No todo incumplimiento de un contrato ni toda pérdida económica constituye una estafa. Para que exista este delito debe probarse que hubo un engaño previo, suficiente para provocar un error y conseguir que otra persona realice un acto que perjudique su patrimonio. La diferencia entre un conflicto civil y una infracción penal puede resultar decisiva tanto para quien denuncia como para quien se enfrenta a una acusación. Así lo analiza Jorge Agüero Lafora, socio director de Fukuro Legal, en su blog.
El delito de estafa se encuentra regulado en el Código Penal y exige que concurran varios elementos. No basta con demostrar que alguien ha perdido dinero: la acusación debe acreditar la existencia de un engaño bastante, el error provocado en la víctima, un acto de disposición patrimonial, un perjuicio económico y el ánimo de lucro de quien actúa. Además, debe existir una relación causal entre todos esos elementos.
Uno de los aspectos fundamentales es el momento en que aparece la intención de incumplir. Si una persona celebra un contrato con la voluntad inicial de no cumplirlo y utiliza esa apariencia para obtener un pago o un bien, puede existir estafa. En cambio, si el propósito de incumplir surge después, por dificultades económicas u otras circunstancias sobrevenidas, el conflicto puede quedar en el ámbito civil.
En este sentido, Agüero destaca que «el engaño debe además ser anterior al desplazamiento patrimonial». Esta distinción resulta especialmente importante en operaciones comerciales, inversiones o acuerdos entre particulares, donde un resultado fallido no demuestra por sí solo que existiera una conducta delictiva desde el principio.
Las penas dependen de la modalidad y de las circunstancias
La gravedad de la estafa y la pena aplicable dependen de la cuantía defraudada y de las circunstancias recogidas en la ley. El tipo básico puede castigarse con prisión de seis meses a tres años cuando la cantidad supera los 400 euros. Por debajo de ese umbral, la conducta se considera delito leve y se sanciona con multa.
Sin embargo, el artículo 250 del Código Penal contempla supuestos agravados que elevan las penas. Entre ellos figuran los fraudes que afectan a bienes de primera necesidad o a viviendas, los cometidos abusando de determinadas relaciones personales o de la credibilidad empresarial, la estafa procesal y los casos en los que la cantidad defraudada supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas. En estos supuestos, la pena puede alcanzar de uno a seis años de prisión, además de multa, y agravarse todavía más cuando concurren varias circunstancias.
El engaño debe valorarse en cada caso
La exigencia de que el engaño sea suficiente para provocar el error constituye uno de los puntos más discutidos en los procedimientos. Los tribunales no consideran que cualquier mentira o afirmación falsa tenga automáticamente relevancia penal. También valoran las circunstancias de la víctima y si el engaño tenía capacidad real para inducirla a actuar.
La diligencia exigible no se interpreta de forma idéntica en todos los casos. La edad, la formación, la experiencia o una situación de vulnerabilidad pueden influir en la valoración. Por ello, una maniobra que quizá no engañaría a un inversor experimentado podría resultar eficaz frente a una persona especialmente vulnerable.
Fukuro Legal advierte así de que el Derecho penal no debe convertirse en una vía para resolver cualquier desacuerdo económico. La frontera entre el engaño delictivo y el incumplimiento contractual requiere examinar cómo se desarrollaron los hechos y, sobre todo, cuál era la intención inicial de quien recibió el dinero o el bien.
Fraudes digitales y estrategias de defensa
El entorno digital ha ampliado las formas de cometer estafas. Las operaciones bancarias no autorizadas, el uso fraudulento de tarjetas y los engaños en internet plantean dificultades específicas, especialmente para identificar a los responsables y reconstruir el recorrido del dinero. En estos procedimientos, la trazabilidad de las operaciones y la fiabilidad de las pruebas digitales pueden resultar determinantes.
Desde la perspectiva de la defensa, el despacho señala varias líneas de análisis: demostrar que el asunto pertenece al ámbito civil porque existía una voluntad inicial de cumplir; cuestionar que el engaño fuera suficiente; acreditar que no hubo un perjuicio económico cuantificable o discutir la cantidad defraudada y, con ello, la calificación penal.
La valoración de cada elemento exige estudiar la documentación, las comunicaciones entre las partes, los movimientos económicos y el momento en que surgió la supuesta intención fraudulenta. La estrategia no puede ser idéntica en todos los procedimientos: dependerá de los hechos y de las pruebas disponibles.
En definitiva, la clave para determinar si existe una estafa no está únicamente en que se haya producido una pérdida económica, sino en demostrar cómo se obtuvo el patrimonio ajeno y qué intención existía cuando se produjo el engaño. Esa diferencia condiciona tanto la posibilidad de presentar una acusación como las opciones para construir una defensa.
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