Alvaro Garcia Ortiz, FGE, en la imagen en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, se sienta en el banquillo desde este lunes por un presunto revelación de secretos (Imagen Congreso Diputados)
Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- procedentes de la Sala Penal del Supremo conforman el tribunal que, por primera vez en la historia de España, juzgará desde este lunes al fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Es la primera vez en la historia que un FGE es procesado por un posible delito.
Tras la instrucción realizada por el magistrado Angel Hurtado del Supremo , durante los últimos ocho meses, el FGE se sentará en el banquillo como único acusado por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que éste había defraudado dinero a Hacienda.
El propio magistrado en su auto de apertura de juicio oral, explicó que existe una regulación para acordar la suspensión de cualquier miembro de la carrera fiscal por vía administrativa, pero que no contempla la del fiscal general del Estado, lo que a su juicio entendía como "un vacío legal".
Con posterioridad, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo confirmaba que no suspendía cautelarmente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de sus funciones como pedía en un recurso interpuesto la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) contra la decisión del juez que denegó la suspensión provisional de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.
La hipótesis del presunto delito es que el fiscal general del Estado facilitó el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira envío el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía. En él, ofrecía que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid reconociese dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar ir a la cárcel.
Los siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Susana Polo--, más otros dos incorporados como son Andrés Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala de lo Penal, y Ana Ferrer. juzgarán así hasta el próximo 13 de noviembre si García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña, Alberto Gómez Amador- solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación.
Además le reclama una multa de 100.000 euros y también otros 300.000 por daños morales, por los "padecimientos" familiares y morales que dice le ha provocado la difusión de las negociaciones de su defensa.
La Fiscalía pide al Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos. Al igual que su defensa. Al fiscal general lo defenderán los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -que fue abogada general del Estado-, y en representación de la Fiscalía estarán la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.
Sus tesis seguirán el voto particular del magistrado Andres Palomo cuando la la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha adoptado esta decisión de procesar a Garcia Ortiz por dos votos a uno. A favor del procesamiento se han posicionado los magistrados conservadores Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres.
En ese voto particular del magistrado Palomo argumentaba que no había indicios de que el fiscal general filtrara a los medios de comunicación ni a la Presidencia del Gobierno la información sobre la situación procesal de Alberto González Amador.
Además, este magistrado defendía el testimonio de los periodistas que han declarado en calidad de testigo afirmando que tenían la información sobre la causa en la que está imputado el novio de Ayuso antes de que ese expediente llegase al correo electrónico de García Ortiz procedente de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Críticas a su situación judicial
La situación procesal de Alvaro Garcia Ortiz ha sido analizada por varios expertos en Lawandtrends. Para Santiago Milans del Bosch, abogado referente, “lo relevante de este proceso no está en este auto, sino en algo mucho más grave: la asunción de la defensa del Sr. Ortiz por la Abogacía del Estado, sufragada con fondos públicos. Ello plantea una cuestión de fondo que trasciende el caso concreto: ¿puede un ciudadano acusado penalmente —aunque ostente un alto cargo— recibir un trato privilegiado y ser defendido por el aparato jurídico del Estado?”
Por su parte, el magistrado destinado en Valencia y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), Jesús Villegas, indicaba en otro articulo en nuestra publicación que “el juicio por delito de revelación de secretos en el que está acusado el actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz será nulo con arreglo a la jurisprudencia supranacional europea si no se procede a la suspensión en su cargo antes del inicio de las sesiones”.
En este primer día, el orden de intervenciones queda fijado por la mañana con la presentación de cuestiones previas de la defensa y acusaciones para luego escuchar las intervenciones de los fiscales Julián Salto, Pilar Rodríguez, Almudena Lastra y Diego Villafañe. Por la tarde comparecerán los jefes de prensa de la fiscalía general del Estado, Mar Hedo y de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral
Las intervenciones destacadas llegarán al principio y al final: este martes 4 está citado está citado a declarar Miguel Angel Rodríguez, asesor de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y por la tarde, Alberto Gomez Amador y su abogado Carlos Neira.
No será hasta la recta final, el 12 de noviembre, cuando el fiscal general tome la palabra, tal y como pidió a través de sus abogados. Los periodistas implicados y el decano del ICAM, Eugenio Ribón declararán como testigos el 11 de noviembre.
La última sesión de esta vista oral que será el próximo 13 de noviembre estará dedicada a la presentación de los informes finales por parte de la defensa y las acusaciones. La sentencia se espera para final de año.
En el lado de las acusaciones participará también como acusación particular el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, Gabriel Ramos; un letrado del Colegio de la Abogacía de Madrid, Ignacio de Luis, otro de Fundación Foro Libertad y Alternativa (que agrupa a Vox y Hazte Oír), dos de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) , Juan Antonio Frago y Verónica Suárez y uno del autodenominado sindicato Manos Limpias, el letrado Victor Soriano.
Preside el tribunal el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, en un juicio por el que desfilarán hasta 40 testigos en sesiones de mañana y tarde: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o la número dos del PSOE-M y antiguo cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; fiscales, periodistas o los guardias civiles que, por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del juez.
Pese a lo inédito de la cita, el Supremo ha rechazado ofrecer señal en directo, como sí ocurrió en el juicio por el proceso independentista catalán, en 2019. Los más de 200 periodistas de 59 medios acreditados podrán difundir extractos de la vista, pero no retransmitirla ni en directo ni en diferido.
Diez cadenas de radio, dieciséis de televisión, ocho periódicos y diecinueve digitales, además de las agencias, integran la plantilla de medios acreditados, todos nacionales salvo France Press y Reuters, y podrán seguir el juicio desde tres espacios habilitados, según fuentes del Supremo. Además, en el interior de la Sala de lo Penal, escenario del juicio, podrán presenciar la vista cincuenta personas de público más veinte periodistas.
