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En el año 2011 España deroga el sistema de compensación equitativa mediante canon que se venía aplicando hasta entonces e implanta uno nuevo, cuya peculiaridad principal es que se financia con cargo a los presupuestos generales del Estado. La normativa que regulaba este nuevo sistema fue objeto de impugnación por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma por ser contraria al Derecho de la Unión. Las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJ de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantizaba el carácter equitativo de la misma.



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