Desde la introducción en el ordenamiento jurídico español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, sobre todo, desde la reforma del Código Penal (CP) operada por la Ley Orgánica (LO) nº 1/2015 el apartado 5, punto 4º, del artículo 31 bis del Código Penal (CP) que impone como uno de los requisitos de los modelos de organización y gestión que deben contar las personas jurídicas,

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