Alvaro Garcia Ortiz será el primer fiscal general en la historia de la institución que se sienta en un banquillo (Imagen Consejo de Estado)
- Tal y como pidió, el último en comparecer en esta vista oral que arrancará el 3 de noviembre y se extenderá otros cinco dias
A lo largo de este lunes el aún fiscal general Alvaro Garcia Ortiz, conocía dos cuestiones claves para su futuro judicial. En primer lugar, el cronograma que define su juicio que se iniciará el próximo 3 de noviembre, donde tendrá la última palabra. que era desestimado Y casi al mismo tiempo su recurso sobre la fianza fijada por el Supremo de 75.000 por responsabilidad civil. Y, casi al mismo tiempo,
Será el 3 de noviembre cuando se siente por primera vez en el banquillo. El próximo mes de noviembre será juzgado por el Tribunal Supremo en la causa que le acusa del presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un supuesto fraude a Hacienda.
Conforme a las normas de reparto de la Sala de lo Penal, el tribunal que le enjuiciará debe estar integrado por los magistrados que formaron la Sala de Admisión que acordó investigar el caso --Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Polo--, más otros dos incorporados como son Andrés Martínez Arrieta, nuevo presidente de la Sala de lo Penal, y Ana Ferrer.
Se da la circunstancia de que Martínez Arrieta y Ferrer se enfrentaron recientemente por la Presidencia de la Sala de lo Penal --ostentada anteriormente por Marchena--, uno impulsado por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalmente se impuso, y otra, apoyada por los vocales progresistas del órgano de gobierno de los jueces.
Seis días intensos
El desarrollo de las sesiones del juicio oral se ha establecido entre la segunda y tercera semana del penúltimo mes del año, concretamente el lunes 3, martes 4, miércoles 5, martes 11, miércoles 12 y jueves 13. Se celebrarán tanto por la mañana como por la tarde, comenzando a las 10:00 horas.
El juicio contará con 40 testigos entre los que figuran González Amador, el jefe de Gabinete de Ayuso Miguel Ángel Rodríguez, el exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, o la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, además de 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, 8 fiscales y una docena periodistas de varios medios de comunicación como 'El País', 'El Mundo', 'Diario.es', 'La Sexta' o 'Cadena Ser'. Estos intervendrán el 11 de noviembre al igual que el decano del ICAM, Eugenio Ribón.
Por su parte Alberto González Amador comparecerá en la tarde del día 4, el segundo de juicio, junto con su abogado Carlos Neira. Esa misma mañana lo hará Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Tres testigos que tendrán que aclarar si autorizaron la difusión de varios correos del fiscal Julián Salto a decenas de medios de comunicación en la tarde del 13 de marzo de 2024.
En un auto publicado este viernes, la Sala de lo Penal ha admitido y declarado "pertinentes las pruebas" presentadas por las representaciones procesales de Foro Libertad y Alternativa, así como acusaciones populares ya acumuladas como del novio de Ayuso, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Sindicato Colectivo de Funcionarios 'Manos Limpias', el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, VOX y la asociación española de extrema derecha 'HazteOír'.
Por el contrario, rechazan las testificales de hasta cuatro personas "al no haberse acreditado la pertinencia o relación de su testimonio", entre ellas el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, o el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
No obstante, el tribunal ha aceptado la petición de García Ortiz de declarar en último lugar, una vez lo hayan hecho los testigos el día 12, y antes de su declaración comparecerán los guardias civiles que intervinieron en el registro del despacho del fiscal general y volcaron el contenido de sus dispositivos electrónicos, además de los peritos que realizaron los informes sobre la información que pudo incautarse..
La Sala ha considerado otra petición suya, por su conexión con los hechos, que se requiera a la Cadena Ser para que aporte la grabación del programa HORA 25 del día 13 marzo desde las 23:15 hasta las 23.30, así como la certificación completa con hora de publicación de la noticia de las 23.51 del día 13 de marzo de 2024 publicada por Miguel Ángel Campos relativa al ofrecimiento de una conformidad y el reconocimiento de dos delitos por parte de González Amador.
El tribunal admite la documental y la pericial solicitada por las acusaciones particular y popular, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre del fiscal general. Acepta la pericial solicitada por todas las acusaciones de tres funcionarios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que declararán también, en este caso a petición de todas las partes, como testigos.
Asimismo, admite como prueba anticipada, solicitada por varias acusaciones, que se requiera a la Fiscalía provincial de Madrid y a la Fiscalía general del Estado para que aporten, siempre que existan, los expedientes gubernativos de las daciones de cuenta referidas al procedimiento de Alberto González Amador y las sociedades Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente y cualquier otro relacionado con los mismos.
Es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, donde las acusaciones piden una pena de prisión de cuatro años, sanción económica de 150 euros diarios, además de la suspensión de empleo o cargo público durante tres años. A García Ortiz se le acusa de la filtración de un correo que asumía que el abogado de González Amador habría defraudado a Hacienda 350.951 euros.
Rechazado el recurso a su fianza
Casi al mismo tiempo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestimaba el recurso de apelación presentado por la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado instructor de fijar una fianza de responsabilidad civil de 75.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García, para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que se le puedan imponer en el juicio por revelación de secretos que se celebrará contra él a partir del próximo 3 de noviembre.
La Abogacía del Estado, que defiende al acusado, y a cuyo recurso se adhirió la Fiscalía, sostenía entre otros motivos que el fiscal general estaría exento de la prestación de fianza de acuerdo a la Ley de Asistencia Jurídica del Estado.
El Supremo contesta que la norma citada debe interpretarse en relación con los preceptos del Código Penal, que distingue entre la responsabilidad civil del Estado y la responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y agentes.
El auto de la Sala de Apelación 22226/2025 del que ha sido ponente en magistrado Eduardo de Porres destaca que el Ministerio Fiscal forma parte de los órganos del Estado, pero añade que la interpretación del artículo 12 de la Ley de Asistencia Jurídica del Estado “no puede conducir a extender la eficacia de la exención a las autoridades o funcionarios públicos que se integran en los distintos órganos del Estado y frente a los que se siga un procedimiento penal por su actuación personal en el ejercicio de sus funciones. Estos últimos tienen una responsabilidad civil directa y deben responder con su propio patrimonio por lo que es de todo punto coherente que la responsabilidad que pueda declararse en la sentencia sea objeto de medidas cautelares como la prestación de fianza”.
El tribunal también rechaza que la decisión del instructor carezca de motivación, o que la cuantía finalmente impuesta (que el instructor redujo de 150.000 a 75,000 euros) sea desproporcionada.
