- Los secretarios generales de ambos sindicatos Unai Sordo, por parte de CCOO y Pepe Alvarez representando a UGT contextualizan esta huelga general de 2h en vísperas de elecciones, centrada en las reivindicaciones por la vivienda y la mejora salarial.
Los sindicatos CCOO y UGT exigen una subida del 7% del salario mínimo interprofesional para el 2027, mientras preparan la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Una huelga que este martes han querido justificar convocando a los medios informativos de manera conjunta
Álvarez ha explicado que su propuesta tiene en cuenta el desfase de en torno al 2% entre la subida del 3,1% aplicada al SMI en febrero de este año y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha encargado a la comisión asesora del SMI que haga su propuesta de subida para 2027 antes de este mes o a principios de noviembre, como tiempo máximo.
No obstante, Díaz no especificó si dará tiempo a aprobar esta subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sí ha recalcado que para el 1 de enero las empresas ya deberían conoce cuánto va a subir el salario mínimo en 2027.
. A nivel general, nuestra publicación ya indicó que la iniciativa, que ha generado mucha polémica por realizarse en medios de unas elecciones, ha sido rechazada por los empresarios y cuestionada por sindicatos como CSIF, USO y FETICO
La jornada de paro de 24 horas engloba una serie de reivindicaciones, tal y como señala su lema: ‘Salarios, vivienda, precios’. Al mismo tiempo advierten que habrá que destinar durante al menos una década el equivalente al 1 % del PIB a la construcción de vivienda pública y la movilización de inmuebles vacíos.
Al mismo tiempo Álvarez ha explicado que no se trata de ninguna huelga contra la oposición -como dijo la exvicepresidenta María Jesús Montero- sino, en primer lugar, contra la CEOE, seguido de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno de España. "Este es el orden adecuado", decía a pesar de que el Ejecutivo lleva ocho años gobernando en España y el problema de la vivienda no es nuevo.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que impulsando de esta manera la jornada, se garantiza la máxima cobertura posible a las movilizaciones, también desde los centros de trabajo. “Este es el gran objetivo del 11 de noviembre: impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de millones de personas trabajadoras”, recalcó en rueda de prensa junto a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Sordo recalcó que existe un bloqueo en la negociación colectiva y que otro de los grandes retos vinculados a la jornada de huelga está vinculado con la recuperación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. “Llegados a este punto, el salario mínimo tiene que subir al menos ese 7%, que lo eleve por encima de los 1.300 euros en 14 pagas y más de 1.500, en 12 pagas”, aseveró.
Tras la caída de los reales decretos de vivienda y el fallecimiento de Maricarmen, Unai Sordo ha resaltado que la conversación pública ha cambiado en España, para exigir medidas valientes al conjunto de administraciones públicas.
La movilización quiere aglutinar todo el descontento social que ha estallado tras el desahucio y fallecimiento de Maricarmen, y también cuestiones estrictamente laborales como una subida de salarios para intentar paliar la inflación que no para de crecer en los últimos años.
Falta política salarial clara
Aunque en España hay “más gente trabajando que nunca”, no existe “política salarial capaz de afrontar la barbaridad que supone subir el precio de la vivienda un 12% en términos interanuales", ha reivindicado Sordo. Es por eso que desde CCOO se propone dedicar el 1% del PIB anual de España a vivienda pública, al menos, durante la próxima década. “Es absolutamente determinante”, recalcó.
Sordo señaló que es necesario modificar la Ley de Vivienda, para evitar que las comunidades autónomas estén bloqueando la medida “por puro dogmatismo ideológico”.
“No puede ser que lo más rentable en España sea invertir en una vivienda inflacionando un bien que es a la vez una necesidad básica para la ciudadanía española. Hay que tomar medidas que eviten este incremento absolutamente desbocado de los precios”, destacó el secretario general.
Las reivindicaciones salariales no se limitarán al SMI. Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha defendido incrementos de entre el 4 % y el 7 % en la negociación colectiva, con mayores subidas en los sectores peor remunerados. Ambos dirigentes han criticado también la negativa de la CEOE a sentarse a negociar un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, unas conversaciones que, según Álvarez, llevan más de un año paralizadas.
El secretario general de UGT ha señalado a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno central como administraciones responsables de actuar en materia de vivienda, aunque ha puesto el acento en las primeras por sus competencias. La huelga tendrá una duración de 24 horas y estará acompañada de movilizaciones y debates en los centros de trabajo.
El 1 % del PIB para vivienda pública
En materia de vivienda, las centrales sindicales reclaman la creación de un parque público permanente, un fondo para facilitar el acceso a alquileres asequibles, la limitación de los precios y mayores restricciones a los pisos turísticos.
Sordo ha concretado algunas de estas propuestas, como destinar durante al menos una década el equivalente al 1 % del PIB a la construcción de vivienda pública y la movilización de inmuebles vacíos. También ha defendido un gran programa público de alquileres asequibles que garantice a los propietarios el cobro de las rentas y permita a los inquilinos acceder a una vivienda sin destinar más del 30 % de sus ingresos.
El dirigente de CCOO ha pedido además eliminar los pisos turísticos en las zonas tensionadas, impedir los desahucios sin alternativa habitacional y modificar la legislación para permitir que los ayuntamientos o el Gobierno central intervengan cuando las comunidades autónomas no apliquen determinadas medidas.
En este sentido hay una postura común entre las organizaciones sindicales sobre vivienda. . La política de vivienda de UGT y CCOO se centra en combatir la especulación inmobiliaria, ampliar el parque público de alquiler y vincular el acceso a una vivienda digna con las mejoras salariales y laborales.
Entre las propuestas que consensuen hay que destacar, Límite al esfuerzo económico: Exigen que ningún hogar destine más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda.
Parque público de vivienda: Reclaman la creación de un parque público y asequible de entre 1,5 y 2 millones de viviendas en un plazo de diez años (destinando inicialmente el 0,3% del PIB anual a políticas de vivienda).
Regulación del mercado: Apoyan la regulación de los alquileres (incluidos los temporales y por habitaciones) para que la función social de la vivienda prevalezca sobre su uso como activo financiero.
•Vivienda turística: Proponen limitar o prohibir el uso turístico de viviendas en zonas tensionadas para evitar la expulsión de vecinos de los barrios.
