- Durante la jornada celebrada en el ICAB de Barcelona se han realizado dos debates; uno con asociaciones y sindicatos del turno de oficio, y otro con fuerzas políticas. En ellos se ha analizado que hay desigualdades territoriales y falta de financiación y retrasos en los pagos, y la necesidad de reconocimiento y protección de los abogados.
Debate de altura en el ICAB de Barcelona, donde la Abogacía Institucional ha organizado un nuevo debate sobre el turno de oficio y el futuro de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una norma que pocos conocen fuera del Ministerio de justicia, que aun no ha pasado el borrador a sus interlocutores de la Abogacia.
Junto con el problema de la Pasarela al Reta ya en Comisión y el del cálculo de los honorarios de los pleitos si se pierde, una dura pugna con la CNMC, las mejoras del Turno de Oficio, se convierte en otra de las prioridades tanto del CGAE como de los 83 Colegios de Abogados de nuestro país.
El CGAE reclamaba este miércoles , en el cuarto encuentro sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, una reforma urgente de una norma que, tras 30 años de vigor, está obsoleta. La jornada, que se ha celebrado en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, cierra un ciclo de cuatro sesiones. Curiosamente pese a la aprobación en noviembre del 2024 de la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa, donde se habla de criterios de honorarios y del Turno de Oficio, poco se ha logrado aun
“El sistema está al borde del colapso, y todas las alertas están encendidas. Los recursos son insuficientes, no se pagan los servicios prestados, los baremos son insuficientes y faltan garantías de actualizaciones periódicas de las retribuciones”, ha señalado durante su intervención Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía.
Además, ha recalcado que las brechas territoriales son incomprensibles, y ha recordado que en el día a día los abogados y abogadas del turno de oficio reciben amenazas y agresiones simplemente por hacer su trabajo. “Nuestros profesionales deben recibir del Estado y de sus administraciones el trato justo y digno que merecen y que, ahora mismo, no tienen”, ha concretado.
En su intervención, la vicepresidenta primera del Consejo General de la Abogacía y decana de la abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, ha reclamado la necesidad de que la abogacía cuente con un borrador de la futura Ley de Justicia Gratuita.
Vallejo ha afirmado que la nueva Ley de Justicia Gratuita debe reconocer la figura de la abogacía, de manera que sean retribuidas todas las actuaciones realizadas y estas se equiparen a lo que se perciben en Europa. Desde el Colegio de Barcelona también se considera esencial eliminar la barrera de acceso al turno de oficio para poder combatir el problema estructural de este servicio y facilitar la incorporación de los jóvenes, los cuales deben haber hecho una formación específica para poder estar adscritos al turno de oficio.
El Foro se ha llevado a cabo en diferentes sesiones desde enero y ha permitido recoger una visión amplia del sistema. En primer lugar, se escuchó a los colegios de la abogacía para conocer el día a día de los abogados del turno de oficio, posteriormente, a las asociaciones; y en una tercera jornada, a las fuerzas políticas.
Finalmente, se ha incorporado la perspectiva territorial, clave en un modelo gestionado por el Ministerio y 12 administraciones autonómicas.
Un acuerdo con Justicia insuficiente
Hay que recordar que hace unos días el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, abordaron los detalles de la reforma durante una reunión en el Ministerio, como primer paso para una subida global de los baremos del Turno de Oficio, como la que se hizo en marzo del 2025 del 8%
En aquel momento se incrementó en un 8% en las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia para el año 2025, tras no haberse actualizado desde 2018, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo que aún no se ha recuperado en estos años. Esta subida, consensuada con el CGAE fue de carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
Para el presidente dl CGAE, es un avance pero hay que seguir trabajando “para que aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la abogacía española. Prioridades como el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas, entre otras cuestiones”, ha destacado.
En el encuentro, el ministro Bolaños también ha manifestado su compromiso de aprobar en los primeros meses de 2026 una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas y potenciar el trabajo de los profesionales que garantizan el acceso efectivo a la justicia. Un texto que nadie conoce y que desde el CGAE y las asociaciones del turno de oficio piden conocerlo para hacer sus aportaciones.
Por su parte, Angel Méndez, Presidente de la Comisión de Asistencia. Jurídica Gratuita y Función Social del CGAE y decano del ICA Cartagena señalaba en aquella ocasión que “hay que seguir trabajando para esa subida general de todos los baremos y que se paguen todas las actuaciones que realizan los abogados del Turno de Oficio. También nos preocupa la nueva Ley de Justicia Gratuita. De momento no nos han dado traslado del anteproyecto”
Para Méndez, “queremos ser parte muy activa de la ley. Nosotros hemos tenido distintas reuniones con el Ministerio y ya conocen nuestras peticiones. Habrá que ver si realmente se aprueba en los primeros meses del 2026 como ha dicho el ministro Bolaños porque es muy necesaria. Hay que actualizar la ley que es de 1996. Debe visibilizar el trabajo de los profesionales del Turno de Oficio”.
En su opinión, es necesaria la actualización automática de esos baremos conforme al IPC o a cualquier otro índice nacional. Más que uniformizar baremos en todo el territorio que será complejo, se trata de establecer unos mínimos en cuanto a la retribución, para que a partir de ahí tanto en territorio Ministerio como CCAA, mejoren lo que estimen conveniente. Que haya ese baremo mínimo en todo el territorio nacional. Hay que actualizar el IPREM en relación al SMI, para evitar que muchos beneficiarios se queden fuera de la justicia gratuita. Al no haber Presupuestos Generales es un problema porque no se actualiza”
Debates de asociaciones y partidos políticos
El primer debate, que tuvo lugar en el ICAB este miércoles, el de las asociaciones, ha contado con la inauguración del presidente de Abogacía Española, Salvador González; Cristina Vallejo, vicepresidenta 1ª de la Abogacía Española y decana del Colegio de Barcelona; Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de la Abogacía y decano del Colegio de Cartagena; y Filomena Peláez, presidenta de la Comisión Especial de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En el debate han participado representantes de Plataforma, el sindicato Venia y Altodo Cataluña.
Por la tarde, en el debate de fuerzas políticas han intervenido Aitor Cubo, director general de transformación digital de la Administración de Justicia; Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Alfonso Gómez, viceconsejero de Justicia del Gobierno del País Vasco; María Jesús Moro, coordinadora de Justicia del Partido Popular y portavoz del grupo parlamentario en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados; Maite Arenaza, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra; y Judith Monje, directora de la Gerència de Barcelona ciudad y L’Hospitalet (departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya). El debate ha sido inaugurado por el presidente y la vicepresidenta de Abogacía Española.
Durante la jornada, el CGAE ha insistido en que la nueva ley no puede demorarse más y en que el colectivo debe desempeñar un papel protagonista en la elaboración de la nueva norma, al ser la base del sistema que garantiza el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de las personas sin recursos. “El Estado debe saldar una deuda pendiente con este servicio esencial. La nueva ley no puede demorarse más, porque la situación es ya realmente insostenible”, ha subrayado González.
