El presidente de la Abogacía, Salvador González, ha reclamado hoy que se dote de suficientes “recursos humanos, materiales y presupuestarios” a los nuevos tribunales de instancia, que entran en funcionamiento mañana 1 de julio, para que el nuevo modelo organizativo garantice una justicia de calidad a todos los españoles.
En una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía y el Poder Judicial para explicar esta reforma introducida por la LO 1/2025 eficiencia del Servicio Público de Justicia, González pidió “que se asegure, hasta en el último pueblo de nuestro país, una justicia de calidad para todos los españoles, con plena seguridad jurídica y sin la más mínima merma del derecho de defensa y del acceso a la tutela judicial efectiva”.
El presidente de la Abogacía reclamó también, en esta sesión especial del curso sobre la LO 1/2025 coorganizado por la Abogacía y el Poder Judicial, que se convoque cuanto antes la Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia” prevista en la ley y de la que forma parte la Abogacía. “La coordinación y la monitorización es crucial”, señaló.
José Carlos Orga Larrés, vocal y miembro de Comisión de Asuntos Públicos del CGPJ, señaló en la inauguración que el Poder Judicial apuesta por este modelo organizativo y ha detallado el contenido de las últimas resoluciones dictadas por el órgano de gobierno de los jueces. También ha destacado que la implantación del nuevo modelo no puede suplir la inaplazable creación de nuevas unidades judiciales.
En la jornada, moderada por Ismael Cardo, decano del Colegio de Cuenca, intervinieron también representantes del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, quienes explicaron cómo se va a proceder a transformar los 3.800 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia a partir del 1 de julio.
Por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas se ha expuesto los detalles del modelo organizativo y del plan de implantación en sus respectivos territorios. El Ministerio ha insistido en la oportunidad de esta reforma para conseguir una justicia eficiente a la altura del siglo XXI. La mayoría de los representantes autonómicos coincidieron en la bondad del nuevo modelo pero reclamaron más tiempo y más recursos al gobierno central
Carmen Casado, coordinadora del proyecto de implantación de los Tribunales de Instancia en la secretaría de Estado de Justicia, quien señaló que “el mayor reto de todos es el de sincronizar el servicio público de justicia con las demandas sociales, eso es un trabajo sostenido en el tiempo”.
Y por parte de las CC.AA se contó con la intervención de Iolanda M. Aguilar, secretaria para la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya; Cesáreo Rodríguez, viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Carmen Martín, viceconsejera de Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid; José Tronchoni, director general de Justicia de la Xunta de Galicia; Maite Arenaza, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra; Inés Soria, asesora del departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco; Jorge Oswaldo Cañadas Santamaría, Director general de Justicia del Gobierno de Aragón y Esteban Rondón, director General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía.