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Este pasado año 2020 ha sido un año que quedará marcado en los libros de historia de la humanidad, pero 2021 no ha empezado con menos fuerza que terminamos 2020, el asalto al capitolio de los EE. UU, alentado por su propio presidente el Gobierno al perder las elecciones presidenciales ha supuesto otro hito en nuestra historia reciente.

El pasado miércoles trece de enero se aprobó por parte de la cámara de representantes de Estados Unidos, iniciar el segundo proceso judicial contra el “de momento” presidente Donald Trump.

El impeachment según su propio termino en inglés significa “proceso de destitución”, es un juicio político contra el presidente del gobierno, mediante el cual se puede hacer efectivo el principio general de responsabilidad de la administración pública, en este caso la responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos con más alto rango, particularmente jefes de estado, de gobierno, ministros o inclusos magistrados.

El fundamento jurídico para iniciar este proceso en el derecho americano se encuentra en el artículo uno de la Constitución de los Estados Unidos donde se estipula que los altos funcionarios del Gobierno federal pueden ser procesados por mandato de la Cámara de Representantes, mientras que el Senado tiene el poder exclusivo de juzgarlos

El proceso de impeachment se puede articular cuando se entienda que se han cometido por parte del presidente delitos graves. En el caso que nos ocupa, este segundo proceso contra el infame Donald Trump se incoa por un delito de incitación a la insurrección, según la acusación, el expresidente Trump incitó de forma directa a los manifestantes para que tomasen el capitolio, y una vez se produjeron los altercados lejos de condenar los actos, alentó y se dirigió de forma cariñosa a los asaltantes.

Para iniciar el proceso contra el presidente de los Estados Unidos es necesario que un miembro del congreso acuse formalmente al presidente y presente una acusación al congreso solicitando que sea destituido.

La cámara de representantes (United States House of Representatives) una vez que recibe la acusación formal contra el presidente debe analizar si los hechos denunciados son relevantes para la incoación de la causa[1], para ello se requiere que se analice y vote por mayoría simple de la cámara de representantes, un 51% a favor, alcanzado este cuórum el imputado queda oficialmente acusado.

En el juicio político, donde no se pueden acordar medidas penales, se constituye como es común en los procesos penales anglosajones, un jurado, una parte acusadora fiscalía y la parte defensora, los abogados que defenderán al presidente. En este caso particular las sesiones son presididas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (Supreme Court of the United States).

La parte acusadora la ejercen los miembros de la cámara que promueven la acusación y como jurado este se forma por un número de cien senadores, que tras las sesiones del juicio deberán votar sobre la culpabilidad o inocencia del presidente, para alcanzar una sentencia condenatoria y proceder a su destitución se precisan al menos dos tercios de los 100 senadores un 67% de los votos condenatorios[2]. De alcanzarse este número de votos el presidente es destituido, la consecuencia accesoria que puede derivar de esa condena y destitución es la inhabilitación de por vida para ostentar cualquier cargo público[3].

 


[1]Sección 2. Cláusula 5. La Cámara de Representantes elegirá a su presidente y demás funcionarios y será la única facultada para declarar que hay lugar para proceder en los casos de responsabilidades oficiales.

[2]  Sección 3. Cláusula 6. El Senado poseerá el derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones formuladas contra un alto cargo. Cuando se reúna con esta finalidad, sus miembros deberán prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al presidente de los Estados Unidos deberá presidir el acto el presidente de la Corte Suprema. A ninguna persona se le condenará si no se alcanza un voto de dos tercios de los miembros presentes.

[3]  Cláusula 7. En los casos de acusaciones formuladas contra un alto cargo, el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y gozar de cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado en los Estados Unidos; no obstante, el condenado será responsable de sus actos y quedará sujeto a acusación, juicio, sentencia y sanción con arreglo a las leyes.


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