- Dos de los cinco magistrados pidieron su absolución al considerar que el ponente del fallo judicial había manipulado los hechos probados en perjuicio del propio Acayro
Salvados’ entrevistó este domingo en laSexta al exmagistrado Luis Acayro Sánchez, inhabilitado durante diez años por una polémica sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo tras una trayectoria marcada por su lucha contra la corrupción urbanística en Castro Urdiales (Cantabria).
En una entrevista en exclusiva con Gonzo, Acayro rompió su silencio para contar cómo pasó de investigar decenas de casos de corrupción a ser apartado de la carrera judicial.
El caso del juez Luis Acayro Sánchez es la historia de un desengaño. La vida de un hombre que creía en la Justicia y que ha visto como el Tribunal Supremo ha confirmado hace pocos días su inhabilitación y que ha perdido su condición de juez.
Acayro luchó contra la corrupción urbanística en los años del pelotazo y logró decenas de imputaciones. Fueron unas causas que le dieron renombre, pero también le generaron enemigos fuera y dentro de la profesión.
En esta entrevista que puede volver a verse aquí, Acayro recuerda cómo llegó a Castro Urdiales (Cantabria) en 2007 como juez de instrucción. Las numerosas causas de corrupción urbanística que instruyó fueron un primer punto de inflexión en su carrera.
Por un lado llegó la notoriedad pero por otro empezó, según él, su persecución. Acayro desgrana el hostigamiento mediático, las presiones sutiles y las constantes denuncias que padeció por parte de los investigados mientras instruía las causas.
Su choque con López del Moral
Acayro encontró en otro magistrado, José Luis López del Moral, a su gran némesis. Su relación venía de años atrás. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (presidido por López del Moral) condenó al entonces juez a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación por revelación de secretos. En 2016, el Tribunal Supremo anuló aquella sentencia y lo absolvió. "El Supremo revocó la sentencia de manera dura y contundente", cuenta Acayro.
El enfrentamiento entre ambos volvió a cobrar relevancia en 2020. Tras dejar atrás el infierno que le supuso su estancia en la población de Castro Urdiales y haberse marchado a Santander, se presentó a una plaza para el TSJC, que entonces, seguía dirigido por López del Moral. El otro juez fue quien obtuvo de nuevo el puesto y Acayro recurrió el nombramiento ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Meses después, se admitió a trámite una nueva querella contra el magistrado, que acabaría con otra condena y el posible fin de su carrera. Acayro recuerda con sorpresa que la queja relacionada con esta segunda causa ya había sido examinada por el CGPJ. "Esa misma queja la había archivado un año antes", señala.
También pone el foco en quién intervino en el procedimiento: "Era la misma persona con la que yo estaba compitiendo la plaza". Ahí fue, asegura, cuando empezó a visualizar que le iban a llevar a juicio y que le iban a condenar.
El programa también ha tratado de conocer la versión de López del Moral, pero ha declinado participar en este reportaje.
Esa querella sirvió para que el TSJC con López del Moral al frente, le condenase por prevaricación a 5 años de inhabilitación. Una inhabilitación que la sala Penal del Supremo aumentó a 10 años tras el recurso del propio Aacayro, al considerar que solicitó información en perjuicio de un abogado sobre los contratos menores que mantenía con un ayuntamiento. Se convertía el error en prevaricación dolosa ante la sorpresa de muchos juristas.
Fueron según nos dicen cerca de cinco horas que se redujeron a una conversación de casi una hora entre Gonzo y el propio Acayro. También intervino el Catedrático de Derecho Constitucional, Joaquín Urias y el sargento de la guardia civil retirado, José Ramón Lopez
Voto particular contundente
La sentencia fracturó al Supremo porque el voto particular de los magistrados Antonio del Moral y Leopoldo Puente según ha comentado nuestro medio en informaciones anteriores, hacia una petición de absolución: Ambos magistrados discrepan de la decisión mayoritaria (aprobada por 3 votos a 2) y abogan por estimar el recurso de la defensa y absolver al magistrado.
Al mismo tiempo argumentan que los hechos probados de la sentencia inicial no demuestran que el juez tuviera "conciencia de la injusticia" (elemento indispensable para el delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal), sino que, en todo caso, se trataría de un error y no de una desviación consciente de la ley.
En el voto particular se habla de apreciación fáctica: Sostienen que la mayoría de la Sala realizó una alteración de los hechos probados sin un apoyo concluyente, agravando la situación en casación sin la debida audiencia al interesado
Este voto particular sirvió como base para que la defensa del juez Acayro planteara un incidente de nulidad (desestimado por el Supremo), un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que despachó la Sala en cuatro líneas y, posteriormente, el anuncio de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que se formalizó hace unos días.
Un juez honesto
Gonzo habló también con José Ramón Pérez, sargento retirado de la Guardia Civil que lideró la investigación policial de las causas contra la corrupción urbanística en Castro Urdiales. Pérez relata las presiones de aquellos días y recuerda que Acayro fue de los pocos jueces que le pidió investigar "hasta el fondo, hasta donde llegasen las pruebas".
El programa amplía el foco y pone contexto a la historia con el testimonio de Joaquín Urías, Catedrático de Derecho Constitucional. El jurista habla sobre la politización de la cúpula judicial, el corporativismo del sistema y la impunidad del Tribunal Supremo, un órgano que, al no tener a nadie por encima, advierte que a veces actúa con "soberbia".
Urías se pregunta si hay una doble vara de medir en el sistema español: mientras magistrados que incomodan al sistema son condenados y apartados de la carrera, otros cometen graves excesos y se mantienen en sus cargos sin ninguna consecuencia disciplinaria. Y repite una pregunta “¿quién controla al controlador?”
Urías también considera relevante la existencia de los votos particulares. A su juicio, demuestran que la decisión del Supremo no era inevitable y que podía haberse adoptado otra solución jurídica. "La queja del juez Acayro tiene una base constitucional, incluso en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, muy poderosa, que es la base de decir: 'Usted tiene que demostrar mi mala intención'. Luego, lo primero que vemos en este asunto es que al haber dos votos particulares, primera consecuencia: lo que ha hecho el Tribunal Supremo no era de cajón, sino que sin romper la ley y sin ser un loco, se podía haber hecho otra cosa", reflexiona el catedrático en el programa de laSexta.
Luis Acayro busca en el deporte, como es la natación, una forma de relajarse y afronntar un futuro complicado IMÁGENES ATRESMEDIA Reportale luis acaryo
Camino a Europa
En la actualidad, el caso del juez Luis Acayro, condenado a diez años de inhabilitación por solicitar documentación a un ayuntamiento —un trámite rutinario que realizan diariamente miles de ciudadanos—, se encuentra ya en manos de la justicia europea.
Tras recibir el rechazo del Tribunal Constitucional de entrar a valorar el fondo del asunto, la defensa y su entorno jurídico confían en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) enmiende una resolución calificada por juristas de alto nivel como un profundo despropósito.
Durante su intervención pública, Acayro denunció la indefensión sufrida tras ser acusado en base a elementos documentales ajenos a la causa, un extremo que ha recabado el respaldo y la solidaridad de numerosos compañeros de la carrera judicial, fiscal y de las fuerzas de seguridad.
Luis Acayro Sánchez reconoció ante las preguntas de Gonzo en Salvados que cree que "no haber mirado para otro lado en Castro Urdiales" fue el origen de los problemas que terminaron apartándolo de la carrera judicial. El exmagistrado reflexionó en el programa del laSexta sobre el coste personal y profesional de aquellos años y reconoce que, conociendo ahora las consecuencias, quizá no se habría atrevido a ordenar aquellas pesquisas.
Acayro reconoce que, con el paso del tiempo, considera que quizá habría sido "más prudente" no enfrentarse a determinados intereses. La reflexión se vuelve especialmente dura cuando Gonzo le pregunta qué no volvería a hacer de la misma manera. "Honestamente, no sé si me hubiese atrevido a ordenar la investigación", admite. "Si yo sé que tiene el coste tan alto que ha tenido, no sé si me hubiese atrevido", insiste.
La condena también ha tenido consecuencias directas en su situación económica y laboral. Acayro explica que los antecedentes penales le impiden colegiarse como abogado y que, tras casi cuatro años entre la suspensión de empleo y sueldo y la tramitación de los recursos, no ha podido trabajar.
"Solamente he estado estudiando y haciendo deporte", cuenta. Ahora, asegura, intenta enfocar su vida, aunque no puede continuar ejerciendo la profesión a la que se ha dedicado desde los 18 años.
El exmagistrado explica además que no cobra el paro. Durante la suspensión recibió una prestación condicionada al resultado del recurso, cuya devolución puede ser exigida si la impugnación no prospera. De hecho, el Estado le reclama más de 100.000 euros por este concepto, una cantidad que tiene recurrida.
