- Jueces decanos y Audiencia Nacional habían reclamado un aplazamiento por el desbarajuste existente de este nuevo cambio de modelo
Pese a la nota oficial del Ministerio que señala que en la Sectorial de Justicia celebrada de forma online entre el Justicia y las CCAA se habla de la implementación final de los tribunales de instancia, a 31 de diciembre, lo cierto es que tras una votación pedida por varias CCAA como Asturias y País Vasco, esta entrada en funcionamiento se va a flexibilizar.
Eso hará que en Avilés, Gijón y Oviedo estén operativos a partir del 15 de febrero y que partidos judiciales como Barcelona tenga también un desarrollo progresivo, tal y como pidió en rueda de prensa la decana del ICAB, Cristina Vallejo.
En esta reunión sectorial, en un momento de la misma, las CCAA votaron la aprobación de eta flexibilización para la puesta en funcionamiento de los Tribunales del Instancia, que tras el acuerdo de la sectorial deberán estar plenamente operativos el 31 de marzo de 2026.
En vísperas de esta reunión se han escuchado estos días las opiniones de los principales jueces decanos del país, como la juez decana de Madrid, Maria Jesús del Barco, de magistrados de la Audiencia Nacional, así como declaraciones de Marien Ortega, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria que cuestiona los datos presentados en dicha reunión de trabajo entre Ministerio y CCAA
Marien Ortega, portavoz nacional de AJFV, ya le dijo a Bolaños en el ultimo Congreso de su asociacion judicial, lo mismo que ha vuelto a reiterar, “la reforma de los Tribunales de Instancia necesita de medios y más jueces”, criterios que comparte con otros jueces decanos de Madrid (imagen AJFV)
Jueces y Lajs, a favor de la demora
Para Ortega, el Ministerio de Justicia presume hoy de 'resultados tangibles' y mantiene el calendario para la implantación de la tercera fase de los tribunales de instancia, desoyendo a quienes pedimos una evaluación seria y más recursos. Saca pecho porque se reducen los actos de comunicación pendientes, hay menos ejecuciones y menos pleitos civiles, derivados de la existencia de los conocidos como MASC, Medios Adecuados de Solución de Controversias, y por la propia implementación de los tribunales de instancia.”
En su opinión, como la de muchos jueces decanos, no tiene en cuenta “ese descenso en el número de demandas nuevas en un 31% según el CGPJ obedece, en parte, a los propios MASC, porque introducen un trámite previo que dilata el procedimiento. No se soluciona el problema. La pelota está en otro tejado. Su triunfalismo va de la mano del ninguneo de la opinión de los operadores jurídicos.”
Al mismo tiempo destaca que “tanto la Asociación Judicial Francisco de Vitoria como los decanos de más de 50 grandes capitales y la Audiencia Nacional solicitamos el aplazamiento de su implementación. Transmitir la idea de que más de 300 tribunales de instancia han entrado en funcionamiento sin incidencias significativas es simplificar una problemática creciente sin exponer todos los datos y obviando que el verdadero problema de la Justicia es la escandalosa falta de jueces y magistrados. Es ignorar las voces que advertimos de que, sin planificación y sin recursos, la nueva Oficina Judicial puede desembocar en el colapso de la Administración de Justicia".
Por su parte, Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, (CNLAJ) explica a nuestro medio que “esta reforma debe contribuir necesariamente a generar mayor confianza, coordinación y centralización de recursos, pero lo que estamos percibiendo hasta ahora, es precisamente lo contrario, desconfianza de todos los afectados como consecuencia de una inexistente gestión del cambio, descoordinación en unas y otras sedes, dispersión de criterios, falta de garantías, demasiada prisa y solución de problemas de forma “atropellada” como venimos repitiendo”.
Desde su punto de vista “ mucho nos tememos, que de no hacerse bien las cosas, las ventajas de la nueva organización debe aportar, se puedan ver frustradas como consecuencia de una incorrecta puesta en marcha. A su juicio el camino no está tan despejado como dicen. Aun queda mucho trabajo por hacer. Veremos pronto que CCAA están funcionando a nivel de tribunales de instancia el próximo 2 de enero. Una cosa es empezar a trabajar en su desarrollo y otra diferente es la implementación plena”, advierte
En su opinión, “Lo que ahora podemos decir es que en todo el territorio nacional, transferido o no, hay muchas cosas por hacer; el llamado “acoplamiento” de los Letrados de la AJ y resto de personal, sigue sin acabar de formalizarse, el proceso está siendo tedioso y carente de garantías, lo que está generando desconfianza y recursos judiciales de los afectados frente a los decisiones irregulares que se han adoptado lo que va a generar serios inconvenientes.
Nuria Martinez, Consellera de Justicia con una de sus colaboradoras, se ha quejado de la falta de liderazgo de Justicia en esta reforma de los tribunales de Instancia (Generalitat Valencia)
Valencia pide más recursos
Respecto a las CCAA, la situación es muy distinta en cuanto a su implementación Por su parte, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha puesto en valor el esfuerzo de la Generalitat para cumplir con los plazos de implantación de los Tribunales de Instancia y ha trasladado al Ministro Félix Bolaños, su malestar por la falta de coordinación y recursos del Gobierno de España en el proceso de implementación de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Para la consellera, la implementación de esta nueva norma “ha supuesto una reorganización sin precedentes de la estructura judicial. Hemos hecho frente a estos cambios sin apoyo ni coordinación por parte del Gobierno de España. Nos hemos esforzado, hemos sido rigurosos y hemos trabajado desde el consenso para que los Tribunales de Instancia estén operativos a 1 de enero de 2026 tal y como exigía la ley”, ha aseverado la consellera Nuria Martínez.
No podemos eludir la cuestión de la financiación, y más en el caso de la Comunitat Valenciana, una autonomía que padece una infrafinanciación estructural y que, además, está afrontando en solitario la reconstrucción y recuperación social y económica tras la riada. Esta norma nos está costando alrededor de 50 millones de euros”, ha detallado, que ha echado de menos que sea una reforma reflexionada, consensuada y con provisión de recursos y coordinación para su implantación”, ha defendido Martínez.
En este sentido, la consellera de Justicia ha mostrado su consideración hacia la postura de la judicatura ante la culminación de la tercera fase de la implementación de la norma. “Somos sensibles a la situación de las Salas de Gobierno y de los Tribunales de Instancia y en base a ello, admitimos flexibilidad en cuanto a la implantación en algunos partidos judiciales”, ha manifestado la consellera durante su intervención.
Andalucía llegará a tiempo
.Por su parte, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía culminará en tiempo y forma la implantación de la reforma judicial impuesta por el Gobierno con la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrará en vigor el 31 de diciembre en las ocho capitales, Algeciras, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Motril.
Así lo ha expuesto el consejero, José Antonio Nieto, en la Conferencia Sectorial celebrada hoy entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia para analizar el desarrollo de este “cambio profundo” que “Andalucía ha demostrado que tiene compromiso y capacidad para asumir”. De hecho, el propio ministro ha reconocido en la reunión que “es una de las comunidades más adelantada y donde mejor ha evolucionado el servicio” en los 73 partidos judiciales ya adaptados al modelo de tribunales de instancia.
En el caso de los 12 partidos judiciales en los que la ley entrará en vigor el 31 de diciembre, el consejero ha explicado que la semana pasada terminó el proceso de acoplamiento para asignar a sus nuevos puestos a los 5.000 funcionarios de estos 12 partidos judiciales. La nueva estructura supone transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, órganos colegiados donde los gestores, tramitadores y auxilios judiciales ya no trabajarán para un juez y un juzgado concreto sino en secciones y servicios comunes, con estructuras flexibles que requieren también nuevos puestos de jefatura para su coordinación.
Pese a que Andalucía ha hecho los deberes, no obstante, la Junta ha votado a favor de este aplazamiento para que se pueda aplicar en los territorios que así lo han solicitado. Además, se ha acordado a propuesta del Ministerio “una interpretación flexible” que permite una “adaptación paulatina y sensata a la Ley”. Así, habrá un margen hasta el 21 de marzo para que se puedan hacer ajustes, ya que el Consejo General del Poder Judicial tiene que aprobar en los primeros meses de 2026 “los dos reglamentos más importantes que faltan”.
La puesta en marcha de esta ley supone la mayor transformación de la Justicia desde el siglo XIX no ha estado exenta de polémica desde su puesta en marcha. Hay que recordar que en la última sectorial celebrada el pasado mes de abril en Barcelona , las CC.AA. gobernadas por el PP decidieron boicotear la Conferencia Sectorial, y no acudir a la misma, al no lograr que en el orden del día se hablase de la financiación de la norma. Esta decisión fue compartida por los consejeros de Valencia, con Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, La Rioja y Cantabria, que también han desistido de participar en el encuentro.
Una financiación que ha generado costes adicionales de más de 45 millones a la CC.AA.; 63 millones a Andalucía y unos 50 a la Generalitat Valenciana. Estas y otras pedían una cofinanciación, pero el Ministerio de Félix Bolaños indica que ya entregó un dinero por encima de 325 millones repartido en el 2021. El problema es que no parece muy dispuesto a financiar de nuevo a las CC.AA. En esta sectorial algunas CC.AA. se han quejado de la falta de liderazgo del Ministerio en este proyecto tan importante para la transformación de nuestra justicia.
