Las empresas familiares afrontan un escenario fiscal en transformación. Aunque se mantienen los principales incentivos destinados a facilitar la continuidad de estos negocios y su transmisión entre generaciones, los cambios jurisprudenciales y las nuevas normas autonómicas están modificando la forma de acceder a ellos. En 2026, el Tribunal Supremo ha introducido criterios más flexibles para determinadas sociedades integradas en grupos empresariales, mientras que las administraciones mantienen la atención sobre el cumplimiento efectivo de los requisitos. Así lo analiza Nuria Zorrilla Díez, abogada y socia fundadora de Raich & Via, en una guía publicada en el área fiscal del despacho.
El régimen de empresa familiar se apoya principalmente en tres ventajas: la exención de las participaciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, la reducción del 95 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el tratamiento favorable en el IRPF de determinadas transmisiones lucrativas. Estos beneficios están conectados, pero no funcionan de manera automática. Para aplicarlos es necesario cumplir condiciones relativas a la participación en la sociedad, el ejercicio de funciones directivas, la remuneración y la actividad económica desarrollada.
Zorrilla recuerda que «el régimen de empresa familiar exige una revisión continuada». La comprobación no se realiza siempre en el mismo momento: la exención en Patrimonio debe verificarse en cada devengo, mientras que las reducciones del ISD exigen cumplir los requisitos en la fecha de la transmisión y respetar después los compromisos de mantenimiento correspondientes.
El Supremo flexibiliza los requisitos para sociedades de un grupo
Uno de los cambios más relevantes de 2026 procede de dos sentencias del Tribunal Supremo, de 17 y 19 de febrero. Ambas abordan el requisito de disponer de una persona empleada a jornada completa para considerar que una sociedad dedicada al arrendamiento de inmuebles desarrolla una actividad económica.
Hasta ahora, una interpretación estricta podía exigir que ese trabajador estuviera contratado directamente por cada sociedad arrendadora. El Supremo admite que, cuando la entidad forma parte de un grupo empresarial y existe una verdadera unidad económico-funcional, los medios personales y materiales puedan valorarse conjuntamente.
La doctrina abre la puerta a que determinadas sociedades arrendadoras utilicen recursos centralizados en otras entidades del grupo para acreditar la actividad económica. Sin embargo, no basta con pertenecer formalmente a una estructura societaria común: debe demostrarse que existe una integración real y que los medios compartidos se utilizan efectivamente en la actividad.
La consecuencia es importante para las empresas familiares con estructuras de holding o varias sociedades inmobiliarias. La interpretación resulta menos formalista, pero obliga a acreditar con documentación la organización conjunta y la conexión entre las entidades.
Los requisitos deben mantenerse y demostrarse cada año
La guía de Raich & Via advierte de que buena parte de los problemas fiscales no surge por grandes cambios en la estructura empresarial, sino por circunstancias ordinarias que pueden pasar inadvertidas. Entre ellas destaca el requisito de que la remuneración por funciones de dirección supere el 50 % de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas computables.
También debe acreditarse que las funciones directivas se ejercen realmente. Figurar como administrador no es suficiente si no existe una participación efectiva en la gestión. La acumulación de tesorería y la presencia de activos no afectos a la actividad constituyen otros aspectos que pueden reducir proporcionalmente la exención.
La composición del grupo familiar también merece atención. La entrada de nuevos socios, un divorcio o una sucesión intermedia pueden modificar los porcentajes de participación conjunta exigidos por la normativa.
Por eso, la autora subraya que «la carga de acreditarlo recae con más claridad sobre el contribuyente». La contabilidad, los contratos, las actas societarias, las nóminas y los movimientos financieros deben ofrecer una imagen coherente con la actividad real.
Donar o heredar: una decisión que exige comparar impuestos
Otro aspecto central es la planificación de la transmisión generacional. La donación en vida puede permitir organizar el relevo empresarial, pero exige condiciones específicas, como que el donante tenga al menos 65 años —o cumpla determinados requisitos de incapacidad— y cese efectivamente en sus funciones directivas y en su remuneración.
La herencia, por su parte, no exige esos requisitos de edad o cese. Además, el tratamiento en el IRPF y el valor de adquisición que recibe el beneficiario son distintos. Por ello, no existe una respuesta universal sobre qué alternativa resulta más ventajosa: deben calcularse las consecuencias en el ISD y en el IRPF, atendiendo también a la normativa autonómica.
En Cataluña, además, la reducción por empresa familiar tiene un plazo general de mantenimiento de cinco años, frente a los diez previstos en la normativa estatal. La aplicación de esta reducción también debe compararse con la bonificación de la cuota, ya que no siempre la primera opción proporciona el resultado más favorable.
Las comunidades autónomas amplían sus diferencias
La competencia normativa autonómica está generando diferencias cada vez más relevantes. La guía destaca la Ley 3/2026 de la Comunidad de Madrid, que establece reducciones propias del 99 % para determinadas transmisiones de empresas, negocios y participaciones, además de ampliar el ámbito de beneficiarios y flexibilizar algunos requisitos.
Estas ventajas no se trasladan automáticamente al IRPF del donante, por lo que cada impuesto debe analizarse por separado. También es esencial determinar qué comunidad autónoma resulta competente, ya que los puntos de conexión varían según se trate de una herencia, una donación de inmuebles o una transmisión de otros bienes.
La conclusión de Raich & Via es que la planificación fiscal no puede dejarse para el momento de la sucesión. La estructura societaria, las funciones directivas, la remuneración y la documentación deben revisarse con antelación. En 2026, el régimen puede resultar más accesible en determinados supuestos, pero conservar sus ventajas depende, cada vez más, de demostrar que la empresa familiar cumple realmente las condiciones exigidas.
VER POST
