Alvarez Abogados Tenerife
El deterioro cognitivo asociado a la edad, enfermedades como el alzhéimer o una discapacidad que dificulta la gestión de los asuntos personales pueden generar problemas que van mucho más allá del cuidado diario. Las cuentas bancarias, la venta de una vivienda o el reparto de una herencia pueden quedar bloqueados si no existen mecanismos legales adecuados. Así lo analiza el despacho Alvarez Abogados Tenerife en su blog, donde aborda las principales medidas jurídicas para proteger a las personas que necesitan ayuda y evitar que su situación afecte a la economía familiar.
Un modelo centrado en la voluntad de la persona
La reforma introducida por la Ley 8/2021 transformó el sistema español de protección de las personas con discapacidad. El modelo anterior, basado en la incapacitación judicial, fue sustituido por otro que busca facilitar el ejercicio de los derechos de cada persona mediante los apoyos que necesite.
El objetivo ya no es sustituir automáticamente sus decisiones, sino respetar su autonomía y adaptar la asistencia a sus circunstancias. Como recuerda Alvarez Abogados Tenerife, se trata de proporcionar «el apoyo estrictamente necesario» para que la persona pueda ejercer sus derechos.
Esta nueva orientación exige estudiar cada situación de forma individualizada. No todas las familias necesitan acudir a los tribunales ni todas las personas requieren el mismo grado de intervención. La planificación anticipada puede evitar conflictos y facilitar la gestión de los bienes cuando aparecen dificultades para tomar decisiones.
Poderes preventivos y guarda de hecho
Una de las alternativas destacadas por el despacho son las medidas preventivas. Mediante instrumentos notariales, como los poderes preventivos y la autocuratela, una persona puede dejar previstas determinadas decisiones para el caso de que en el futuro necesite apoyo.
Estas herramientas permiten anticipar quién podrá ayudar en la administración de cuentas, propiedades u otros bienes, dentro de los límites establecidos legalmente. Su utilidad reside en preparar una solución antes de que la enfermedad o el deterioro dificulten la toma de decisiones.
Otra figura es la guarda de hecho, que se produce cuando un familiar presta apoyo de manera habitual sin contar con un nombramiento formal. Aunque esta situación puede ser suficiente para muchas actuaciones cotidianas, determinadas operaciones patrimoniales requieren autorización judicial.
Alvarez Abogados Tenerife señala que esa autorización puede resultar necesaria, por ejemplo, cuando se pretende vender una vivienda para afrontar los gastos de atención de la persona vulnerable.
La curatela, cuando se necesita un apoyo más intenso
Si las medidas preventivas no existen o resultan insuficientes, puede ser necesario solicitar judicialmente el nombramiento de un curador. La curatela debe ajustarse a las necesidades concretas de la persona y no implica, por defecto, que otra persona asuma todas sus decisiones.
En los casos en que sea imprescindible una representación, el juez puede establecer una curatela representativa, delimitando las facultades correspondientes y las actuaciones que requieren control judicial. La resolución dependerá de las circunstancias acreditadas y de las garantías previstas por la ley.
El despacho subraya así la importancia de elegir la medida adecuada, evitando tanto la falta de protección como las restricciones innecesarias de la autonomía personal.
Herencias y operaciones inmobiliarias bloqueadas
La ausencia de medidas de apoyo también puede tener consecuencias económicas importantes. La venta de un inmueble compartido puede quedar paralizada si uno de sus titulares no puede prestar válidamente su consentimiento y no existe una solución jurídica aplicable.
Algo similar puede ocurrir en una herencia cuando uno de los beneficiarios necesita apoyo para intervenir en la partición. La situación puede retrasar trámites, generar gastos adicionales y complicar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
En estos supuestos, la intervención judicial puede permitir que determinadas operaciones sigan adelante con las garantías necesarias. No obstante, la medida concreta dependerá de cada caso y de los requisitos legales aplicables.
La conclusión de Alvarez Abogados Tenerife es que la prevención resulta esencial: esperar a que aparezca una urgencia bancaria o patrimonial puede reducir las alternativas disponibles y aumentar la complejidad de los trámites. Anticipar las necesidades, conocer las figuras legales existentes y contar con asesoramiento especializado puede contribuir a proteger tanto la dignidad de la persona vulnerable como los intereses legítimos de su familia.
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