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La victoria de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú aumenta la incertidumbre de la política económica, ya que el presidente electo aún tiene que definir las prioridades políticas de su campaña de tendencia izquierdista.

Esa incertidumbre política se ve agravada por los desafíos de gobernabilidad, mientras que el impacto de la pandemia elevará la deuda en el corto plazo.

Una incertidumbre, pero también esperanza

El nuevo gobierno puede necesitar alianzas con partidos más pequeños y una fuerte disciplina interna del partido para aprobar la legislación, de ahí la incertidumbre para los próximos años en el país, aunque igualmente, la tendencia suele ser más optimista que el año anterior.

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La Constitución

La previsibilidad de la política económica y fiscal sufrió durante el congreso saliente 2020-2021, que promulgó varias medidas populistas. Como tal, el enfoque de la administración Castillo para administrar sectores estratégicos como la minería, el gas y las comunicaciones, su actitud hacia los contratos privados y la configuración de su política fiscal serán importantes para evaluar la solvencia soberana.

La plataforma Free Peru aboga por la reformulación de la Constitución, por ejemplo, expandiendo el papel del estado en los negocios, cambiando o anulando concesiones y contratos a empresas privadas, aumentando significativamente los impuestos de, o nacionalizar sectores estratégicos (incluyendo minería y gas natural), reestructurar el sistema nacional de pensiones y abolir la contratación laboral flexible.

Desde las elecciones, Castillo ha reiterado su compromiso de solicitar una asamblea nacional para volver a redactar la Carta Magna, ha centrado el debate en torno al sector minero en materia de impuestos y ha abogado por el apoyo a la agricultura.

Y es que no ha presentado un documento de política centrista, pero ha enviado señales preliminares de continuidad política en el Banco Central de Reserva del Perú, descartando controles de precios o divisas.

Deberían surgir más indicios de la configuración de la política económica y fiscal en el discurso presidencial inaugural el 28 de julio y en el presupuesto de 2022. Las propuestas concretas de la nueva administración también ayudarán a aclarar las prioridades políticas de Castillo en cuanto a la malograda economía del país.

Los cambios significativos a los contratos privados o nacionalizaciones requerirían enmendar el capítulo económico de la Constitución. El proceso de enmienda es difícil, aunque el congreso saliente sentó un precedente para ajustar el calendario legislativo que podría facilitarlo. La inestabilidad política podría intensificarse si las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo nuevamente se vuelven contradictorias, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Aumento de deuda a corto plazo

Por eso mismo, las agnecias de calificación y otras compañías inversores esperan que el gasto y la deuda del gobierno aumenten en el corto plazo a medida que Perú lidia con el impacto social y financiero de la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo y un fuerte aumento de la pobreza.

Si bien la recaudación de impuestos aumenta debido a los altos precios del cobre y el vencimiento de las exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas para un puñado de grandes minas de cobre, es posible que se requieran medidas de mejora fiscal para consolidar las cuentas fiscales y estabilizar la deuda frente a las presiones de gasto.

Queda por ver cómo el nuevo gobierno anclaría las expectativas fiscales ya que Perú suspendió su regla fiscal para 2020 y 2021.




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