Oscar Fernández, decano del ICA Sevilla, se dirige a los asistentes en el acto de clausura de este I Congreso Abogacia de Sevilla FOTO COLEGIO DE ABOGADO DE SEVILLA
- El encuentro refuerza el compañerismo entre profesionales, recibe un amplio respaldo institucional y aborda debates clave como las reformas legislativas, la inteligencia artificial o la Segunda Oportunidad y la exoneración del crédito público entre otros temas de interés que se abordaron
El I Congreso de la Abogacía de Sevilla ha cerrado su primera edición con una participación cercana a los 400 profesionales procedentes de distintos territorios del país, en un encuentro que ha superado todas las expectativas y que convierte a la ciudad en un nuevo punto de referencia para el debate jurídico nacional.
El evento abordó cuestiones de actualidad en el mundo jurídico: la aplicación de la Ley 1/2025, la reforma del procedimiento de liquidación de gananciales, la protección del contribuyente o los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ejercicio jurídico. Además, el programa permitió abordar una amplia variedad de cuestiones doctrinales y prácticas de gran actualidad.
Durante dos jornadas celebradas en la Real Fábrica de Artillería, el Congreso -organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla- ha combinado un ambiente de fuerte compañerismo con un amplio respaldo institucional y empresarial, y un programa que ha permitido analizar las reformas legislativas más relevantes, el impacto de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional y cuestiones de actualidad como el crecimiento de los apartamentos turísticos y su incidencia en el urbanismo y la convivencia.
En este sentido la segunda mesa de la tarde versó sobre los seis primeros meses de la implantación de los Tribunales de Instancia en la Justicia. La mesa fue presentada por Óscar Romero secretario de la Corte de Arbitraje y Mediación de Sevilla y participaron Celia Belhadi , magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Sevilla, y Sofía Manuz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sevilla. La misma fue moderada por la abogada Carmen Osete.
Manuz explicó que el gran problema de los Tribunales de Instancia se centra en dos aspectos: el reto tecnológico y la deficiencia de plantilla. En este segundo sentido hizo alusión a un "cuello de botella en el ámbito de la resolución". "Se necesitan más plazas de magistrados, de secretarios y de cuerpos generales", explicó antes de rechazar el proyecto de ley del Gobierno para el acceso a la carrera judicial. Con todo ello, "los frutos" de la aplicación de los Tribunales de Instancia se recogerán "a futuro".
Sobre el retraso, también hizo hincapié en lo que ha supuesto el traslado a Palmas Altas de los Juzgados de Primera Instancia: "Una paralización de tres o cuatro semanas y no dar respuesta al ciudadano". Por lo tanto, "mayor retraso en el ámbito civil". Los propios abogados en sus intervenciones resaltaron que la procedibilidad de los MASC les trae de cabeza en estos primeros seis meses de implementación de estos métodos extrajudiciales.
La Abogacia sevillana ha respondido
El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, con el que ya hablamos días previos a la celebración del evento, destacó en la clausura que este Congreso “ha reforzado el sentido de pertenencia de la abogacía sevillana”, subrayando que “los asistentes no han sido solo participantes, sino protagonistas de un encuentro que ya forma parte del patrimonio del Colegio”.
Fernández León puso en valor el compañerismo vivido durante las jornadas y cómo este ha favorecido nuevas relaciones profesionales y oportunidades de colaboración entre abogados de distintas provincias.
Igualmente, este jurista subrayó que este Congreso marca un punto de inflexión para la profesión, al consolidar un espacio propio de reflexión, actualización y convivencia que hasta ahora no existía en la ciudad. La excelente acogida, la implicación del colectivo y la calidad del programa confirman la necesidad de dar continuidad a esta cita, que pasa a formar parte del patrimonio común de la abogacía sevillana y abre el camino para nuevas ediciones llamadas a reforzar la formación, el diálogo y la unidad de la profesión.
En este sentido, La magistrada de la Audiencia de Madrid Pilar Llop, quien fuera ministra de Justicia entre 2021 y 2023, ha avisado este viernes de que el sistema judicial español sigue siendo en alguna medida «revictimizador» con las personas afectadas por los delitos penales; extremo con especiales «factores de riesgo» en el caso de las personas desfavorecidas o con discapacidad.
Por eso, y junto al magistrado del Supremo Antonio del Moral, han llamado a reforzar los recursos y herramientas en pro de que la Justicia pueda adaptarse a la «diversidad» social. En este sentido, tuvo especial relevancia la intervención del este magistrado quien reflexionó sobre el proceso penal cuando el acusado es una persona con discapacidad, abordando desde una perspectiva práctica cuestiones como la imputabilidad y el modelo dual de reacción penal, basado en penas y medidas de seguridad. Estas aportaciones configuraron un bloque doctrinal de gran interés para los profesionales asistentes.
En el centro de la imagen los magistrados Antono del Moral de la Sala Segunda del Supremo y Pilar Llop, de la Audiencia Provincial de Madrid, abordaron la problemática del proceso menor cuando hay personas vulnerables implicadas. FOTO COLEGIO DE ABOGADO DE SEVILLA
Al mismo tiempo estos juristas destacaron la importancia de garantizar la participación de los facilitadores en procedimientos que afectan a personas con discapacidad y de asegurar que las resoluciones judiciales se comuniquen en términos comprensibles para ellas, una línea que enlaza con las exigencias de accesibilidad del sistema de Justicia.
También se analizó el papel de la inteligencia artificial como herramienta para optimizar tiempos y procesos, subrayando la necesidad de mantener el rigor profesional y los criterios jurídicos que sostienen la práctica. Parece claro que el uso de estas herramientas hará mejor al abogado, en una doble dirección, en la gestión interno de los procesos de su despacho y en su relación mas fluida con sus clientes.
En este caso fue Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Derecho Digital del CGAE quien impartió un taller práctico para explicar a los abogados asistentes el uso de esas tecnologías y las ventajas de emplear dichas tecnologías para mejorar el despacho y sus potencialidades. En su esperada intervención hablo de los retos que se plantea su implementación y como la innovación, rigor profesional y eficiencia se pueden conjugar en el despacho de abogados desde un uso responsable y humanista de la IA.
Exoneración de deudas
Otro de los temas que más interés suscito fue la mesa sobre Segunda Oportunidad en la que coincidieron abogados especialistas en la materia como son los casos de José María Puelles e Idoia Azpeitia que abordaron la problemática de Vivienda, Segunda Oportunidad y Créditos Públicos del I Congreso de la Abogacía de Sevilla, presentada por el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio Alberto Pérez-Miranda y moderada por la letrada Cecilia Franco. Ambos juristas pidieron la exoneración total de las deudas, incluido el crédito público, cuestión que la legislación concursal actual solo permite hasta una cantidad específica.
Para Puelles, presidente del Observatorio de la Segunda Oportunidad del ICAM, esa exoneración parcial «no justificada» que está «generando impedimentos» en la aplicación de la citada ley y que supone «cercenar un derecho», sobre todo porque el deudor público no está calificado por antonomasia como «deudor de mala fe».
En el caso de Idoia Azpeitia explicó la situación de la vivienda habitual en este tipo de procedimientos, esgrimiendo especialmente que el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de Unión Europea marcan «la protección de la vivienda habitual», con lo que en los casos de concurso en los que no se permita su conservación ocurre una «vulneración» de estas cartas fundamentales.
El Congreso ofreció un cuadro formativo de máximo nivel, con más de 20 horas de contenidos, 15 sesiones y 2 talleres especializados, en los que han participado 57 jueces, magistrados, catedráticos, expertos y abogados en ejercicio. Las salas se mantuvieron prácticamente llenas durante toda la jornada, reflejo del interés del colectivo por un modelo de aprendizaje riguroso, actualizado y orientado a los desafíos reales del ejercicio jurídico.
Las ponencias abordaron cuestiones doctrinales de actualidad, análisis técnico de las últimas leyes aprobadas y debates sobre la transformación tecnológica de la profesión, consolidando un espacio formativo muy bien valorado por los asistentes.
Al mismo tiempo ha contado igualmente con un amplio respaldo institucional y empresarial, que ha contribuido a situar esta primera edición a la altura de los grandes encuentros jurídicos del país. Administraciones públicas, operadores jurídicos, universidades y entidades del ámbito financiero, asegurador y tecnológico han acompañado al ICAS en un proyecto que nace con vocación de continuidad. Su apoyo, unido a la participación activa de los patrocinadores y colaboradores, ha permitido articular un programa ambicioso y ofrecer una experiencia formativa y profesional de primer nivel.
