La abogacía ante la extranjería que viene: cinco retos que marcarán la práctica profesional
Emilio Ramírez Matos, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Extranjería
En extranjería, los cambios normativos tardan muy poco en llegar al despacho: un documento que ayer bastaba y hoy genera un requerimiento, un criterio que cambia de una oficina a otra o un plazo de recurso que se acorta son ejemplos de ello. Ejercer en esta materia obliga a estar al día y, cada vez más, a anticiparse.
El II Congreso de Extranjería del ICAM nos ha servido para contrastar lo que vemos en la práctica diaria con quienes gestionan y revisan estos procedimientos. De las mesas salieron cinco asuntos especialmente relevantes para la abogacía: la homogeneidad de criterios, la fase que se abrirá en 2027 tras la regularización extraordinaria, la coordinación entre Administraciones, la aplicación del nuevo marco europeo de migración y asilo y la calidad de las resoluciones.
Las diferencias de criterio entre Oficinas de Extranjería siguen siendo una fuente de inseguridad. Quien presenta un expediente necesita conocer de antemano qué documentación se exige y cómo se interpreta la norma. Las singularidades de cada caso deben valorarse, por supuesto, pero una misma situación jurídica no debería depender del territorio en el que se tramite.
Aquí la interlocución entre Administración y Abogacía resulta especialmente útil. Desde el ICAM defendemos canales estables, ágiles y bidireccionales y creemos que ha llegado el momento de dar un impulso real a los instrumentos de colaboración ya existentes.
La regularización extraordinaria nos sitúa ya ante la siguiente fase. Las autorizaciones concedidas tienen una vigencia de un año y en 2027 empezarán a llegar las primeras solicitudes de modificación y, cuando proceda, de prórroga. Durante el Congreso, Pilar González Puente, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, estimó que las oficinas podrían afrontar «un millón o más de renovaciones» y explicó que ya se trabaja en automatizar y simplificar procesos.
La cifra da una idea de la carga que puede venir. Hay cuestiones interpretativas que necesitan aclararse antes de que los expedientes lleguen masivamente a las oficinas. También habrá que dimensionar recursos y preparar procedimientos capaces de absorber ese volumen. La experiencia de este año aconseja llegar antes que el atasco.
El problema burocrático
La fragmentación administrativa constituye otra dificultad cotidiana. Un mismo asunto puede implicar a Extranjería, Policía, Seguridad Social, consulados, servicios públicos de empleo o Registro Civil. Cuando esos organismos no comparten bien la información, el ciudadano y su abogado terminan haciendo de enlace entre Administraciones.
Lo vemos con especial claridad en las citas para la toma de huellas. La resolución favorable debería conducir de forma natural a documentar a esa persona, pero conseguir cita puede convertirse en una dificultad añadida. Durante el Congreso, la Administración explicó que trabaja con Policía y Migraciones para automatizar esa asignación. Es una solución práctica para un problema que conocen perfectamente quienes han acompañado a un cliente hasta ese punto del procedimiento.
Digitalizar sirve cuando simplifica. La automatización puede reducir tiempos, descargar tareas repetitivas y mejorar el intercambio de información. También debe tener en cuenta que hay personas sin certificado electrónico, con dificultades tecnológicas o que necesitan atención presencial. Un sistema eficiente tiene que funcionar para ellas igualmente.
Desde junio se aplica además el nuevo marco europeo de migración y asilo. Algunos procedimientos incorporan plazos mucho más breves y obligan a identificar con rapidez el cauce aplicable, el recurso procedente y la eventual necesidad de solicitar medidas cautelares. Para la abogacía esto significa formación continua y capacidad de reacción. En esta materia, unos días pueden resultar decisivos para el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
También importa cómo se decide. La jurisprudencia reciente analizada durante el Congreso ha vuelto a llamar la atención sobre la necesidad de evitar automatismos en aquellos procedimientos que exigen valorar las circunstancias concretas. Los antecedentes penales, determinadas situaciones familiares o la protección del interés superior del menor plantean supuestos en los que la motivación adquiere una importancia especial.
Para el abogado, una resolución bien motivada permite conocer las razones de la decisión y valorar con precisión una eventual impugnación. Para la Administración, mejora la calidad de la respuesta y facilita también su defensa posterior. La motivación forma parte de la seguridad jurídica.
Todo ello está modificando nuestra manera de ejercer. La abogacía de extranjería necesita rigor técnico, información fiable y capacidad para anticipar las consecuencias de cada decisión. Necesita también sensibilidad. Quienes trabajamos en este ámbito sabemos que detrás de una autorización, una modificación, una solicitud de protección internacional o un expediente de nacionalidad hay una persona que intenta trabajar, vivir con su familia, estudiar o consolidar un proyecto de vida.
Esa dimensión humana aumenta nuestra responsabilidad profesional. Desde el ICAM queremos seguir trasladando a la Administración las incidencias que encuentran los abogados, mantener abiertos los espacios de interlocución y convertir ese diálogo en mejoras concretas. Al mismo tiempo, debemos proporcionar a los colegiados formación e información que les permita trabajar con mayor seguridad en un marco que seguirá cambiando.
El objetivo es bastante concreto: que una persona pueda saber qué se le exige, presentar correctamente su solicitud, recibir una respuesta en un plazo razonable y, cuando esa respuesta sea desfavorable, entender por qué y poder defenderse. Ese sigue siendo nuestro trabajo.