VERI*FACTU, cuando el diálogo institucional da resultados: La seguridad jurídica y el Estado de Derecho
Bernardo Bande García-Romeu - Presidente AEDAF
La seguridad jurídica es uno de los fundamentos esenciales de cualquier Estado de Derecho, sin la que no puede existir confianza en las instituciones, estabilidad en las relaciones económicas ni un sistema tributario justo y previsible.
En el ámbito fiscal, la complejidad normativa, las continuas modificaciones legislativas y los cambios de criterios interpretativos generan una incertidumbre que va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones tributarias. La falta de seguridad jurídica tiene consecuencias directas sobre la economía: condiciona la inversión, el desarrollo de proyectos empresariales y la creación de empleo. Cuando los operadores económicos no pueden anticipar razonablemente las consecuencias fiscales de sus decisiones, pueden terminar trasladando sus inversiones y proyectos empresariales a otros territorios o países que les ofrezcan mayor seguridad jurídica, con el consiguiente perjuicio para nuestra economía.
Desde AEDAF llevamos años defendiendo algo que debería ser evidente. Las normas tributarias tienen que estar bien elaboradas, ser claras y resultar comprensibles para quienes deben cumplirlas. No resulta razonable exigir a ciudadanos y empresas el cumplimiento de obligaciones tributarias bajo la amenaza de sanciones cuando las propias normas son difíciles de entender o dan lugar a interpretaciones contradictorias.
La seguridad jurídica no es una concesión de la Administración al contribuyente. Es una garantía constitucional que todos los poderes públicos tienen la obligación de respetar y hacer efectiva.
VERI*FACTU, un ejemplo de colaboración institucional
La reciente decisión de aplazar la implantación de VERI*FACTU hasta octubre de 2028, coordinando su calendario con el de la factura electrónica, demuestra lo que puede conseguirse cuando las instituciones escuchan las propuestas de los expertos. Valoramos muy positivamente que la Administración tributaria y algunos grupos parlamentarios se hayan interesado por el contenido de nuestras propuestas y las hayan tenido en cuenta. Escuchar a los expertos y a la sociedad civil no debilita a las instituciones. Las fortalece y les permite adoptar decisiones más acertadas.
Lo conseguido va más allá del aplazamiento de una obligación concreta. Demuestra que el conocimiento técnico y la experiencia práctica pueden traducirse en mejoras reales para ciudadanos y empresas. En nuestra propuesta no nos oponíamos en ningún caso a la digitalización, si no que defendemos aprovechar sus oportunidades mediante una planificación coherente y alineada con el marco europeo, que evite duplicidades y costes innecesarios. No nos parece razonable obligar a las empresas a adaptar sus sistemas de facturación para afrontar nuevas inversiones y modificaciones poco después. Coordinar las obligaciones reduce gastos y esfuerzos organizativos.
La decisión anunciada recoge el planteamiento esencial que AEDAF venía defendiendo desde el pasado mes de junio, cuando presentamos, a grupos parlamentarios y medios de comunicación, una hoja de ruta elaborada por nuestro Grupo de Expertos en Impuestos Indirectos que proponía coordinar VERI*FACTU, la factura electrónica, el Suministro Inmediato de Información y las futuras obligaciones derivadas de la directiva europea ViDA.
Una conflictividad tributaria que debemos reducir
El ejemplo de VERI*FACTU demuestra que el diálogo permite anticipar problemas y encontrar soluciones. Y esa misma voluntad de colaboración resulta fundamental para afrontar otros muchos problemas de nuestro sistema tributario, entre ellos su extraordinaria e insoportable conflictividad.
Las discrepancias interpretativas generan numerosos conflictos que obligan a los contribuyentes a recorrer sucesivas vías de revisión administrativa y judicial. A ello se añaden la acumulación de procedimientos y, en muchas ocasiones, la insuficiencia de medios de los órganos encargados de resolverlos. El resultado es difícilmente aceptable, con procedimientos que pueden prolongarse durante más de diez años: ¿Puede una justicia que llega tan tarde seguir considerándose una justicia efectiva?
Durante esos años, el contribuyente soporta incertidumbre económica, costes de defensa y garantías financieras que pueden comprometer gravemente su actividad e incluso la continuidad de una empresa. Pero, además de ese perjuicio económico, existe otro daño, muchas veces invisible, que genera un desgaste personal y unas pérdidas que, en ocasiones, resultan irreversibles.
Y, si además tenemos en cuenta que un número muy significativo de estos procedimientos termina dando la razón al contribuyente, la situación resulta todavía más difícil de aceptar.
En AEDAF creemos que reducir esta conflictividad debe ser una prioridad. Necesitamos criterios interpretativos uniformes, consultas vinculantes útiles y mecanismos para prevenir controversias o resolverlas antes de acudir a los tribunales. Cuando el litigio sea inevitable, debe garantizarse una resolución definitiva en un plazo razonable.
Los problemas estructurales de nuestro sistema tributario y la excesiva duración de los procedimientos no pueden recaer sobre las espaldas de los contribuyentes. Por ello, creemos que nuestro ordenamiento jurídico debería avanzar hacia el reconocimiento del derecho de los contribuyentes a una verdadera tutela judicial tempestiva en el ámbito tributario, que garantice una resolución definitiva en un plazo máximo razonable y establezca consecuencias jurídicas efectivas cuando este se supere.
Diálogo institucional e independencia en la defensa de los contribuyentes
El resultado de VERI*FACTU confirma la importancia de consolidar cauces de diálogo con la Administración tributaria y los grupos parlamentarios para anticipar dificultades antes de aprobar las normas y resolver las discrepancias antes de que se conviertan en conflictos. Los asesores fiscales conocemos de primera mano las dificultades de ciudadanos y empresas en sus relaciones con la Administración. Nuestra experiencia práctica permite detectar problemas que no siempre resultan evidentes para quienes elaboran o aplican las normas.
El conocimiento técnico de la Administración y la experiencia de los profesionales tributarios deben complementarse para mejorar las normas y evitar conflictos innecesarios. Esta voluntad de entendimiento es compatible con la actividad de litigación que desarrollamos ante los tribunales cuando, tras intentar encontrar soluciones mediante el diálogo, consideramos que determinadas normas o actuaciones administrativas vulneran esos derechos y garantías.
Desde AEDAF apostamos decididamente por el diálogo y la colaboración institucional, pero defendemos con plena independencia los derechos y garantías de los contribuyentes. La colaboración institucional y la defensa firme de los contribuyentes no son caminos opuestos, sino dos formas de cumplir una misma responsabilidad.
En AEDAF seguiremos trabajando con rigor técnico, independencia y voluntad de colaboración, convencidos de que un sistema tributario más justo y eficiente solo puede construirse mediante el diálogo entre las instituciones y quienes contribuimos cada día a su funcionamiento