Las asociaciones mayoritarias de LAJS, CNLAJ Y UPSJ piden el Ministro Bolaños una moratoria de seis meses para implementar los tribunales de instancia /Foto Ministerio de Justicia
- Subrayan que a día de hoy no se ha definido la forma de organizar la nueva oficina y que haría falta al menos seis meses para poder hacer las cosas con más calma
A, escasas 7 semanas de la entrada en funcionamiento de la fase III, tanto el Colegio Nacional (CNLAJ) como la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, (UPSJ) han hecho público un comunicado enviado al Ministerio de Justicia y a los medios informativos donde señalan que “nos vemos obligados a denunciar que no se cumplen las circunstancias necesarias para que esta se produzca con plenas garantías.”
“Por todo ello, debemos solicitar públicamente al Ministerio de Justicia que aplace la puesta en marcha de la fase III de la oficina judicial del tribunal de instancia, utilizando el mecanismo previsto en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025, o el que considere más adecuado, durante al menos seis meses”, suscriben
Con este aplazamiento quieren evitar que el afán por cumplir con la fecha inicialmente prevista nos puede llevar a una situación indeseable en perjuicio de los ciudadanos, y dar tiempo con ello a llevar a cabo todos los procesos necesarios para una implementación efectiva y con garantías del nuevo modelo.
La fase III afecta a los partidos judiciales más grandes del Estado, donde vive la mayoría de la población. La efectividad del servicio público, que garantiza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, no debe peligrar por la precipitación de querer cumplir sea como sea una fecha límite demasiado cercana.
Para Ernesto Casado, presidente del Consejo Nacional de Letrados de la Administracion de Justicia “En el momento actual estamos viendo como se están haciendo las cosas con mucha prisa, con mucha premura, sin criterios, de forma incluso que podemos decir atropellada. Se están haciendo las cosas sin claridad asaltando los derechos de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJS), incluso de los funcionarios de los Cuerpos Generales. Al mismo tiempo se realizan traslados forzosos. Se está arrasando con la carrera profesional de los Lajs”.
Este jurista también advierte que “por otro lado, en el momento en el que están las cosas a mediados del mes de noviembre intentar acabar esta implantación el 31 de diciembre es inviable. En este contexto la justicia español se vería abocada a una situación de caos. El CNLAJ viene diciendo estos comentarios desde la fase de proyecto de la ley. Hoy nos preocupa mucho más la situación que vive la administracion de justicia por eso creemos que es un grave imprudencia en el caso de que se siga adelante. Hay que hacer las cosas con criterio y con más calma”.
Por su parte,Juan Jesús Yañez, portavoz nacional de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), explica a nuestro medio que “pedimos este aplazamiento de seis meses porque vemos que no vamos a llegar a tiempo, llegamos a tiempo a acoplar al personal, que cada persona sepa a que servicio va a pertenecer o a qué área, pero nos falta casi todo lo demás. No estarán los protocolos listos, tampoco estarán formados los equipos de trabajo ni se han hecho reuniones preparatorias suficientes ni dada la formación suficiente a los LAJS ni a los funcionarios de los Cuerpos Generales”.
Este jurista señala que “hay que también adaptaciones informáticas porque el sistema de gestión procesal no está adaptado al nuevo modelo. Habrá que dar servicio a decenas de funcionarios y no como hasta ahora que era para unos pocos. Esto va a generar una carga importante para los servicios informáticos de las distintas administraciones. Son muchas cuestiones que hay que resolver. Nos preocupa el servicio público de justicia como tal. Si lo hacemos mal se va a producir una desorganización y unos retrasos notables que por la experiencia de las últimas huelgas se tarda mucho en recuperar. En los partidos judiciales más grandes vamos con más retraso”, advierte.
foto en la que se puede ver a Ernesto Casado, primero por la izda, presidente del CNLAJ con Juan Jesús Yañez, tercero por la izda. Eran los tiempos de la huelga de los lajs del 2023 donde este colectivo logro reivindicaciones importantes (Foto ljsanchez/lawandtrends)
Vamos hacia el caos
En ese documento enviado al Ministerio ambas asociaciones definen los elementos pendientes de resolver:
Por un lado el proceso de acoplamiento de los letrados de la Administración de Justicia de fase III no se ha realizado todavía en ninguno de los territorios. No hay certezas sobre las relaciones de puestos de trabajo que pueden y deben en numerosos casos ser modificadas para paliar errores previos.
No está aprobada la resolución definitiva que regulará las normas de acoplamiento de los letrados y letradas. No están nombrados los directores, adjuntos, jefes de área y de equipo de los partidos pertenecientes a las CCAA más pobladas. Similares circunstancias se dan respecto del acoplamiento de los funcionarios de Cuerpos Generales.
A día de hoy no se ha definido la forma de organizar la nueva oficina, no está aprobado ninguno de los protocolos que deben regir las oficinas judiciales de la fase III, lo que supone entre otras cosas que letrados y funcionarios deben de decidir si confirmar o no sin saber exactamente el trabajo que se desarrollará en uno u otro servicio.
A juicio de ambos colectivos esta cuestión “ supone un evidente perjuicio profesional que atenta directamente contra la carrera profesional, pero también un riesgo de descapitalización del servicio público al no aprovecharse la especialización lograda por los letrados y letradas en sus plazas anteriores, especialización que ya no se garantiza. Las personas encargadas de dirigir servicios, o no han sido designadas o no han tomado posesión, y en la mayor parte del territorio transferido a las CCAA el proceso está aún más retrasado.
También han detectado que “Junto a ello no hay ni desarrollos tecnológicos, ni inversiones suficientes, ni se han adaptado espacios para que el sistema pueda funcionar de forma correcta. No están preparadas las adaptaciones y permisos necesarios en los muy diferentes sistemas de gestión procesal que se emplean en el territorio español, que con carácter general desconocen los servicios comunes y áreas y funcionan centrados en las plazas judiciales.
Similares problemas se darán con los permisos necesarios para los accesos a Punto Neutro Judicial, aplicaciones del Ministerio o de las CC.AA. Tampoco se ha impartido la formación específica necesaria a letrados y letradas ni a funcionarios de los Cuerpos Generales”
Para ambas asociaciones es evidente “que hay una excesiva improvisación de las diferentes administraciones competentes, sin una unidad de criterio clara ni la suficiente transparencia. La experiencia de las dos fases previas nos ha demostrado que, a pesar del importante trabajo realizado por los directores, adjuntos y jefes de aquellos partidos, la entrada en funcionamiento ha sido desorganizada, sin suficiente coordinación entre las diferentes administraciones, sin preparación previa adecuada y sin el soporte y apoyo necesario”.
