Según expone Álvaro Prieto, el primer paso para cualquier persona denunciada es centrarse exclusivamente en su propia defensa. El autor recuerda que la ley española impide iniciar acciones por denuncia falsa mientras el procedimiento abierto contra el denunciado siga activo. De hecho, subraya una idea fundamental: "primero te defiendes en tu causa y solo después puedes ir contra quien te denunció".
El análisis precisa que el delito de denuncia falsa está regulado en el artículo 456 del Código Penal y exige varios elementos para poder apreciarse. No basta con que el procedimiento termine en archivo o absolución. También debe acreditarse que la persona denunciante sabía que los hechos eran falsos o actuó con un desprecio temerario hacia la verdad.
En este sentido, Álvaro Prieto destaca una cuestión que suele generar frustración entre quienes resultan absueltos. "Que te absuelvan no significa que la denuncia fuera falsa", señala expresamente. Una resolución favorable puede deberse a falta de pruebas, contradicciones o dudas razonables, sin que ello implique necesariamente que la otra parte mintiera de forma deliberada.
El blog explica que la diferencia entre una denuncia falsa y una acusación fallida radica precisamente en la intención de quien denuncia. Para que exista delito debe demostrarse que los hechos nunca ocurrieron, que fueron alterados de forma consciente o que se atribuyeron a una persona que el denunciante sabía inocente.
Mientras la causa principal continúa abierta, el autor recomienda evitar comportamientos que puedan perjudicar la defensa. Entre ellos, contactar con la persona denunciante, intentar convencerla para que retire la denuncia o difundir acusaciones en redes sociales. El despacho advierte de que estas actuaciones pueden provocar nuevos problemas judiciales e incluso dar lugar a denuncias adicionales.
Una vez finalizado el procedimiento inicial mediante sentencia firme o archivo definitivo, llega el momento de valorar si existen pruebas suficientes para promover una acción por denuncia falsa. A juicio de Álvaro Prieto, los elementos más sólidos suelen ser aquellos que demuestran de forma objetiva la imposibilidad de que los hechos ocurrieran tal y como fueron relatados.
Entre esas evidencias figuran registros de geolocalización, grabaciones de cámaras, billetes de viaje, fichajes laborales o conversaciones en las que el denunciante reconozca haber inventado los hechos. También pueden resultar relevantes las contradicciones esenciales entre distintas declaraciones realizadas durante el procedimiento.
El autor resume esta exigencia probatoria indicando que el objetivo es demostrar que la acusación no fue fruto de un error o una interpretación equivocada, sino de una actuación consciente. En sus propias palabras, es necesario acreditar que el denunciante "sabía que mentía o actuó con temerario desprecio hacia la verdad".
Respecto a las consecuencias penales, el artículo recuerda que las penas varían según la gravedad del delito atribuido falsamente. En los supuestos más graves pueden llegar a imponerse penas de prisión, además de multas económicas. Asimismo, la persona perjudicada puede reclamar una indemnización por daños materiales y morales derivados de la denuncia.
El análisis también destaca que el delito prescribe a los cinco años y que, aunque los jueces pueden actuar de oficio si detectan indicios claros de falsedad durante el procedimiento principal, lo habitual es que la iniciativa parta de la persona afectada mediante denuncia o querella.
Como conclusión, Álvaro Prieto insiste en que la prioridad debe ser siempre lograr primero una resolución favorable en la causa inicial. Solo después, y cuando existan pruebas sólidas de una actuación dolosa, puede plantearse una acción penal contra quien presentó la acusación.
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