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  • Durante tres días sus profesionales han analizado la implementación del nuevo modelo organizativo de justicia donde se observa que dicha ley tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de Presupuestos

Delegados de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, procedentes de toda España han analizado durante tres días en Madrid la grave situación que atraviesan los tribunales de instancia como resultado de la implantación de la ley de Eficiencia de la Justicia que conlleva un nuevo modelo organizativo. Entre las deficiencias detectadas figuran la escasa formación para las plantillas, personal insuficiente y algunas herramientas informáticas que no funcionan.

Las jornadas fueron inauguradas por el actual secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien trató de defender esta reforma que a nadie gusta y que tanta polémica está generando entre todos los operadores jurídicos.

En ella participaron ponentes de diversa procedencia dentro del mundo de la administración de Justicia como fueron los casos de Alejandro Asensio, presidente de la Asociación de Profesionales de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ); María Jesús Moro, portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso; Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia; Alejandra Alonso, directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid; y Salvador González, presidente del CGAE. Todos ellos reclamaron la necesidad de cambios y más recursos para la implementación de esta reforma.

Los delegados de CSIF, sin pelos en la lengua y bastante preocupados. trasladaron al propio Olmedo y a la directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid, una de las plazas donde más problemas hay en la implementación, el desconcierto y malestar del personal de Justicia con la forma en la que se está implantando el nuevo modelo organizativo recogido por la ley de Eficiencia y sobre la que ya advirtió CSIF en varias ocasiones desde hace más de un año.

Javier Jordán presidente de CSIF Justicia,  ha definido las propuestas de CSIF, tendentes a mejorar la situación de los tribunales de instancia FOTOS CSIF JUSTICIA

Javier Jordán, presidente de CSIF Justicia, otro de los intervinientes, explica a Lawandtrends la problemática actual, tras concluir esta foro. Al igual que han señalado otros interlocutores en otro reportaje, cree que no han sido afortunadas las declaraciones últimas de Bolaños quitando hierro a los problemas de los tribunales de instancia. “Basta con poner un pie en los juzgados para ver el desconcierto que hay, hay muchos compañeros estresados y algunos que se están jubilando porque no quieren entrar en este cambio de modelo”.

 Desde su punto de vista “la ley de Eficiencia tiene dos grandes carencias: la gestión del cambio y la falta de Presupuestos”. En este contexto se observa una gran desorganización, sin protocolos de actuación, falta de personal en muchos órganos judiciales y problemas con los programas informáticos que no están adaptados y que están generando un caos importante al complicar la tramitación de los procedimientos. “Hasta el 31 de diciembre pasado, los profesionales sabían que tenían que hacer y a quien reportar y desde donde tenían que hacerlo “.

Sobre esa gestión del cambio, este dirigente sindical recuerda que esta transformación del modelo de justicia debe liderarlo Justicia y las CCAA con competencias transferidas. “Por eso en diciembre pedimos la prórroga de seis meses para una mejor implementación de dicha reforma porque aún había muchas cuestiones importantes que deben afrontarse lo antes posible”.

Hay que recuperar la especialización

En este sentido cree que se ha fallado la selección del personal directivo, tampoco se les ha formado en habilidades directivas. Tampoco hay programas de apoyo para que los funcionarios que han cambiado de ocupación pudieran adaptarse a ese nuevo desempeño. Jordán coincide con Adriano Moreno secretario general de SPJ-USO, en que eliminar la especialización de los funcionarios de justicia ha sido un error. “Los juzgados se han especializado por la complejidad de nuestra sociedad pero no podemos pedir a nuestros profesionales que hagan otra cosa de la que hacían hasta ahora”.

A su juicio el modelo de RPTS puede permitir la especialización “basta con definir en ellas los equipos de trabajo y en ellos se puede introducir dicha especialización. El modelo actual lo permite e incluso introducirlo de manera más flexible que antes donde había que crear juzgados nuevos entero. De esta manera se puede crear una plaza de juez, alguna de fiscal y lajs y plazas de gestión y tramitación sobre todo especializándose en la tramitación de procedimientos concretos. La especialización es necesaria, sin duda”.

Para Jordán “hay otro problema de falta de personal. Los procesos de estabilización se han atascado desde hace cuatro años con dos Opes que vienen detrás que siguen atascadas. Es el momento que Gobierno y CCAA implementen una serie de medidas para encauzar la situación. En Madrid la directora general de Justicia nos contó que iban a poner en marcha programas de formación de puestos directivos a los jefes de equipo de cuerpos generales. Esos programas hacen falta para los LAJS y también para el resto de funcionarios”.

Desde CSIF se es consciente que hay que incrementar las plantillas, no solo de jueces y fiscales anunciados por Bolaños, sino también de lajs y de cuerpos generales, necesarios para que el sistema funcione “Hay servicios que no se han creado porque no hay plantilla. La solución no es trasladar funcionarios de ejecución a tramitación como se quiere hacer en alguna CCAA. Se trata de aportar los recursos y presupuestos suficientes para tener una justicia de calidad”.

Respecto a la falta de presupuesto, el presidente de CSIF Justicia es consciente que hay que invertir en capital humano y en esa gestión del cambio “es cierto que hay que cuidar el gasto para que el dinero revierta en mejoras del servicio pero hay que invertir en una serie de cosas que la Ley de Eficiencia no ha previsto, en los plazos de su implementación”.

¿Cómo gestionar este Plan de Choque?

   
  Maria Jesús Moro diputada de Justicia del PP indica que la precipitación en la implantación de los Tribunales de Instancia está creando graves disfunciones en el funcionamiento de la Justicia".  
     

La implementación de este Plan de Choque iría de la mano de la Comisión de Calidad prevista en la LOPJ, para el seguimiento de esta Ley de Eficiencia que podría jugar aquí un papel esencial “El problema es que no tenemos Presupuestos Generales en los últimos tres años. Según el articulo 149 de la Constitución la competencia directa y exclusiva de la administracion de Justicia es del Estado, otra cosa es la transferencia de la gestión de sus medios personales y materiales a las CCAA. Con este decálogo planteamos varias medidas para revertir esta situación”, aclara Jordán.

En este sentido, CSIF exige la adopción de las siguientes medidas:

•         Implantación de planes de formación sobre habilidades directivas. La falta de cultura directiva en la administración de Justicia está creando una situación de vacío en la dirección de los servicios, áreas y equipos. Cada vez es más importante la gestión de grupos, el uso de la inteligencia emocional y la planificación de recursos.

•         Puesta en marcha de planes de apoyo formativo al personal que ha cambiado de funciones y/o tareas. Pueden establecerse de modo presencial u online de apoyo a la tramitación, así como planes formativos conjuntos de letrados y cuerpos generales que permitan eliminar barreras y la implantación de un verdadero trabajo en equipo.

•         Adaptación de los programas de gestión procesal a la nueva organización. La situación de algunos ámbitos territoriales es lamentable, con programas que muestran graves carencias para gestionar los procedimientos con la nueva organización en servicios, áreas y equipos.

•         Revisión de las relaciones de puestos de trabajo. Es necesario actuar en dos direcciones: incremento de plantillas y profundizar en la especialización con la creación de equipos especializados por orden y especialidad de jurisdicción en el servicio común de tramitación.

•         Revisión de los protocolos de actuación. Hay que impulsar la participación de los directores, jefes de área y de equipo para que sean verdaderos manuales de funcionamiento con disposición claras.

•         Desatascar la situación de los procesos selectivos y concursos pendientes de resolver desde hace años. Esta situación impide una justicia eficiente ya mantiene la provisionalidad de cerca de 12.000 plazas y perjudica el desarrollo profesional y personal de miles de opositores. La solución es la creación de las unidades administrativas, como recoge el artículo 439 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en todas las administraciones prestacionales.

•         Puesta en marcha del modelo de carrera profesional. Este Real Decreto básico se está negociando con el Ministerio conforme al artículo 519 de la LOPJ y es una de las claves de la gestión del cambio.

•         Implantar una actitud de escucha permanente de las administraciones a todos los colectivos de la Justicia. La Comisión de Calidad prevista en la LOPJ jugará aquí un papel esencial. También es urgente que se aprueben cuanto antes unos Presupuestos que incrementen la partida para Justicia.

•         Revisión de la normativa de provisión de puestos de trabajo tanto de la parte básica de aplicación a toda España como de su desarrollo normativo en cada ámbito. También es importante la modernización de los planes de actuación y de la productividad y la revisión del sistema de guardias.

•         Revisión de los perfiles profesionales de los cuerpos de Justicia, la redistribución y clarificación de funciones y su reconocimiento legal, laboral y retributivo. De lo contrario, la reforma del modelo organizativo no servirá.

Desde esta organización sindical, mayoritaria en la justicia, se es consciente del momento complejo que se vive en estos momentos con CCAA como Aragón que ahora están cerrando la implementación de los tribunales de instancia y otras más rezagadas. “Es fundamental impulsar la gestión del cambio que planteamos y dotar a la reforma del presupuesto adecuado. Nos jugamos mucho en estos momentos”, apunta Javier Jordán.