- La publicación, editada por el BOE, ofrece soluciones transversales al problema de acceso a la vivienda desde una visión integral y un enfoque multidisciplinar
Este jueves se presentó en el seno de la Oficina de la Comisión Europea en la capital de España el Tratado de Derecho de la Vivienda, una obra editada por el BOE coordinada por la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, Matilde Cuena y el Catedrático de Derecho Público de la Universidad de Zaragoza, Julio Tejedor. Esta publicación es , una obra colectiva de gran alcance que ofrece un análisis integral, sistemático y actualizado del régimen jurídico de la vivienda en España.
En la presentación tomaron la palabra Daniel Calleja, director de la oficina de la UE en España, Concepción Barrio, presidenta del Consejo General del Notariado y Alfredo Delgado, vicepresidente del Colegio de Registradores, así como los directores de la obra Matilde Cuena y Julio Tejedor. El espíritu de la obra según nos comentaron los asistentes es el de ser una obra de servicio público que como iniciativa pretende para arrojar claridad jurídica a un marco normativo que debería ser capaz de dar solución a uno de los mayores problemas de nuestra sociedad como es el del acceso a la vivienda.
El contenido de la publicación está plasmado por las colaboraciones de 84 juristas, coordinados por la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Teresa Alonso. Se estructura en seis grandes secciones que permiten recorrer, de forma sistemática y coherente, todas las dimensiones jurídicas relevantes del fenómeno de la vivienda. La sección primera analiza el derecho a la vivienda desde la Constitución y los tratados internacionales, aclarando conceptos clave como vivienda habitual, función social de la propiedad y límites a la intervención pública. En la sección segunda se estudian los modelos de vivienda en otros países para extraer enseñanzas útiles sobre políticas públicas, tenencia y regulación del mercado.
Por su parte, la tercera sección del Tratado aborda el análisis económico del mercado de la vivienda, mientras que en la cuarta se analiza la vivienda como objeto de derechos desde todas las vertientes. Los contenidos de la quinta sección se centran en abordar aborda la vivienda como problema en las situaciones de crisis económica y familiar con especial incidencia en desahucios, remedios frente a la ocupación ilegal de inmuebles, tanto civiles como penales, así como extrajudiciales como son los desalojos provocados por “empresas desocupas”. La ultima sección analiza la intervención pública en políticas de vivienda.
Foto en la que aparecen los ponentes del evento como algunos autores de esta obra global sobre el tratado a la vivienda, único en Europa por el momento.
Europa preocupada por la vivienda
En el turno de intervenciones Daniel Calleja destacó el papel que ha asumido la Unión Europea en materia de vivienda y subrayó la dimensión social del problema, recordando que “el 16 de diciembre la Comisión presentó el primer plan europeo de vivienda asequible en la historia de Europa”. En este sentido, remarcó que “el mensaje de la Comisión es muy claro: sin vivienda asequible no hay cohesión social ni hay igualdad real”.
Por su parte, el moderador del acto, Segismundo Álvarez, señaló que “para la Fundación Hay Derecho el tema de la vivienda ha sido siempre fundamental desde sus principios en 2010”. Y recordó que "tras la crisis de 2008, el foco estuvo en las ejecuciones hipotecarias, mientras que en la actualidad el objetivo es otro: la vivienda asequible, abordar los problemas de oferta y de accesibilidad, en los que se centra esta obra”.
En su turno de palabra, Concepción Barrio, presidenta del Consejo General del Notariado subrayó que el Tratado de Derecho de la Vivienda “no solo analiza las causas, sino que plantea soluciones desde el Derecho público y privado”. Barrio Del Olmo puso en valor la contribución que puede realizar el Notariado en esta materia gracias a su contacto directo con la realidad del mercado inmobiliario. El colectivo ha puesto en marcha el Portal Estadístico con datos de vivienda, señalando que “a las notarías acuden a diario en torno a 60.000 personas”. Asimismo, se refirió al mercado del alquiler y a la necesidad de reforzar su transparencia y seguridad jurídica, “algo que podría lograrse si los contratos de alquiler se recogieran en escritura pública”.
Alfredo Delgado , vicedecano del Colegio de Registradores de España destacó el valor del Tratado como obra de referencia para comprender la dimensión jurídica y social de la situación del mercado de la vivienda, afirmando que “va a resultar una pieza imprescindible para todo aquel que quiera comprender jurídicamente un problema que no es solo sectorial o coyuntural, sino que afecta a la cohesión social y a la efectividad de derechos constitucionales”. También destacó el papel del Registro de la Propiedad en la seguridad jurídica necesaria que debe imperar en el mercado de vivienda
Por su parte, Julio Tejedor, uno de los codirectores, aclaró que la obra aborda la vivienda desde múltiples perspectivas, “desde la gestión, la vivienda asequible y la regulación del mercado”. El catedrático que abordó Tejedor se centró en su intervención pública del mercado de la vivienda destacó especialmente un capítulo dedicado a la calidad de la vivienda, en el que se analizan, entre otras cuestiones, “cómo tiene que ser una vivienda para que sea digna y adecuada y satisfaga la necesidad de alojamiento de una familia”.
Matilde Cuena, codirectora de la obra, habló de la importancia de esta obra colectiva para entender la problemática de la vivienda
Una obra pionera en su género
Como codirectora de la obra, Matilde Cuena explicó que el Tratado responde a un esfuerzo colectivo por aportar claridad a un problema complejo, señalando la importancia de que “los poderes públicos sepan que cada vez que tocan algo en la vivienda hay otras piezas del sistema que se mueven”. Cuena subrayó el carácter internacional y multidisciplinar del proyecto, destacando que se trata de “un esfuerzo conjunto de profesores de distintas universidades españolas y extranjeras”.
Este Tratado de Derecho de la Vivienda, que ya se puede descargarse analiza de forma transversal la problemática de la vivienda y el régimen jurídico aplicable. Es una obra única en Europa según nos explican algunos expertos. En estos momentos en la UE hay un movimiento académico serio liderando este análisis de la política de vivienda. El contacto con el grupo de trabajo que ha creado la UE para abordar el acceso a la vivienda es continuado “España debe reportar a la UE datos de vivienda y eso es importante. De momento nos sacan los colores por la falta de vivienda social”, aclara Cuena
A partir de ahí se plantean propuestas de mejora para la situación actual. Muchos de los autores participaron en el Congreso Nacional de Vivienda organizado por estos dos catedráticos, Cuena y Tejedor . La obra también recoge la experiencia en Argentina de liberalización del mercado del alquiler. Algunas de ellas van desde a nivel fiscal, sobre reducción impositiva como en el propio contrato de arrendamiento que cree debería elevarse a escritura publica para evitar que las mafias de la ocupación sigan manejando este tipo de contratos de forma fraudulenta, lo que les ayuda a entrar en viviendas de terceros con total impunidad. Debe dejar de ser un documento privado y elevarse a escritura pública para evitar este tipo de abusos
Según nos explica Cuena este trabajo jurídico es el fruto de dos años de investigaciones A juicio de esta experta, llama mucho la atención que en el Consejo Asesor creado por la ministra Isabel Rodríguez no hay ningún académico, un Consejo convocado tres años después de aprobarse la Ley de vivienda, convocado por las presiones de la sociedad porque el problema de la vivienda es preocupante “La política sin técnica generan las normas que estamos teniendo, cada cual peor, con resultados imprevisibles”.
Respecto a este Tratado de Derecho de Vivienda, Matilde Cuena señala que la obra “ se ha elaborado en el marco de un proyecto de investigación financiado con fondos públicos y refleja una apuesta clara por una investigación jurídica comprometida con los problemas reales de la sociedad. Con esta obra hemos querido contribuir, desde la Universidad pública, a mejorar la comprensión jurídica de un fenómeno complejo y a ofrecer herramientas útiles al legislador, al profesional y al académico. Creemos que la claridad en la exposición de un régimen jurídico favorece una buena reforma futura que sin duda consideramos pertinente para los autores de este tratado”.
“Esta obra es el resultado del esfuerzo conjunto de profesores de distintas universidades españolas y extranjeras, junto con profesionales del sector, que han aunado conocimientos y experiencias para abordar el fenómeno de la vivienda desde un enfoque necesariamente multidisciplinar. Cerca de noventa autores participan en este Tratado, analizando todas las cuestiones que suscita la vivienda desde las distintas ramas del ordenamiento jurídico: constitucional, procesal, civil, penal y administrativa. El propio índice de la obra pone de manifiesto la complejidad del fenómeno estudiado y la necesidad de una aproximación global, que evite análisis parciales o sectoriales”, añade.
Desde su punto de vista “todo este esfuerzo colectivo se ha realizado con un objetivo claro: contribuir, desde el rigor jurídico, a la reflexión y a la búsqueda de soluciones frente al problema que hoy más preocupa a los españoles, el acceso a una vivienda asequible. Y es que la vivienda no es únicamente un problema social, sino un problema estructural con profundas implicaciones económicas, financieras y políticas”.
En su opinión, “resultaba necesario abordar el problema de la vivienda desde una mirada jurídica global, consciente de su transversalidad y de su complejidad. La estructura de la obra permite ofrecer una visión sistemática y completa del régimen jurídico de la vivienda, evitando aproximaciones fragmentadas y facilitando un diagnóstico riguroso de los déficits normativos existentes. Pero el objetivo del Tratado no es únicamente descriptivo. La obra aspira también a identificar disfunciones, evaluar críticamente el Derecho vigente y aportar propuestas de reforma realistas y fundamentadas”.
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