- León se convierte gracias a ASNALA en la capital del Derecho Laboral durante la celebración de su Congreso Anual con más de 400 profesionales asistentes
La Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) celebró del 22 al 24 de octubre en la capital leonesa la vigésimo sexta edición de su Congreso Nacional, Laborium 2026. Como punto de encuentro de referencia del iuslaboralismo, el evento contó con la participación de más de 400 profesionales que abordaron cuestiones de calado como la normativa de transparencia salarial, la valoración de prueba; los retos de la prevención de riesgos laborales, así como el conocer la última jurisprudencia de la Sala Social del Supremo, entre otros asuntos.
Como colofón, la Asamblea Extraordinaria de ASNALA eligió a la propia abogada Ana Gómez, única candidatura presentada para un cuarto mandato como presidenta de la asociación, como ya nos adelantó en una entrevista que nos concedió. En el acto de clausura Salvador González, presidente del CGAE, Joaquín Merchán presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Leonardo Olivares, presidente del Colegio de Graduados Sociales de León, junto con David Revilla, decano del Colegio de Abogados de León y la propia Gómez subrayaron el papel clave del laboralismo en estos momentos.
En una de las mesas más esperadas dl evento se abordó la transparencia salarial desde distintas perspectivas: desde la visión académica, pasando por el análisis judicial, hasta la mirada empresarial. Para ello, participaron como ponentes Susana Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León; Rafael López Parada, magistrado de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo; y Olimpia del Águila, responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE. Alicia Moro vocal de la Junta Directiva de ASNALA, moderó este debate.
En el debate señalaron que la nueva transparencia salarial suponga un aumento de los conflictos laborales si pretende realmente transformar estas realidades y que se produzcan cambios significativos en la brecha salarial de género existente en la actualidad. Otra cuestión es que “esos conflictos se judicialicen o no en función de la eficacia de la negociación colectiva y de los medios de solución extrajudicial”, reflexionó Rafael López Parada, magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Uno de los cambios más trascendentales que exige la Directiva es una reforma radical de las estructuras retributivas y de los instrumentos para su fijación. Según aclaró el magistrado, “aunque el sistema tradicional de grupos profesionales pueda y deba seguir utilizándose, la Directiva obliga a definir niveles salariales tomando en consideración varios factores básicos para determinar cuándo un trabajo es de igual valor que otro”, precisó el magistrado del Supremo. Estos factores impuestos por la Directiva son las competencias, el esfuerzo, la responsabilidad y las condiciones de trabajo, obligando a los Estados miembros a que establezcan públicamente las metodologías concretas de valoración de los mismos.
En su intervención, Susana Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, también explicó que la nueva directiva exige una información veraz y precisa que parte del montante del salario base y debe incluir todo tipo de detalles como el devengo, la periodicidad o el método del pago. “Toda esta información se tiene que proporcionar desde el inicio de la relación laboral en los plazos que marca la directiva”, concretó la catedrática.
A nivel normativo Olimpia del Águila responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE, apuntó que la transposición requerirá de ajustes en el Real Decreto 902/2023, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, mayores garantías en el Estatuto de los Trabajadores o revisiones de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. También apunto que las empresas españolas ya cuentan con herramientas para avanzar en la igualdad retributiva, como el registro salarial y las auditorías vinculadas a los planes de igualdad.
Los conflictos sobre transparencia retributiva podrían judicializarse. De izda a derecha Susana Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León; Alicia Moro, moderadora y vocal de la Junta Directiva de Asnala, Rafael López Parada, magistrado del Tribunal Supremo; y Olimpia del Águila, responsable de Igualdad y Seguridad Social de CEOE
Orgullo de ser laboralista
El acto oficial de inauguración de Laborium 2026 tuvo lugar el 23 de octubre en el Auditorio Ciudad de León, donde aconteció posteriormente todo el programa científico de la edición. La apertura contó con la intervención de Ana Gómez presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, de Vicente Canuria , teniente alcalde de León, y de Óscar Mario Lobo , secretario general de UGT Castilla y León.
En su turno de palabra la presidenta de ASNALA resaltó el papel de los laboralistas ante una realidad en constante transformación y la importancia de participar en Laborium para enriquecerse del diálogo entre distintas generaciones profesionales. “A veces, es fácil pasarlo por alto debido a la rutina del día a día. Pero hoy quiero que hagamos el esfuerzo de detenernos y pensemos en el verdadero alcance de nuestro trabajo. Porque el Derecho Laboral no se construye para las normas. Se construye para las personas”, aseguró Ana Gómez
A través de sus palabras de bienvenida, la presidenta de ASNALA mandó un mensaje claro a los asistentes: “sentíos orgullosos de ser laboralistas. De lo que representamos, de lo que aportamos a la sociedad y, especialmente, de todo lo que somos capaces de construir cuando estamos juntos”.
La jurisprudencia del Supremo, a examen
La primera sesión formativa de Laborium 2026 fue impartida por Sebastián Moralo magistrado del Tribunal Supremo en un ponencia moderad por José Ramón Fernández, vocal de la junta de ASNALA.
A través de su exposición, se abordaron los principales criterios judiciales que actualmente están en el centro del debate laboralista. Entre las sentencias comentadas, Moralo se detuvo en pronunciamientos como STS 696/2026, 9 de septiembre, rec.137/2025; STS 331/2026, de 27 de marzo, rec. 231/2024 o STS 714/2026, de 15 de septiembre, rcud.2954/2025.
Algunas de las cuestiones que centraron este debate fueron la justificación de la subcontratación y la consideración de cesión ilegal de trabajadores. El magistrado del Tribunal Supremo expuso como ejemplo un caso del Teatro Real de Madrid, que planteaba la legalidad de contratar externamente a los cantantes del coro. En ese fallo, el Supremo deliberó posteriormente que “no quería trabajadores externos para controlarlos como internos, sino que la entidad buscaba una aportación externa con un valor específico para aligerar esa parte de la carga de la actividad”.
La siguiente mesa del programa científico se dedicó a la previsión social como herramienta para la gestión del talento sénior. Marta Pedrero de Aristizabal y Belén Ferrer, experta en soluciones de Previsión Social y directora de Previsión Social de LHH respectivamente, pusieron el foco en la planificación social como elemento clave de los cambios estructurales de las empresas. Juan Manuel Ortiz, vocal de la Junta Directiva de ASNALA, intervino como moderador.
A la hora de afrontar las transiciones profesionales y, en búsqueda de la gestión responsable del talento, las expertas de LHH expusieron medidas que pueden aplicarse en los procesos de despidos colectivos como las salidas mediante rentas o la integración de itinerarios de jubilación en los programas de recolocación para orientar sobre requisitos, fechas e ingresos previstas.
Más de 400 laboralistas se dieron cita para seguir con atención Laborium 2026 y sus distintas mesas redondas
Prueba y proceso: valoración judicial y estrategias de defensa
La jornada de tarde del 22 de octubre estuvo protagonizada por una temática clave en el ejercicio del Derecho Laboral: la valoración judicial de los elementos probatorios y las estrategias que los profesionales pueden desarrollar en la preparación y defensa de sus casos.
Para ello, intervinieron Carla García del Cura, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Ramón Gallo presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; y Sara Villarreal, magistrada de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de León, sección social. Esta mesa, dedicada a la dimensión práctica del procedimiento laboral, también contó con la moderación de Alberto Novoa vocal de la Junta Directiva de ASNALA.
La magistrada Sara Villarreal tomó en primer lugar la palabra para desgranar los errores más frecuentes en la aportación de la prueba: “no se trata de una cuestión de cantidad de pruebas, sino de calidad”. De esta forma, incidió en que no todo tiene que probarse en el proceso, sino más bien en referir a los hechos controvertidos que realmente se dilucidan en el juicio. La magistrada expuso ante el auditorio una serie de preguntas clave que debe hacerse todo laboralista para la aprobación de las pruebas. Entre ellas, qué hechos necesito acreditar, a quién corresponde la carga de la prueba de cada hecho o qué consecuencia jurídica puede tener que un hecho quede o no acreditado.
En su turno de palabra, Carla García del Cura, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, continuó con recomendaciones prácticas haciendo énfasis en la diferenciación entre la prueba en sí misma, los medios de la prueba y la prueba constituida. Sobre la prueba testifical, García del Cura advirtió que “corremos el riesgo de que, o los testigos entren en contradicción, o que digan algo sorpresivo”.
Por su parte, Ramón Gallo , presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, centró su intervención en los aspectos críticos más determinante en los procesos ante la Audiencia Nacional: “lo primero que hay que acreditar son los presupuestos procesales para que la prueba valga para algo”, señaló al tomar la palabra. El presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional también recalcó la fijación de los hechos controvertidos y la trascendencia de que “las conclusiones no sean la réplica ni la dúplica del juicio de mayor cuantía”.
Consulta y conflicto en las empresas
Al día siguiente, la jornada comenzó con la mesa redonda sobre la información, la consulta y el conflicto. Ana Sancho magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y Jesús Mercader, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid y of counsel en Uría Menéndez, analizaron el alcance de los derechos de información y consulta en las empresas, una materia especialmente importante en el asesoramiento empresarial en asuntos de representación de las personas trabajadoras. El debate fue moderado por Jesús Lahera Forteza, vocal de la Junta Directiva de ASNALA.
Ana Sancho magistrada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, señaló que uno de los aspectos que debería cambiar en la regulación es que este sistema descansa sobre el centro de trabajo como unidad electoral. A nivel procesal, por su pare Jesús Mercader coincidió con la magistrada en que “hay que trascender a un modelo que tome como referencia la empresa, es necesario modificar el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, lo que supondrá consecuencias política-sindicales significativas”.
Sobre las últimas reformas, el catedrático valoró que no han ido en esta línea, sino en la ampliación de las competencias de los representantes de los trabajadores con respecto a la gestión algorítmica.
Debate sobre la valoración de la prueba y su preparación. De izda a derecha Carla Garcia, Alberto Novoa, moderador, miembro Junta de ASNALA, Ramón Gallo, presidente de la AN sala social y la magistrada Sara Villareal de León
Los límites a la libertad de expresión de los trabajadores:
Raquel Vicente magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y Carlos Galán , presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, profundizaron en la delimitación del ejercicio de la libertad de expresión en relación a las obligaciones que rigen las Relaciones Laborales. Valentín García, vicepresidente de ASNALA, participó como moderador.
A través de la exposición de Raquel Vicente, se profundizaron en destacadas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de otros tribunales como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dictaminaron cómo determinadas expresiones y conductas que, aisladamente, podrían no ser constitutivas de nada, “en el marco de la construcción de la relación laboral, cambian las reglas del juego”.
Carlos Galán, presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, compartió otros pronunciamientos sobre la relación entre la libertad de expresión y la libertad sindical. Acerca de la solución más habitual ante este tipo de situaciones, el despido, el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reflexionó sobre si la nulidad de la prueba debería determinar la nulidad del despido: “actualmente, no está perfilado, ya que el propio Tribunal Supremo ha venido a decir que la nulidad de la prueba no implica necesariamente la nulidad del despido”.
La última sesión científica de Laborium 2026 abordó uno de los fenómenos que más interrogantes plantea en el presente y futuro del ámbito laboral: la IA como nueva causa de reorganización laboral y su impacto en el empleo. En este debate, intervinieron Henar Álvarez , catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León, y Fermín Gallego profesor titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. Los avances son indudables y es necesario una mejor regulación de la IA a nivel laboral.
