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En los Estados miembros de la Unión Europea, las garantías financieras gozan de un régimen notablemente privilegiado en cuanto a su constitución, ejecución y resistencia al concurso (vid. Directiva 2002/47 y su transposición en España mediante el Real Decreto-Ley 5/2005, Arts. 5º-17º). Su justificación reside en la necesidad de mejorar la seguridad jurídica de estos mecanismos de gestión del riesgo y garantizar la estabilidad del sistema financiero (vid. cdo. V de la Directiva). No obstante, y al margen de la decisión de política legislativa, el principal defecto que se le achaca a esta regulación es su oscuridad conceptual. Bastantes de los términos que se utilizan son ajenos al lenguaje legislativo continental, lo que provoca considerables dudas interpretativas. Afortunadamente, en la reciente sentencia de 10 de noviembre (C-156/15), el TJUE ha aclarado, por primera vez, algunas de ellas.


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