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Foto del Consejo Asesor creado por el CGAE, acompañado de Salvador González, quinto por la derecha (Abogacia Española)

  • Desde la Abogacía institucional se insiste en que hay mucho trabajo por hacer. Este será un órgano estratégico integrado por 11 profesionales procedentes de la abogacía, la judicatura, la enseñanza y la Administración.

Reforzarla seguridad jurídica, mejorar la calidad normativa y contribuir a la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes en un entorno de menos tensión es el objetivo del Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT) formado por once especialistas en derecho tributario que aportan todo su know how para mejorar esas relaciones actuales entre la administración tributaria y sus administrados.

Hace un par de días el esfuerzo que una familia española tiene que hacer para pagar los impuestos directos como el de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con respecto a su capacidad económica es un 16,5% superior a la media de la Unión Europea. Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el informe Competitividad Fiscal 2025. Una reflexión sobre la imposición indirecta del turismo, que presentó el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

En concreto, el informe concluye que el sistema fiscal español es de los menos competitivos con respecto a la media de la OCDE. España está en el puesto 34 de los 38 países que componen el club de los países desarrollados. Con una puntuación de 57,9 puntos sobre 100, situándose en la parte baja de la clasificación y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea, según el International Competitiveness Index 2025, elaborado por el think tank independiente Tax Foundation.

En este marco legal, el CGAE, como ya lo hiciera en el desarrollo de la IA creando otro Comité Asesor y una Guía de Buenas Prácticas para el uso de la abogacía de estas herramientas, se ha posicionado en otra actividad, como es la tributaria, clave en nuestra actividad económica pero de gran complejidad en los últimos años, con cambio de normativa y criterios poco claros de la Agencia Tributaria en materia sancionadora según comentaron algunos de los presentes en dicha presentación.

En un contexto en el que el Derecho Tributario se ha consolidado como la especialidad jurídica con mayor crecimiento en España, duplicando su volumen de negocio desde 2019, aportar claridad allí donde esa complejidad puede generar incertidumbre es el propósito con el que Abogacía institucional ha creado este Consejo Asesor.

Según indican desde el CGAE, La creación del CADT coincide con un momento de especial dinamismo para el Derecho Tributario. Según los últimos datos elaborados por Abogacía Española a partir de la información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), la facturación de esta especialidad ha pasado de 654 millones de euros en 2019 a cerca de 1.388 millones en 2024, lo que supone un crecimiento acumulado del 112 %, muy por encima de la evolución del conjunto del sector jurídico..

Jose Manuel Almudí, Salvador González y Bernardo Bande, unidos por la simplificación del sistema tributario  (Luisjasachez/lawandtrends)

Un organismo necesario

Durante la presentación, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador Gónzalez, ha explicado que el nuevo órgano responde a la necesidad de incorporar conocimiento experto allí donde el ordenamiento jurídico exige cada vez una mayor especialización.

González subrayó que el nuevo Consejo Asesor aspira a convertirse en un referente en Derecho Tributario desde la perspectiva de la Abogacía, promoviendo la defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la mejora de la calidad normativa.

“La seguridad jurídica es una garantía para los ciudadanos y un pilar esencial del Estado de derecho. Con este Consejo Asesor queremos poner el mejor conocimiento jurídico al servicio de una normativa más clara, más predecible y más justa”.

En esta presentación tanto Manuel Mata, decano del ICA Castellón, presidente de la Comisión Deontológica del CGAE y Antonia Marti, decana del ICA de Girona, ambos consejeros del CGAE e integrantes de este Consejo Asesor, al igual que la tesorera y consejera Cristina Llop, fueron presentando al resto de los integrantes de esta entidad

Para estos juristas El CADT nace como un espacio permanente de análisis y reflexión para estudiar la evolución del sistema tributario y formular propuestas que contribuyen a una regulación más clara, estable y predecible. Entre sus objetivos figuran también impulsar el diálogo institucional, favorecer la colaboración con las administraciones públicas, promover la formación especializada y elaborar estudios e informes que ayuden a mejorar la calidad del sistema.

Un equipo de primer nivel

El nuevo Consejo Asesor reúne a 11 profesionales de reconocido prestigio procedentes de distintos ámbitos del Derecho, una composición que refleja la voluntad de integrar conocimiento académico, experiencia institucional y práctica profesional para abordar los desafíos del sistema tributario desde una visión plural y multidisciplinar.

Así pudimos conocer a Gabriel Casado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, quien comentó que debe alertado sobre la creciente intensidad de las potestades administrativas en el ámbito fiscal y, por tanto, defender la necesidad de preservar la seguridad jurídica como pilar del sistema.

José Manuel Almudí, decano de la Facultado de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, recordó que la lucha contra el fraude que hacen las administraciones tributarias no puede menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y recordó el libro “Las Luchas contra las inmunidades del poder”, del catedrático Garcia Enterría, mostrando su preocupación por esas zonas de inmunidad existente

 En el caso Bernardo Bande, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF)., entidad que en los últimos años lleva luchando por la mejora de los derechos de los contribuyentes frente a unas autoridades tributarias a veces exigentes, recordó que las empresas buscan certeza y seguridad jurídica, clave para hacer determinadas inversiones. Y se congratuló de que CGAE y AEDAF puedan ser aliados en otras cuestiones

Por su parte, Pablo Chico, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, apuntó a algunos cambios que necesitan nuestro derecho tributario, que en ocasiones aprueba leyes a fin de año, pero con una retroactividad que compromete a las empresas. Subrayó que las normas tributarias tenían algunos conceptos indeterminados que generaban dudas

En el caso de Maximino Linares, abogado del Estado y especializado en litigación tributaria comento que la falta de seguridad jurídica de los contribuyentes ante algunas actuaciones de nuestra administración tributaria habría quebrado la relación existente entre la propi administración y administrados. En su opinión, si se escuchar más a estos expertos , se reduciría mucho la litigiosidad, que es elevada y el gasto que empresas y particulares hacen en tribunales”.

José Andrés Sánchez, abogado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario ahondo en sus análisis clave sobre las declaraciones y el procedimiento tributario para defender que el modelo traslada el peso de la gestión y liquidación al ciudadano, actuando la Agencia Tributaria (AEAT) como órgano de control Dialnet. Por ello, enfatiza la importancia de la seguridad jurídica al presentar declaraciones.

En el caso Saturnina Moreno, catedrática Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha resaltó que En este ámbito, destacó en ámbito tributario la importancia de reducir la asimetría entre la Administración y el administrado, señalando que la tradición jurídica a veces ha privilegiado excesivamente a la primera, dejando al ciudadano en una posición de indefensión.

Por su parte, Sandra González de Lara, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, experta en tributación, apunto a la calidad de los recursos de casación que recibe esta sala en materia impositiva. No obstante, pese a ello apunto a la necesidad de que entidades como el CGAE o los Colegios de Abogados que lo configuran pudieran organizar cursos y programas en materia de casación

Primeros pasos ya en marcha

El principal reto de este Comité es el de estudiar y generar debate, proponiendo soluciones que contribuyan a un mejor equilibrio entre las funciones de las Administraciones tributarias y la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes en un ámbito en el que la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado del bienestar debe ir acompañada de un escrupuloso respeto a dichos derechos.

 La calidad normativa, la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones administrativas, el derecho de defensa y el secreto profesional serán algunos de los ámbitos en los que el Comité centrará sus análisis.

Además, se analizarán cuestiones más transversales como la revisión del régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto en el ámbito tributario. El objetivo será analizar posibles fórmulas que permitan compatibilizar el normal funcionamiento de las Administraciones tributarias con una mejor conciliación del ejercicio profesional de los profesionales de la abogacía especializados en Derecho Tributario, garantizando al mismo tiempo la tutela efectiva de los derechos e intereses de los contribuyentes.

El nuevo órgano estudiará posibles mecanismos de flexibilidad o de inhabilidad parcial durante ese periodo que contribuyan a reforzar tanto la protección de los ciudadanos como la dignidad y las condiciones de ejercicio de los profesionales que los representan.