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Cristina Vallejo, decana del ICAB, coincide con otros juristas en la falta de medios y recursos para implementar la última fase de los Tribunales de Instancia (Retrato) FOTO ICAB

  • La Junta de Gobierno que preside acaba de hacer balance de sus primeros seis meses al frente de la entidad colegial

A medida que el 1 de enero se acerca, fecha de la implementación de la última fase de los Tribunales de Instancia, crece el temor a que se vayan a cumplir los plazos. Si este martes Salvador Gonzalez, presidente del CGAE, veía con buenos ojos un aplazamiento, hoy ha sido la decana del ICAB, Cristina Vallejo que en su balance de gestión de los primeros seis meses al frente de la entidad colegial, ha aprovechado también para hablar de la actualidad jurídica.

 A su juicio hay que hacer una implementación progresiva en el 2026. Hay que recordar que la Ley de Eficiencia 1/2025 plantea una prórroga de seis meses en su texto normativo. En los mismos términos de aplazamiento se han manifestado la jueza decana de Madrid, Maria Jesús del Barco junto a Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administracion de Justicia (CNLAJ) y Juan José Yáñez, portavoz nacional de la Unión Progresista de Letrados de la Administracion de Justicia (UPSJ).

En declaraciones a este medio ha confirmado la necesidad urge incorporar más jueces, personal y digitalización para poder implementar al 100% la Ley de Eficiencia en su totalidad según las fechas previstas. “Faltan recursos y creemos que debe hacerse una aplicación progresiva, empezando por la jurisdicción mercantil”.

Desde su punto de vista en esa implementación progresiva se podría implementar en las jurisdicciones de familia y discapacidad, al considerar que la especialización lo hará más factible. Y luego, progresivamente, se podría desplegar en la jurisdicción civil -que tiene 110.000 expedientes en marcha en Barcelona-. En el caso de la penal, ha asegurado que "hasta que no esté digitalizada", será imposible.

Para la decana habrá que hacer una implementación progresiva de la normativa en los próximos meses, con más jueces y profesionales

Faltan los "55 jueces prometidos"

Además de la digitalización de la jurisdicción penal, Vallejo ha explicado que faltan los "55 jueces prometidos", más recursos económicos y más personal. Según ha dicho, la implementación de la fase 2 ha puesto de manifiesto que existe un problema de funcionarios interinos, de auxilios de justicia, y de que los gestores, que son quienes tienen que gestionar los asuntos, realizan funciones de auxilio.

La decana del ICAB asegura que todo ello se está solucionando poco a poco y con diálogo. Y que, periódicamente, se reúnen con el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y con la conselleria de Justicia y Calidad Democrática. A su modo de ver, con una implementación progresiva, estos problemas se arreglarán, "pero sin recurso de jueces y de personal y sin digitalización la implementación no podrá ser una realidad".

Vallejo también ha apuntado que la comarcalización de los jueces de violencia de género está provocando disfunciones. Para ello, ha puesto como ejemplo el caso de Vilafranca del Penedès (Barcelona), donde los agresores sexuales detenidos pasarán a disposición a la comisaría de la localidad, pero la causa penal irá a parar al juzgado especializado de Vilanova i la Geltrú.

32% de objetivos cumplidos

En cuanto al balance de esos seis primeros meses, comparecieron ante los medios además de la decana, Cristina Vallejo, el vicedecano, Jorge Navarro, y los diputados Quim Clavaguera, Lluís Rodriguez, Cristina Díaz- Malnero y Vanessa Sánchez

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha afirmado que “la puesta en marcha de más de una treintena de hitos en tan pocos meses pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Gobierno y del ICAB con la defensa de la abogacía, la mejora de los servicios colegiales, la función social del derecho y la adaptación a los nuevos retos profesionales, tecnológicos y sociales”.

Entre los hitos más destacados en Función Publica, se han detectado mejores en el Turno de Oficio. Ahí se encuentra el acuerdo con los Mossos d’Esquadra que permite el aparcamiento gratuito en el aeropuerto de El Prat para los letrados y letradas del Turno de Oficio durante sus actuaciones de oficio.

“Se trata de una reivindicación histórica que beneficia a los más de 2.800 profesionales que prestan este servicio en la demarcación territorial del ICAB, ya que la mayoría de desplazamientos para realizar las actuaciones que se realizan en el aeropuerto suelen hacerse con vehículo privado”, ha explicado Jorge Navarro, vicedecano del ICAB.

También se han impulsado las jornadas formativas semanales “Miércoles en el Turno” y se han celebrado “Asambleas de Transparencia del Turno de Oficio” con el fin de conocer de primera mano las necesidades de la Abogacía de Oficio. “Estas medidas son necesarias para mostrar apoyo a la abogacía que está prestando el servicio público del Turno de Oficio las 24 horas del día, los 365 días del año, y para reclamar más recursos ante las Administraciones”, ha afirmado Navarro.

Amparo de la Abogacía

Sobre esta cuestión, ahora con un marco legal más amplio tras la aprobación hace un año de la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, el vicedecano del ICAB también ha explicado que “se ha dado un nuevo impulso a la Comisión de

Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) para velar por la defensa de la abogacía.

En este sentido, cabe destacar el trabajo para reducir la inseguridad jurídica reclamando criterios unificados en la aplicación de la LO 1/2025”, una norma que introduce la obligatoriedad de intentar una solución consensuada previa a la vía judicial en asuntos de familia, incluyendo expedientes de jurisdicción voluntaria que tradicionalmente eran ágiles y sencillos. El objetivo de esta medida es fomentar la resolución extrajudicial de conflictos, bien directamente entre las partes o mediante la intervención de un tercero neutral, entre otros.

Cumplir con este nuevo requisito no solo afecta a la admisión de la demanda, sino también a cuestiones clave del procedimiento judicial, como la imposición de costas, o la posibilidad de solicitar su exoneración o minoración.

Sin embargo, tras estos primeros meses de aplicación se ha evidenciado que esta exigencia formal de conciliación previa está provocando la inadmisión de demandas y, en consecuencia, retrasos que pueden desvirtuar el objeto de la petición. Todo ello debido a una redacción ambigua de algunos artículos de la ley, lo que ha generado una disparidad de criterios interpretativos.

En estos seis meses, la Junta de Gobierno que preside Cristina Vallejo ha impulsado avances notables en el Turno de Oficio, internacionalización del ICAB y amparo colegial, mostrando su apoyo a la Pasarela al Reta para los mutualistas

Lucha jubilación digna

La decana de la abogacía barcelonesa ha afirmado que el ICAB mantiene una posición firme y muy clara en relación con la problemática de la abogacía mutualista. Por ello, “hemos instado a los grupos parlamentarios a consensuar de manera urgente la reforma para aprobar la Pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

 Además, el ICAB, al igual que el CGAE, ha denunciado la lentitud en la tramitación de la Pasarela al RETA, cuando está a punto de cumplirse un año desde la presentación de la proposición de ley en el registro del Congreso de los Diputados”, ha declarado la diputada Vanessa Sánchez.

La decana del ICAB también ha expresado que “los abogados y abogadas cotizantes y sus familias merecen que los partidos que los representan en el Congreso de los Diputados hagan lo necesario para consensuar el texto de la reforma, ya que dilatar aún más la última fase del proceso legislativo en una reforma sin aspectos ideológicos no solo agrava el problema, sino que además supone penalizar de forma adicional a los mutualistas que afrontan la compensación de décadas de trabajo al servicio de la sociedad”.

Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial es una realidad con la que convive la abogacía. “Es una prioridad de la Junta de Gobierno facilitar a todas las personas colegiadas herramientas para conocer esta tecnología y que nadie se quede atrás”, ha declarado la decana del ICAB.

A través del programa ALIAT, una iniciativa para proyectar el ejercicio de la abogacía en el entorno digital y el big data, la Biblioteca del ICAB está potenciando acuerdos con editoriales jurídicas para dar a conocer las herramientas desarrolladas en relación con la IA y facilitar su uso a las personas colegiadas, ofreciendo acceso gratuito a estas herramientas durante un periodo de prueba.

La puesta en marcha de más de una treintena de hitos en tan solo cinco meses reafirma el compromiso de la nueva Junta de Gobierno del ICAB con una abogacía fuerte, moderna, socialmente comprometida y preparada para afrontar los retos presentes y futuros de la profesión.

Internacionalización

El ICAB refuerza su presencia internacional para hacer llegar la voz de la abogacía participando en congresos europeos. “Así, por ejemplo, en el marco del Congreso de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), el ICAB puso de manifiesto la necesidad de que España ratifique el Convenio —del Consejo de Europa— para la protección de la abogacía. Se trata del primer tratado internacional que protege de forma directa y explícita a la abogacía”, ha expuesto Vallejo.

Y ha añadido: “También estamos estableciendo acuerdos con instituciones para promover la participación de la abogacía en foros internacionales, como el acuerdo con la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona”.

En materia de gobernanza, Gobernanza, medio ambiente y ética, el ICAB ha elaborado un “Plan de Sostenibilidad 2025-2029”, alineado con la Agenda 2030, con el objetivo de posicionar al ICAB como referente en materia de sostenibilidad. El plan se estructura en tres ejes estratégicos: Impacto Social, Gobierno Corporativo y Medio Ambiente.