- Este sindicato subraya el crecimiento del personal desmotivado o quemado, burn out, a los que se le cambia de trabajo de forma periódica en esta nueva organización judicial
| |
 |
|
| |
Adriano Moreno, secretario general de este sindicato, confiesa que no habia vivido tanta desorganización en la administración de justicia como ahora
|
|
| |
|
|
Los tribunales de instancia y sus problemas siguen generando malestar en operadores jurídicos y organizaciones sindicales. A sus quejas generalizadas a primeros de año, que recogía nuestra publicación han llegado otras más concretas por CCOO pidiendo una reunión a Bolaños. y ahora por la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO (FAC-USO), que a través de su sector de Justicia (SPJ-USO), denuncia que la implantación de los tribunales de instancia se está desarrollando sin planificación, sin medios suficientes y con protocolos de trabajo que agravan el colapso.
La supuesta modernización del servicio público se está traduciendo, en la práctica, en desorganización, sobrecarga y retrasos que perjudican a los profesionales y, sobre todo, a miles de ciudadanos que esperan una respuesta judicial. “Nos encontramos con un modelo que se está imponiendo a golpe de improvisación, sin inversión real y sin escuchar a quienes sostienen la Justicia cada día. No ha habido una planificación organizada y estudiada contando con nuestro colectivo que a día de hoy es el 80% de los profesionales que trabaja en la administración de justicia, No ha he visto un caos de este tipo en cuarenta años de actividad sindical profesional, denuncia Adriano Moreno, secretario general de SPJ-USO.
Una reforma que traslada el problema a la ciudadanía
Desde su puesta en marcha, la reorganización está provocando confusión en la asignación del personal, equipos fragmentados en múltiples “microestructuras” y criterios poco transparentes, dificultando la cobertura normal de bajas, permisos y vacaciones. A esto se suma un problema estructural: se crean plazas en determinados niveles, pero no se refuerzan de manera proporcional las plantillas de los cuerpos generales, quienes asumen la tramitación diaria y el soporte real del servicio.
“El resultado es claro: más carga de trabajo con menos margen operativo, y eso se traduce en demoras en señalamientos, retrasos en notificaciones, acumulación de tareas y mayor riesgo de errores”, aclara Moreno.
A este respecto señala que nos impiden la especialización que hemos tenido siempre como profesionales, desde hace décadas; “haciendo un símil con los hospitales, hay personal médico que se especializa en distintas materias. En justicia hay muchas jurisdicciones, como todos sabemos. Cada una tiene unas peculiaridades y una tramitación concreta. Lo normal que el personal se especialice en una de ellas y desarrolle su vida laboral. Esto ha saltado por los aires con la implementación de los tribunales de instancia. Es un modelo organizativo donde no sabes lo que vas a llevar el mes que viene. Si a un trabajador le cambias de sitio, su productividad cae en picado.
FAC-USO denuncia también que los programas de gestión procesal y herramientas digitales no están plenamente adaptados al nuevo modelo, lo que obliga a duplicar tareas y ralentiza la tramitación. El pretendido modelo de “papel cero” continúa siendo, en demasiados casos, una promesa incumplida: se tramita digitalmente, pero se mantiene documentación en papel, se repiten pasos y se multiplican gestiones internas. Esto no solo penaliza al personal sino también, directamente, a la ciudadanía, que sufre un servicio menos ágil y más incierto.
Desde SPJ-USO se han mandado distintos escritos al Ministerio de Justicia para que ponga en marcha un plan de riesgos psicosociales Fotos SPJ-USO
Malos protocolos y retrasos
Otro elemento preocupante es la proliferación de protocolos de actuación que normalizan prácticas lesivas para los derechos laborales y para la calidad del servicio. Entre las medidas que se están imponiendo o promoviendo destacan:
No cubrir bajas ni ausencias, redistribuyendo el trabajo entre el personal disponible como “solución” habitual, “Falta gente como estamos viendo en muchos órganos judiciales. La falta de organización no ha previsto esas vacantes que ahora hay en distintos órganos judiciales”.
Junto a ello Adriano Moreno nos explica que ahora se impone la figura de personal “referente” encargado de traspasar conocimiento y formar a nuevas incorporaciones, con responsabilidades añadidas sin voluntariedad, sin reconocimiento y sin retribución.
También subraya que se están asignando los asuntos más urgentes y prioritarios “en general” al personal con mayor experiencia, convirtiendo la experiencia en un factor de sobrecarga sistemática. Este modelo, además de injusto, es profundamente ineficaz: aumenta la presión, eleva el desgaste y conduce a desmotivación, lo que deteriora el servicio y multiplica el riesgo de fallos”.
También, la implantación del nuevo modelo organizativo y tecnológico está afectando a la Justicia en el ámbito rural, particularmente en el funcionamiento de las Oficinas de Justicia en el Municipio (antiguos Juzgados de Paz) y en su conexión con el Registro Civil y los sistemas de tramitación. USO denuncia falta de medios en muchas oficinas: ordenadores obsoletos, limitaciones técnicas que ralentizan cualquier operación, métodos “caseros” para compartir documentación, y una formación insuficiente para sistemas complejos que están cambiando procedimientos esenciales para la ciudadanía.
