- Será a partir del próximo 12 de enero cuando se vea si realmente esta reforma funciona o si hay que hacer modificaciones sobre la marcha
El cambio ha llegado a la administración de justicia. Si este miércoles eran los lajs, gracias al CNLAJ los que cuestionaban el modelo implementado de tribunales de instancia, ahora en su tercera fase, en esta oportunidad, Lawandtrends recoge las opiniones de los principales sindicatos mayoritarios de justicia CSIF, UGT, STAJ Y CCOO quienes han mostrado su preocupación en este escenario de cambio de modelo por la falta de organización de esta reforma. Ellos en la primavera del 2023 fueron a la huelga por esta reforma y por mejorar sus condiciones laborales “Son días de poca actividad. Nadie sabe qué tiene qué hacer y hay muchas incidencias informáticas, tampoco los letrados saben qué deben encargar” señalan.
Curiosamente este miércoles las organizaciones sindicales acudieron a una reunión con el subdirector general del Ministerio Javier Moriñigo de la mesa sectorial. Pero la problemática de los tribunales de instancia se ha dejado al margen. En la reunión se habló de la convocatoria próxima de los procesos selectivos a letrados. También los sindicatos presentes recordaron la necesidad de avanzar en temas importantes como carrera profesional de estos profesionales y en la vuelta del teletrabajo que van con retraso en su implementación. Ahora esperan que Justicia lo desarrolle en un Real Decreto con carácter básico dicha carrera profesional para que luego las CCAA con competencias transferidas las implementen
Los portavoces consultados también subrayan que cualquier reforma necesita de las inversiones adecuadas para que realmente tenga el efecto que se persigue. Se quejan de que muchos de sus informes no han sido tenidos en cuenta por los técnicos del Ministerio para el diseño e implantación de esa oficina judicial “No era necesaria hacer esta reforma tan deprisa y de forma atropellada”, es otra de las conclusiones de sus portavoces, quienes siguen viendo necesario que se utilice la moratoria de seis meses que la propia ley de eficiencia procesal, que acaba de cumplir un año, tiene en su contenido, sobre todo para macroestructuras de Madrid y Barcelona.
Bolaños en una reunió con el consellere de Justicia de la Generalitat Espalader para abordar los tribunales de instancia. Barcelona capital, al igual que Madrid tendrá un desarrollo más flexible (Ministerio de Justicia)
CSIF augura que habrá muchos problemas
Javier Jordán, presidente de Csif Justicia, recuerda que el sindicato esta expectante: es previsible que pidan al Ministerio que convoque la mesa sindical y que las CCAA convoquen sus mesas sectoriales. La reforma plantea una Comisión con Ministerio, CCAA y representantes sindicales que debería haberse activado ya “Esos protocolos se nos han entregado hace quince días sin ningún control en su implementación, no solo nivel de CCAA y sede judicial, sino que a nivel de servicio, unos se actuarán de una manera, y otros de otra. Este contexto va a incrementar la conflictividad por problemas de interpretación. Se ha trabajado muy duro en los departamentos de gestión de las CCAA y Ministerio. Hubiera sido necesario, tal y como planteamos en su día acogerse a la moratoria de seis meses que marca la ley”.
En su opinión “al no haber movimiento por las fechas en las que estamos no podemos saber qué problemas hay. La prueba de fuego será a partir de este miércoles y sobre todo a partir del 12 de enero “curiosamente en la última Conferencia Sectorial de justicia, Ministerio y CCAA decidieron evitar una prórroga de la entrada en funcionamiento de esta última fase de los tribunales de instancia, pese a los trabajos que siguen sin completarse, sin embargo luego se habló de flexibilizar esa implementación. Creemos que esa va a ser la tónica general. Todo se hará de forma gradual, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga porque aún hay cuestiones por mejorar en esta implementación de los tribunales de instancia”.
Desde CSIF se cree que “va a haber bastantes problemas. Ahora lo que nos toca es la detección de esos problemas y denunciarlos. Esta semana haremos un análisis inicial de lo que está pasando con la información que nos está llegando; hay problemas con la rotulación, los protocolos de actuación se han dado a conocer muy tarde, hay algunos que creemos que no tienen sentido y van a dar problemas, otros al margen de las rpts negociadas lo que va generar cierta descoordinación entre los secretarios de gobierno y las propias administraciones. Junto a ello habrá que ver si la tecnología que se implementa ahora funciona realmente. Lo iremos viendo de inmediato. En el caso que haya que hacer un parón para hace la transición al nuevo modelo nos encontraremos ante una situación de caos”.
En la primavera del 2023 las organizaciones sindicales se unieron para reclamar mejoras salariales y reformas en la ley de eficiencia procesal. El acuerdo que firmo Bolaños en abril del 2024 con CSIF, UGT, STAJ Y CIGA rompió esa unidad. CCOO y ELA no lo suscribieron. (Foto ljsanchez/lawandtrends)
Esta todo por hacer
Desde Barcelona, Noelia Medina, secretaria general de justicia en FSC- CCOO, advierte que la preocupación de su organización ante la entrada de esta tercera fase de los tribunales de instancia “los primeros datos que ha dado el Ministerio de Justicia no son reales. Basta con ir a cualquier órgano judicial al azar para comprobar si el personal, funcionarios, lajs y jueces están contentos con esta reforma. La desorganización es absoluta. Nosotros ya denunciamos las carencias de esta ley de eficiencia procesal desde sus orígenes como proyecto de ley, ese escenario generó que nuestro colectivo estuviera dos meses y medio de huelga en todo el país. “Se están vulnerando muchos derechos laborales de nuestros compañeros y muchos de estos asuntos se van a judicializar”.
A su juicio “la situación roza el desastre. La única CCAA que ha sido coherente tras la sectorial de diciembre entre Ministerio y resto CCAA con competencias transferidas ha sido Asturias que pidió una prórroga. Ninguna autonomía ha querido ser el primero en pedir esa prórroga de seis meses que ya existe en la ley de eficiencia procesal que acaba de cumplir su primer año de vida. Nadie quería quedar delante del resto, como incapaz de implementar estos tribunales de instancia. Nosotros hemos presentado ya varias demandas contra los propios tribunales de instancia por su aplicación, tanto en territorio nacional como en CCAA como Cataluña. La ley ya es escasa y deficiente, solo falta que determinados ámbitos territoriales no cumplan con ella y sean más restrictivos de lo que es la ley”.
Para Medina “da la sensación que el ministro Bolaños vive en una realidad paralela La reforma que plantea para hacer más eficiente la justicia es necesaria pero no descartemos que se produzca un parón para pasar del modelo actual de justicia al colegiado de los tribunales de instancia. No hay ninguna transición hecha sobre esta reforma. No hemos recibido formación adecuada para los nuevos puestos de trabajo y habrá que ver si la tecnologia ya instaurada funciona. Ahora los nuevos juzgados están teniendo más retraso en su funcionamiento que el que tenían lo que cuestiona los datos del ministro que no pertenecen por lo que hemos visto a las estadísticas judiciales habituales del CGPJ. La desorganización es absoluta porque no se ha logrado homogeneizar el servicio”.
En los nuevos juzgados de instancia todavía se observa mucho papel como en este de Asturias (Poder judicial)
Las grandes ciudades son un problema
Por su parte, Jesus Vicente Santos, secretario general de UGT Justicia, “es cierto que esta implementación no se ha hecho de la mejor manera, pero hay que darla tiempo. La negociación ha sido meramente formal sin que hubiera escucha activa a los sindicatos, salvo en Cataluña, en ningún sitio se ha firmado un acuerdo de implantación. En primera y segunda fase, que ya llevamos tiempo, unos juzgados se han adaptado al nuevo modelo y hay previsto modificar algunas RPts de distintos tribunales de instancia de la Comunidad de Madrid. Madrid capital, que es el gran tribunal de instancia si que hay que darse más tiempo, como se va a hacer con Barcelona. El acoplamiento se ha notificado a todos los compañeros, los lajs unos están a favor y otros en contra, los jueces decanos ninguno”.
En su opinión, realizar toda esta gran reforma en un solo año es complicado “estamos viendo cierta precipitación de actuaciones en esta tercera fase de la implementación de los tribunales de instancia. En el caso de Madrid, quizás cada una de sus áreas debería haber ido con sus fechas; el área de instrucción el 31 de enero, el área civil o contencioso para el 31 de marzo y el laboral en otras fechas para que no fuera todo a la vez y se pudiera haber ido comprobando y viendo lo que se hacia para así corregir las deficiencias sobre la marcha. Creo que debería haberse hecho alguna nueva prueba piloto. Solo en Madrid hay 105 juzgados de lo civil, 54 de instrucción o 52 de lo social. Esta estructura hubiera necesitado un poco más de tiempo. Ahora hay que ver como van a funciona y rectificar esos fallos”.
Desde su punto de vista hacer un parón no se puede hacer “Este parón debería haberse programado en julio o septiembre para poner una entrada más progresiva en partidos judiciales como Madrid. Las prisas las impuso el Gobierno cuando aprobó la ley con esos plazos escasos porque nos jugamos Fondos Europeos. Hemos llegado pero no sabemos cómo hemos llegado La reticencias siguen existiendo en muchos juzgados, ahora tribunales de instancia siguen trabajando como si fueran juzgados individuales, esperemos que los secretarios coordinadores de los TSJ obliguen a sus letrados a que se hagan los equipos como dice la propia norma que lo regula. Necesitamos la implicación de todos, magistrados, letrados y directores de servicios comunes así como secretarios de gobierno para que la reforma funcione”.
Generará retrasos en los ciudadanos
Desde STAJ su portavoz en Madrid, Alberto Garcia, señala a nuestro medio la importancia de esa Sectorial de justicia entre CCAA y Ministerio donde todos dijeron de “ir para adelante pese a los problemas existentes. En el caso de Madrid, es uno de los sitios más grandes. Ahí es donde están todos los problemas está siendo un caos. Al final será el propio esfuerzo de los trabajadores que pese a que no se les ha tenido mucho en cuenta, serán los que saquen esta reforma adelante. Por lo visto habrá que cambiar muchas cosas y poner más sentido común para que la nueva oficina judicial funcione realmente. Esta reforma es poco clara y va a generar un retraso a la ciudadanía enorme en cuanto a la tramitación de muchos asuntos”.
Nuestro interlocutor recuerda que en Madrid es casi todo papel “eso habría que haber empezado digitalizándolo todo. Al no haberlo hecho así, el problema es que la Comunidad de Madrid tendrá retrasos. Nadie pidió una prórroga y en esa situación estamos. Ahora el funcionario gestiona varias cajas con expedientes que no conoce. Debe colocar y estudiar. Lo que va a requerir mucho tiempo. Todo eso puede generar una parada en la tramitación de los procedimientos y en la atención al público. El sistema cambia antes era por equipos con el juez, ahora es más complejo. La transición esta siendo complicada y atropellada. En violencia e instrucción en Madrid ante el miedo de un colapso se ha dejado como estaba. El modelo no se ha aplicado”.
STAJ ha recurrido judicialmente las fases que se pusieron en marcha de los tribunales de instancia de Madrid y Andalucía. “Una cosa es la norma y otra es como se aplica. En esa aplicación hemos visto poco homogeneidad en los procedimientos e interpretar la norma de forma aleatoria. Es posible que en el medio plazo acabemos en una administración diferente a la que se pretendía y que acabará funcionando. Debemos recordar que en el inicio de la tramitación de la norma, letrados de la administracion y jueces lograron una subida retributiva que los funcionarios no logramos pese a la huelga que realizamos. Seguimos esperando la propuesta del ministro Bolaños sobre carrera profesional. Es algo que urge. Los trabajadores deben estar motivados para sacar esto adelante. Su desconocimiento de la administracion de justicia nos preocupa bastante”.
