Ceuta se defiende ante una situación de colapso

Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries Magistrado especialista en lo contencioso-administrativo, en excedencia  Abogado, codirector de MILANS DEL BOSCH & ITL, Abogados y asesores tributarios

Conozco Ceuta -muy ligada a antepasados de mi familia- porque “la he vivido” profesionalmente como abogado, personalmente junto a un hermano que ahí vivía y, las más de las veces, deportivamente, participando, desde su inicio, en diversas ediciones de la ultratrail de 50,5K “La cuna de la Legión”.

He recorrido cientos de veces Revellin, la Calle Real, Las Palmeras, Jáudenes,  cruzado mil veces  el foso navegable, subido al Hacho, Anyera, los Fortines y bajado a Calamocardo; me he bañado en las playas del Chorrillo y la Ribera; he admirado su patrimonio cultural, tanto civil como militar y el religioso, y me he recogido ante la Generala y patrona de la ciudad  en la Iglesia de Nuestra Señora de África; he estado en la Comandancia General,  en el Casinillo, en los Museos de la Legión y de los Regulares; he sentido en primera persona lo que significa que Ceuta tenga tanta historia, sea España y sea frontera de Europa.

Sí, yo también soy caballa, aunque no naciera allí. Y conozco a su gente y me solidarizo con ella; gente noble, resistente y leal. Y conozco también su gran decepción con tantos políticos y servidores públicos que no están a la altura de las circunstancias para resolver esta grave situación e impedir nuevas avalanchas en esta ciudad y en la querida hermana Melilla.

Una crisis muy grave

Desde esa vivencia, afirmo con convicción y claridad que lo que está ocurriendo en Ceuta no es inmigración masiva irregular de familias buscando un mundo mejor -la casi totalidad de quienes entraron son varones jóvenes en edad militar-

  Habrá algunos que han “pasado” la frontera buscando una oportunidad; y muchos a los que se les ha engañado haciéndoles creer que lo del 30 y 31 de julio era como una jornada de puertas abiertas y la solución a su supervivencia o la de sus familias en origen, sin darse cuenta -o no querer ver- que estaban siendo utilizados por los servicios de inteligencia marroquíes, y con conocimiento de los nuestros, como parte de una guerra híbrida no declarada, una guerra  que combina presión migratoria instrumentalizada, ataques coordinados, provocaciones constantes, hostigamiento continuado, saturación de recursos, desestabilización social y política y erosión de la capacidad estatal de respuesta.

Mientras esto ocurre, el Gobierno insiste en una narrativa que ya no se sostiene: por enésima vez ha afirmado que “todo está resuelto”, que no hay problemas, que todo funciona normalmente, y que lo de la inseguridad es solo una “sensación subjetiva” de los ceutíes.  La realidad demuestra justo lo contrario; y que cada vez está peor.

A todo esto se suma algo que ya no puede ocultarse: la carencia absoluta de medios.

Colapso sanitario

Los centros hospitalarios están saturados, sin personal suficiente, sin recursos para atender emergencias masivas, sin capacidad para absorber picos de violencia o de entradas. La insuficiencia de medios sanitarios no es solo un problema administrativo: es una vulneración del derecho fundamental a la protección de la salud y una amenaza directa a la seguridad colectiva.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están desbordadas, con plantillas insuficientes, sin equipamiento adecuado, sin refuerzos estables y en lamentables condiciones de salud y salubridad. La falta de medios compromete la eficacia operativa y, por tanto, la capacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. De todos.

Y las Fuerzas Armadas desplegadas en Ceuta están siendo objeto de provocaciones constantes, de hostigamientos calculados y de situaciones operativas en las que no tienen claro cómo hacer frente, “de manera proporcional”, los ataques que reciben.

Desde el punto de vista jurídico -y con pleno respeto a los temas sub judice- la invasión ha dado pie a la existencia de miles de procedimientos penales por agresiones, daños a la propiedad pública y privada, y delitos contra la libertad sexual.

Y no solo esto; también se ha incoado en la Audiencia Nacional un procedimiento por delito contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por homicidios y lesiones imprudentes y de organización criminal, que evidencian que la frontera de Ceuta no está siendo atacada por azar, sino por diseño de Marruecos con la complicidad y/o protección de autoridades españolas.

La Constitución Española es clara: el Estado debe garantizar la seguridad pública, la convivencia pacífica y la integridad territorial. El artículo 2 CE protege la integridad de España; el artículo 104 CE atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger derechos y libertades; la soberanía exige control efectivo de la frontera.

Cuando estos principios se ven comprometidos, no estamos ante un problema administrativo: estamos ante un desafío estructural que afecta a la esencia misma del Estado y a la defensa de la dignidad humana, la de los que son utilizados con fines de rentabilidad política.
Personas obligadas a vivir en condiciones infrahumanas y privadas de los derechos que les corresponden por el mero hecho de serlo, o que están siendo abusadas y agredidas sexualmente, coacciones, amenazas y abusos de toda índole.

La defensa de Ceuta es la defensa de España. Es defensa de Europa.