Madrid, 28 oct (EFECOM).- El absentismo laboral en España tiene un impacto macroeconómico anual de 92.000 millones de euros, supone la tercera partida de gasto público tras las pensiones y la sanidad, y supera en 20.000 millones al montante que se destina a la educación, según un informe de la Asociación de empresas de Gran Consumo (Aecoc).
Aecoc ha presentado este miércoles, en una rueda de prensa, el primer informe del Observatorio de esta asociación sobre absentismo laboral por bajas, basado en información de la Sala Segura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la mutua Umivale Activa y de datos de empresas.
El presidente de Aecoc, Ignacio González, ha expresado, durante la presentación, sus condolencias a las familias de los fallecidos (al menos 30) en el accidente de esta mañana de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo) y ha deseado la recuperación de los heridos.
El informe concluye que el incremento del absentismo laboral se ha convertido en un problema importante en España, que registra las mayores tasas de crecimiento del absentismo por incapacidad temporal dentro de la Unión Europea (UE) e incluso a escala mundial.
Destaca que, entre 2018 y 2024, el absentismo por incapacidad temporal aumentó un 44 % en España.
El estudio recalca que España registra 4,9 semanas perdidas por enfermedad por trabajador y año, la cifra más elevada de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un incremento del 69 % desde 2018, frente al 15 % de media.
El director general de Umivale Activa, Héctor Blasco, ha precisado que, dentro de las personas trabajadoras, un 16,2 % concentra el 69,3 % de las bajas y el 62,6 % de los días perdidos por incapacidad temporal.
También ha insistido en la larga duración de las bajas médicas y las patologías que ha calificado como "más subjetivas" (problemas musculoesqueléticos y salud mental).
Según el informe, entre los grupos de población, el de menos de 35 años se ha convertido en el que encabeza la lista de los que más procesos de incapacidad temporal inician (52 %).
Entre 2018 y 2024 la incidencia aumentó un 152 % entre este grupo, hasta 41 procesos por cada mil trabajadores.
Por el contrario, han descendido las bajas solicitadas por los mayores de 55 años un 27 %, de 33,8 a 24,6 procesos, si bien la duración medida alcanza los 80,2 días (20,9 los menores de 35).
Las Palmas y Vizcaya (8,64 %) son las provincias con mayor índice de bajas y Jaén la que menos (4,04 %).
El análisis, que no detalla el coste global por sectores, indica que, en el caso de las empresas de gran consumo (alimentación e higiene), hay tasas notables de absentismo por incapacidad temporal por encima del 5,94 % de la media nacional.
Destacan las del 7,56 % en logística, del 7,15 % en la industria de la alimentación, del 6,48 % en el transporte terrestre y del 6,15 % en el comercio minorista.
Soluciones
González ha insistido en que es el absentismo es un problema sostenido que afecta especialmente a actividades intensivas en empleo y que requiere soluciones en colaboración con los trabajadores y las administraciones.
El diagnóstico de Aecoc culpa a las listas de espera del sistema sanitario como uno de los principales factores que prolongan las bajas.
Las demoras en Atención Primaria, las dificultades para acceder a pruebas diagnósticas y las esperas para determinadas intervenciones quirúrgicas pueden alargar los procesos de incapacidad temporal.
En este contexto, las empresas consideran necesario mejorar la coordinación entre los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las organizaciones.
Asimismo, tres de cada cuatro empresas participantes en el estudio han cuestionado la eficacia del marco regulador actual.
El presidente de Aecoc ha subrayado que las empresas no cuestionan la necesidad de proteger a las personas trabajadoras que están realmente enfermas, ya que en el estudio identifican un margen de mejora en las condiciones de trabajo y en los programas de bienestar.
Entre las soluciones, el informe de Aecoc ha planteado la utilización de servicios médicos propios o externalizados, el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, la cobertura sanitaria privada complementaria y programas de apoyo psicológico.