización automática de baremos de los servicios que la Abogacia de oficio presta y acabar con los desequilibrios territoriales, con unos baremos mínimos comunes”.
“Al final de lo que se trata es de contar con un sistema de retribución auténticamente justo, digno y suficiente para los profesionales, que abone todas las actividades que se hacen”. Ahora mismo hay recursos de apelación que no se pagan, ejecuciones que no se pagan. Hay muchísimos, muchísimos trabajos que no se están pagando”.
