En las IX Jornadas de Justicia Gratuita que han tenido lugar en Salamanca, Abogacia Institucional, asociaciones de abogados y letrados del Turno han debatido sobre la viabilidad de un servicio que pasa por uno de sus peores momentos.
El CGAE denunciaba desde Salamanca del "riesgo inminente de quiebra" del sistema de justicia gratuita debido a la progresiva reducción de profesionales adscritos al turno de oficio, una situación que atribuye principalmente al aumento de actuaciones que, según denuncian, no reciben una remuneración adecuada.
La advertencia la realizaba Salvador González ,presidente de la entiad, que acompañado por Angel Méndez, presidente de la Subcomisión del Turno de Oficio, presentaba las conclusiones del IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, celebradas en Salamanca y organizadas por dicha institución, dónde también se presentó el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, .
Este encuentro contó con la ponencia inaugural de Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Supremo, quien en su intervención resaltó que «sin abogacía no hay justicia». El magistrado recordó la tradición española, recogida por Calamandrei, que sitúa a jueces y abogados a la misma altura, y defendió que la abogacía de oficio no es una institución menor ni subsidiaria. En su opinión, el turno de oficio constituye el mecanismo que impide que los derechos dependan de la capacidad económica de quien los invoca, y su debilitamiento afecta directamente al Estado de derecho.
Sin embargo, según las conclusiones del encuentro celebrado en Salamanca, resulta imprescindible reforzar la financiación, dignificar la profesión y avanzar en una reforma legislativa , de una Ley de Justicia Gratuita con treinta años a sus espaldas, la actual norma, que permita garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial para el acceso a la justicia.
El estudio refleja que las solicitudes de asistencia jurídica gratuita alcanzaron en 2025 las 1.155.311, un 1,7 % más que el año anterior, consolidando la tendencia al alza de los últimos ejercicios. Sin embargo, mientras el número total de abogados en España aumentó ligeramente, pasando de 148.867 a 149.515 profesionales, el colectivo adscrito al turno de oficio continuó reduciéndose.
En concreto, durante 2025 se contabilizaron 38.871 abogados inscritos en el turno de oficio, frente a los 39.941 de 2024 y los 45.275 registrados en 2020, lo que supone un descenso acumulado del 14,1 % en cinco años. Los abogados se están dando de baja ante la falta de alicientes y de remuneraciones justas ante una actividad que se ofrece las 24h de los 365 días del año a las personas más vulnerables de la sociedad.
“La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial. Por ello, y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, la Abogacía lleva años reclamando en primer lugar la subida de los baremos y el pago de todas las actuaciones”, destacaba Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.
Mesa de asociaciones del Turno de Oficio donde se reclamaron mas derechos y se volvió a abrir el debate sobre la relación jurídica entre los abogados y las administraciones
Financiación insuficiente
La inversión global en justicia gratuita aumentó en 2025 un 3,2%, hasta superar los 355 millones de euros. Este aumento se debe al incremento de las solicitudes y que algunas comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, subieron sus baremos de retribución a lo largo del año aunque aún hay servicios que no se abonan a los propios abogados del Turno de Oficio.
La comunidad autónoma que más invirtió en este servicio fue de nuevo Cataluña (48,4 millones), seguida de Madrid (42 millones), Valencia (36 millones) y Andalucía (30 millones). Los mayores crecimientos se encuentran en Aragón, con un 17,8%, seguida de La Rioja, con un 12,3%; Ceuta con 11,7 % y Asturias, con 8,5%.
Según se discutió en las distintas mesas redondas de estas Jornadas de Salamanca, La inversión y retribución del turno de oficio es ampliamente considerada como muy mejorable y problemática por los profesionales del sector. Los principales frentes donde el sistema falla y necesita reformas urgentes son:
Baremos de pago insuficientes: La retribución por actuación suele estar muy por debajo de los precios de mercado, llegando a ser considerada casi simbólica en algunos procedimientos, y no siempre cubre los gastos operativos del despacho.
Retrasos en los cobros: Históricamente ha existido un desfase temporal entre la prestación del servicio y el abono efectivo de los honorarios por parte de las administraciones competentes. Gastos de infraestructura no cubiertos: Los profesionales deben costear sus propios medios (desplazamientos, procuradores, tecnología), y los incrementos (como la subida del 8% lograda por el CGAE) son considerados insuficientes frente a la realidad de la justicia digital.
Falta de actualización: Muchos Colegios de Abogados (como el ICAM) reclaman que los baremos se adapten obligatoriamente a las nuevas exigencias tecnológicas y procesales
Necesidad de una nueva Ley
En este contexto, el CGAE y sus 83 Colegios de Abogados asociaciones del Turno de Oficio y los propios letrados que ofrecen este servicio, fijan sus ojos en la próxima Ley de Justicia Gratuita que Bolaños anunció recientemente, su próxima tramitación para actualizar la norma actual que data de 1996.
De este proyecto de ley poco se sabe aunque la intervención de Pilar Calatrava, fiscal y asesora de Justicia, en estas jornadas, sirvió para aclarar que el Ministerio trabaja en ese texto. Que plantea reducir de tres a un año de colegiación los requisitos para estar en el Turno y a buscar unos baremos mínimos de retribución del servicio en todo el país, vista la dispersión existente. Lo que llama poderosamente la atención es que a estas alturas de la legislatura ni el CGAE ni otros implicados en la reforma no conocen el borrador de la futura ley.
Tanto para González, como Méndez, urge aprobare esa nueva ley que establezca una normativa mínima de compensación económica para evitar desigualdades territoriales en la prestación del servicio y garantizar una financiación suficiente.
Desde las asociaciones del turno de oficio presentes en una mesa moderada por este periodista, se señala la necesidad de mejorar las condiciones del servicio, porque la sensación generalizada en que estos profesionales tiene bastantes obligaciones y pocos derechos. Sin embargo, el gran debate que divide a estos profesionales es el de aclarar la relación juridicade estos abogados con las administraciones, para los que una parte tendría un carácter de relación laboral especial.
Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, durante la presentación del Observatorio ha destacado “el importante trabajo de los profesionales de la abogacía y su compromiso diario con la defensa de los derechos de la ciudadanía y el acceso efectivo a la Justicia””. Por tanto, ha reclamado una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de sus condiciones laborales y retributivas.
Antonio del Moral, magistrado del Supremo, en su intervención inicial de estas jornadas, subrayó el papel clave de la abogacia del Turno de Oficio FOTOS CGAE
Reforma del IPREM urgente
En la actualidad, para acceder a la justicia gratuita y solicitar un abogado de oficio en España, debes justificar la falta de recursos económicos cumpliendo unos umbrales de ingresos anuales según tu unidad familiar.
Además, existen casos especiales donde se concede este derecho independientemente de tu situación económica.
El límite de ingresos se calcula en función de la unidad familiar (IPREM) y el número de integrantes.
Los ingresos brutos anuales máximos son: Persona no integrada en unidad familiar: hasta 2 veces el IPREM (~16.800/año). Unidad familiar de hasta 3 miembros: hasta 2,5 veces el IPREM (~21.000/año) .Unidad familiar de 4 o más miembros: hasta 3 veces el IPREM (~25.200/año).
Excepcionalmente, la Comisión de Asistencia Jurídica puede otorgar el derecho si superas estos límites, pero los ingresos no rebasan el quíntuple del IPREM (~42.000/año) y concurren circunstancias especiales de salud, discapacidad o cargas familiares.
Hace algo más de un año, el ICAM presentaba una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la grave exclusión de millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Esta situación se debe a la falta de actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sigue siendo el criterio principal para acceder a este derecho, a pesar del notable incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años.
“Desde la reforma de 2013, el IPREM sustituyó al SMI como referencia para determinar quién tiene derecho a justicia gratuita. Sin embargo, mientras que el SMI ha aumentado en un 61% desde 2018, el IPREM solo ha crecido un 11,5%. Esta diferencia ha generado situaciones absurdas e injustas, en las que una persona sin familia que cobra el SMI puede acceder al beneficio, pero una pareja con hijos, en la que ambos progenitores perciben el salario mínimo, queda automáticamente excluida”, explicaba Juan Manuel Mayllo, Diputado responsable de Justicia del ICAM y encargado de presentar la queja, asistente también a estas jornadas de Salamanca.
Y añadía en aquel momento que “estamos ante una clara injusticia que afecta a miles de familias. No tiene sentido que el propio aumento del SMI, que debería mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, acabe dejándolas sin acceso a la justicia gratuita. La ley no puede seguir ignorando esta realidad». Un proceso judicial básico en España puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, lo que supone una barrera inasumible para quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas
Con independencia de su nivel de ingresos, otros colectivos también pueden acceder: víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos en los procedimientos relacionados con su condición de víctimas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social cuando actúan en defensa de sus derechos laborales, además de menores de edad y personas con discapacidad intelectual o psíquica que hayan sido víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
En este contexto el actual modelo de Turno de Oficio reclama de un nuevo marco legislativo y de más financiación. “La fortaleza de una democracia se mide por cómo protege a los más vulnerables. Esa protección la garantizan cada día los abogados y abogadas del Turno de Oficio. Si queremos preservar nuestro Estado de derecho, ha llegado el momento de pasar del reconocimiento a la acción. En este desafío, España no puede permitirse fallar”, ha destacado el presidente del CGAE en Salamanca.
