Milans del Bosch Abogados
Santiago Milans del Bosch
Santiago Milans del Bosch Abogado, codirector del despacho MILANS DEL BOSCH & ITL Magistrado y Fiscal, en excedencia
El reciente triunfo de la selección española demuestra que los grandes éxitos nunca son fruto de la casualidad. Son el resultado de un liderazgo sólido, un proyecto compartido, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, medios suficientes y el compromiso de un equipo que antepone el interés común al individual.
Quizá el deporte tenga hoy mucho que enseñar a quienes impulsan las grandes reformas institucionales y, muy especialmente, las de nuestra Administración de Justicia.
España ha vuelto a emocionarse con el triunfo de su selección en el Campeonato del Mundo. Como ocurre siempre con las grandes victorias, la imagen que permanecerá en la memoria colectiva será la de la celebración final, la copa alzada al cielo y la alegría compartida por millones de españoles. Sin embargo, quienes observan con serenidad el camino recorrido saben que el éxito no nació el día de la final. Comenzó mucho antes, cuando apenas nadie miraba, cuando no había focos, titulares ni celebraciones. Las grandes victorias nunca se improvisan: se preparan.
Esa es, probablemente, la principal enseñanza que nos deja este Mundial y, al mismo tiempo, la reflexión que inevitablemente me suscita como profesional del derecho ante los tribunales: las grandes reformas institucionales de la justicia son exitosas cuando existe un proyecto serio, un liderazgo coherente, que busca una mejor eficacia y eficiencia, más allá del título de la ley, sino comprometido con la relevancia que tiene la búsqueda del bien común y no el afán por controlar la cúpula de las instituciones que tienen que ver con altas decisiones de la justicia, es decir, con un líder servicial.
La selección española disponía de magníficos futbolistas, pero otras selecciones también los tenían. La diferencia no estaba únicamente en la calidad individual de los jugadores, sino en la capacidad para convertir ese talento en una obra colectiva.
Lo hemos visto: el seleccionador Luis de la Fuente ha sabido desde un principio -y esto se nota- hacia dónde quería llevar al equipo; existía un modelo reconocible de juego; se habían definido unos principios irrenunciables y, sobre todo, se consiguió que cada integrante comprendiera que el éxito personal únicamente tendría sentido si contribuía al éxito del conjunto. Ese es el verdadero liderazgo.
Liderar no consiste en mandar. Consiste en convencer. En ilusionar. En transmitir confianza. En conseguir que cada persona dé lo mejor de sí misma porque cree en el proyecto que comparte con los demás. La autoridad auténtica no nace del cargo, sino del ejemplo, de la competencia y de la credibilidad.
La coherencia que falta en nuestra Justicia
Y aquí aparece una palabra que considero esencial: coherencia.
Vivimos en una época en la que abundan los anuncios, las declaraciones solemnes, las leyes que auto titulan con proclamas de publicidad y las promesas de transformación. Sin embargo, los ciudadanos juzgan cada vez menos por las palabras y cada vez más por los hechos. La coherencia consiste precisamente en hacer aquello que se dice que se va a hacer. En mantener el rumbo incluso cuando aparecen las dificultades.
La selección española ha ofrecido una extraordinaria lección de coherencia. Se habló de equipo y se actuó como equipo; todos, no solo los jugadores. Se habló de esfuerzo y se trabajó con esfuerzo. Se habló de humildad y nadie intentó situarse por encima del escudo que representaba. Se habló de compromiso y ese compromiso fue visible en cada entrenamiento, en cada partido y en cada gesto. Se habló de unidad y de potenciar lo que nos une y esto ha sido como el cemento armado de una construcción.
Pero la coherencia necesita un complemento indispensable: el compromiso.
Hay personas con una enorme capacidad que nunca alcanzan sus objetivos porque les falta perseverancia. También ocurre lo contrario: personas que, sin poseer condiciones extraordinarias, llegan muy lejos gracias a una voluntad inquebrantable de mejorar cada día. Lo mismo sucede con las organizaciones.
Una sociedad progresa cuando sus instituciones tienen la capacidad de hacer bien las cosas y, además, el compromiso de hacerlas bien. Porque el compromiso significa asumir la responsabilidad de desarrollar plenamente las capacidades de las que se dispone. Significa no conformarse con hacer lo mínimo exigible, sino poner el conocimiento, la experiencia y el esfuerzo al servicio del bien común.
Ningún campeonato del mundo se gana improvisando. Existen meses de entrenamiento, análisis de rivales, preparación física, planificación táctica y revisión constante de errores. Cada decisión se adopta después de escuchar a quienes conocen mejor la realidad del equipo: preparadores físicos, médicos, analistas y, naturalmente, los propios jugadores. Escuchar nunca debilita el liderazgo. Lo fortalece.
Sin embargo, esa lógica tan evidente parece olvidarse cuando hablamos de la Administración de Justicia.
Desde hace años asistimos a una sucesión constante de reformas que se presentan como soluciones definitivas para problemas estructurales. Cambian las leyes, cambian las denominaciones de los órganos del poder judicial, cambian las competencias y cambian los procedimientos. Sobre el papel, muchas de esas modificaciones pueden parecer razonables. El problema surge cuando se desciende desde el Boletín Oficial del Estado hasta la realidad cotidiana de nuestros antiguos juzgados y tribunales.
Faltan recursos no hay inversiones en Justicia
Entonces descubrimos que, con demasiada frecuencia, se pretende alcanzar objetivos extraordinarios sin proporcionar previamente los recursos humanos, materiales y tecnológicos indispensables para conseguirlos.
Se reorganizan estructuras sin reforzar plantillas. Se implantan nuevos sistemas informáticos sin garantizar plenamente su funcionamiento. Se incrementan las exigencias de productividad sin aliviar cargas de trabajo que ya resultan difícilmente asumibles. Se modifican procedimientos sin asegurar una formación suficiente de quienes deberán aplicarlos.
Es como pretender ganar un Mundial cambiando únicamente el reglamento, pero sin entrenar al equipo.
Existe, además, una diferencia todavía más preocupante.
Las grandes decisiones deportivas se toman escuchando a quienes conocen el terreno de juego. En cambio, demasiadas reformas judiciales parecen elaborarse sin una verdadera participación de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la Justicia: jueces y magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de la administración de justicia, abogados, procuradores, graduados sociales, colegios profesionales o instituciones que ande informar o elaborar informes, periciales, miembros de la policía judicial, asociaciones judiciales y fiscales y Organizaciones representativas de los funcionarios, etc, etc
Todos ellos forman parte del auténtico “equipo de la Justicia”. Todos conocen dónde aparecen los problemas reales. Todos saben qué soluciones pueden funcionar y cuáles corren el riesgo de quedarse en meros planteamientos teóricos. No se trata de atribuir a ningún colectivo un derecho de veto sobre las reformas. Se trata, sencillamente, de reconocer que nadie puede transformar con éxito una organización compleja ignorando la experiencia de quienes la hacen funcionar cada día.
No estamos hablando de reorganizar un servicio administrativo cualquiera. Estamos hablando de uno de los tres poderes del Estado, del encargado de garantizar la tutela judicial efectiva, proteger los derechos fundamentales, asegurar la igualdad de todos ante la ley y ofrecer a los ciudadanos la seguridad jurídica imprescindible para vivir en libertad y desarrollar sus proyectos personales y empresariales. Cuando la Justicia funciona, se fortalece la democracia; cuando se debilita, se resiente todo el Estado de Derecho.
Por eso resulta especialmente preocupante el clima de permanente cuestionamiento y, en ocasiones, de abierto vilipendio que viene padeciendo el Poder Judicial. La crítica razonada forma parte de toda democracia madura y es saludable. Lo que resulta dañino es el descrédito sistemático de las instituciones llamadas a garantizar la independencia de los jueces y la aplicación imparcial de la ley. Porque cuando se erosiona la confianza en la Justicia, quien realmente pierde no son los jueces ni los fiscales: pierde el ciudadano.
El papel de un CGPJ politizado
Tampoco fortalece el Estado de Derecho la percepción de que determinadas instituciones esenciales puedan convertirse en objeto de negociación o de reparto entre las fuerzas políticas. El Consejo General del Poder Judicial no puede ser visto como un órgano donde simplemente se “reparten cromos”. Su misión constitucional es garantizar la independencia del Poder Judicial, y esa independencia no constituye un privilegio de los jueces, sino el derecho de todos los ciudadanos a ser juzgados únicamente conforme a la ley.
Lo mismo cabe afirmar respecto de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía General del Estado. Son instituciones llamadas a desempeñar funciones de enorme trascendencia constitucional y deben inspirar una confianza plena en su profesionalidad, objetividad y sometimiento al ordenamiento jurídico. Cuanto mayor sea su prestigio institucional y más nítida aparezca su independencia funcional, mayor será también la confianza de la sociedad en el Estado de Derecho.
La Justicia necesita estabilidad, no improvisación; consenso, no confrontación; planificación, no ocurrencias; diálogo, no imposición. Y necesita, sobre todo, un gran proyecto compartido.
La selección española ha demostrado que cuando existe un buen director, un proyecto claro, principios sólidos, entrenamiento, medios suficientes, confianza mutua y compromiso colectivo, España es capaz de alcanzar las metas más ambiciosas. También nuestra Justicia dispone de extraordinarios jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y demás profesionales del Derecho, cuya preparación y dedicación no están en duda. El talento existe. La vocación de servicio también.
Lo que necesita nuestra Administración de Justicia no son reformas concebidas para el titular del día siguiente ni para satisfacer una coyuntura política. Necesita un auténtico proyecto de Estado. Un proyecto elaborado desde el diálogo, el respeto institucional y el conocimiento técnico.
Un proyecto que escuche a quienes trabajan cada día en los tribunales, que dote de medios suficientes al sistema, que planifique antes de legislar, que anteponga el interés general a cualquier cálculo partidista y que garantice la independencia del poder judicial.
Igual que ningún Mundial se conquista improvisando un equipo, ninguna Justicia eficiente puede edificarse improvisando sus reformas.
Quizá esa sea la mayor lección que nos deja este Mundial.
