Jueces, magistrados y fiscales sustitutos españoles —954 jueces sustitutos y 331 fiscales suplentes, en su mayoría con quince a veinte años de servicio en la Administración de Justicia— continúan a la espera de un proceso real de estabilización, pese a los reiterados mandatos de las instituciones europeas frente al abuso de la temporalidad y a la prolongada precariedad laboral del colectivo.
Murcia será la capital europea durante varios días de la justicia interina. Del 8 al 10 de mayo la European Network of Associations of Lay Judges (ENALJ), que agrupa jueces y fiscales interinos de once países, incluido España, celebra en la ciudad su Congreso 2026 en un contexto de máximo interés dado que las instituciones europeas vienen instando, mediante distintos pronunciamientos jurisprudenciales y procedimientos de incumplimiento, a que los Estados miembros regularicen la situación de estos profesionales, algunos de ellos con más de veinte años de servicio en condiciones de precariedad laboral abuso de la temporalidad.
El encuentro reunirá a jueces temporales, honorarios, así como a jueces y fiscales interinos procedentes de distintos países de la Unión Europea, con el propósito de compartir y analizar la situación de estos colectivos en los diferentes ordenamientos jurídicos, así como de reflexionar conjuntamente sobre los desafíos presentes y futuros de la justicia en Europa.
Según explica el juez austriaco experto en materia mercantil Rainer Sedelmayer, Presidente de ENALJ, «el Congreso se centrará en la difícil situación de España, y constituirá también una oportunidad para reforzar nuestra cooperación y estrechar los vínculos entre las distintas asociaciones europeas, a la vez que aspira a consolidarse como un espacio de diálogo orientado a impulsar la cooperación institucional, fortalecer los vínculos entre asociaciones y contribuir al reconocimiento y fortalecimiento de la función jurisdiccional interina en el ámbito europeo».
La celebración de este encuentro en nuestro país viene propiciada por el Comité Español de ENALJ, que se integró hace un año en la organización europea y que está formado por la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y la Asociación de Fiscales Sustitutos de España, que constituyen el Comité Organizador del evento, a la que en este Congreso se incorpora, como nuevo miembro, la Asociación de Jueces Concepción Arenal .
Rosa Navarro, presidente de la Asociaciçn de Fiscales Sustitutos, Lydia Polo , presidenta de la Asociación Pro Dignidad de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes, Rainer Sedelmayer, Presidente de ENALJ e Inmaculada Dominguez de la Plataforma Asociación Juridica Interina (APJI)
Una solución pendiente desde hace dos décadas
Mientras otros países europeos han logrado regularizar la situación de sus jueces honorarios o interinos tras años de litigio europeo —el caso italiano es el más reciente y conocido—, los más de 1.300 jueces, magistrados y fiscales sustitutos españoles siguen sin un proceso real de estabilización, pese a los reiterados pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a los procedimientos de incumplimiento abiertos contra España.
El proceso de regularización italiano ha sido liderado, en el plano europeo, por Alessia Perolio, magistrada honoraria del Tribunal de Mantua, Presidenta de Honor de ENALJ desde 2019 y delegada de la asociación italiana UNIMO. Perolio preside además, dentro de la red europea, la Comisión de Igualdad de Oportunidades, de la que forman parte asimismo España y Bulgaria, creada en la anterior Asamblea de ENALJ, celebrada en Bergamo, Italia, en mayo de 2025.
Tras años de litigio europeo y movilización del colectivo italiano, el 1 de mayo de 2025 entró en vigor en Italia la Ley 51/2025 de reforma de la magistratura honoraria, que ha permitido la estabilización de una parte significativa del colectivo. Perolio está prevista como ponente en el Congreso de Murcia, donde expondrá el modelo italiano, así como las conclusiones e Informe de la Comisión de Igualdad.
El colectivo español, formado en su mayor parte por mujeres con una trayectoria profesional de entre quince y veinte años de servicio efectivo, viene reclamando desde hace dos décadas una solución estructural a una situación de precariedad laboral prolongada.
Las tres asociaciones representativas del Comité Español de ENALJ sostienen que han presentado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial propuestas técnicas articuladas y compatibles con el Derecho de la Unión, sin que hasta la fecha se haya abierto una vía efectiva de regularización tanto para jueces y magistrados sustitutos como para fiscales suplentes.
El proceso de estabilización que el Ministerio de Justicia incluía en el proyecto de ley de acceso a la carrera judicial ha quedado paralizado por circunstancias ajenas al propio colectivo, vinculadas a los equilibrios parlamentarios. Las asociaciones del Comité Español subrayan que la cuestión de la estabilización es de naturaleza estrictamente jurídica y europea, y que debe ser abordada al margen de cualquier coyuntura política, en cumplimiento de los mandatos derivados del Derecho de la Unión.
La intervención de Alessia Perolio, magistrada honoraria del Tribunal de Mantua, Presidenta de Honor de ENALJ desde 2019 en la foto con Reider Sedelmayer, presidente de la entidad, se espera con interés porque explicará como en el último año los jueces honorarios italianos han logrado estabilizarse tras años de lucha
Un paso más en la jurisprudencia europea
La sentencia Obadal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictada en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, supone un paso más en una jurisprudencia europea ya consolidada que viene exigiendo a España medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas frente al abuso de la temporalidad en el sector público.
Para Agustín Azparren, magistrado y fiscal jubilado, ex vocal del CGPJ, mediador y abogado de este colectivo, el TJUE ha venido a confirmar que el sistema español de protección frente a la contratación temporal abusiva en el sector público, tal y como lo viene interpretando el Tribunal Supremo, no cumple con las exigencias del Derecho de la Unión.
Recuerda Azparren que la calificación como «indefinido no fijo» no es una medida sancionadora real, porque no transforma el contrato en fijo y mantiene la precariedad del trabajador, y que la indemnización de 20 días de salario por año de servicio con tope de 12 mensualidades —que el TS consideraba medida adecuada— es cuestionada frontalmente por el TJUE, que apunta hacia la indemnización que sea integral y que cubra todos los daños y perjuicios producidos.
Los procesos selectivos de estabilización de la Ley 20/2021 tampoco valen como medida sancionadora, porque la experiencia previa del temporal afectado no es determinante, los procesos están abiertos a candidatos que no han sido víctimas de abuso, y la convocatoria no basta para sancionar si no se eliminan las consecuencias del incumplimiento . Otra cuestión que señala el fallo Obadal es que el régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas es demasiado «ambiguo, abstracto e imprevisible» para constituir una medida sancionadora adecuada.
Azparren subraya que el TJUE le exige al Derecho español medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas, y viene a decir que lo que hay no es ninguna de las tres cosas. Al mismo tiempo es consciente de que estamos ante un procedimiento de incumplimiento de España en el que no se han cumplido los plazos que fijó la UE para la regularización, y que el desconocimiento de en qué plazo se hará puede suponer para España, en caso de condena por incumplimiento, tener que pagar multas millonarias.
En el transcurso del Congreso se espera que ENALJ suscriba una Declaración Institucional de apoyo al colectivo español, en la que se reitere ante las instituciones europeas la urgencia de una solución conforme con el Derecho de la Unión. Las conclusiones del encuentro serán remitidas en los días posteriores al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, a la Comisión Europea y a los medios de comunicación.
Tras dos décadas sosteniendo la Administración de Justicia desde la temporalidad y la precariedad, conquistando sus derechos uno a uno por vía judicial, los jueces, magistrados y fiscales sustitutos españoles confían en que la dimensión europea del problema y la firmeza de las instituciones de la Unión permitan, por fin, cerrar una situación injustamente prolongada en el tiempo, en un Congreso que reunirá durante tres días en Murcia, convocados por ENALJ, a sus colegas de toda Europa.
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