Los órganos judiciales (Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del 2026 un total de 15.474 sentencias. El 81,78 % de esas resoluciones (12.655) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias. Fueron absolutorias un total de 2.819 sentencias, el 18,22 % de las dictadas.
Las XIV Jornadas de Abogados y Abogadas contra la Violencia de Género, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, se celebrarán en Burgos este jueves y viernes. Tras las jornadas organizadas el pasado año en la ciudad de Lugo, el encuentro reunirá a fiscales, magistrados y profesionales de la abogacía para abordar las principales novedades legislativas, jurisprudenciales y prácticas relacionadas con la defensa de las víctimas de violencia sobre la mujer y de los delitos contra la libertad sexual.
Este Congreso llega cuando el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ publica estadísticas del 2026. El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año (50.911) aumentó un 6,36 por ciento en relación con el mismo periodo de 2025, mientras que el número de mujeres que denunciaron como víctimas (45.220) lo hizo en un 3,75 por ciento.
Los datos hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, recogidos por el Servicio de Estadística del CGPJ, muestran también un descenso del 2,5 % en el número de órdenes de protección solicitadas, mientras que la disminución de las acordadas se situó en un 1,8 por ciento. En cuanto a las sentencias, los órganos judiciales españoles dictaron un total de 15.474, de las que el 81,78 % fueron condenatorias.
Del total de mujeres que formularon denuncias como víctimas de la violencia machista durante el primer trimestre del año (45.220), dos terceras partes (60,73 %) tenían nacionalidad española y el 39,27 % restante procedían de otros países. El número de menores (hijos/as de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 107. De ellos, el 72,90 % tenían nacionalidad española.
La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año. Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.
Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.
Los órganos judiciales (Secciones de Violencia sobre la Mujer y Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia y Audiencias Provinciales) dictaron durante los tres primeros meses del año un total de 15.474 sentencias. El 81,78 % de esas resoluciones (12.655) contenían un fallo condenatorio, lo que supone ocho de cada diez sentencias. Fueron absolutorias un total de 2.819 sentencias, el 18,22 % de las dictadas.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en las Secciones de Violencia sobre la Mujer, con el 93,19 % sobre el total de sentencias dictadas. Las Audiencias Provinciales dictaron sentencias condenatorias en el 80,46 % de los casos y las Secciones de lo Penal, en el 71,64 por ciento.
Un evento de primer nivel
En la inauguración, el jueves 9 a las 10h intervendrán Cristina Ayala Santamaría, alcaldesa del Ayuntamiento de Burgos; Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad y vicesecretaria general de Abogacía Española; Mónica Pérez , decana del Colegio de la Abogacía de Burgos; Borja Suárez Pedrosa, presidente de la Diputación de Burgos; y Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres de la Abogacía y presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
La primera mesa redonda Violencia de género y protección de la infancia: una mirada integral tendrá como ponente a María Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado moderado por el propio Rodriguez Santocildes.
A continuación la intervención de Esther Rojo , magistrada, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y del Género del Consejo General del Poder Judicial para analizar las actividades que esta entidad organiza en defensa de las victimas será la siguiente ponencia que será moderada por Marga Cerro, abogada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española.
El propio Rodríguez Santocildes escribía hace unos días una tribuna de opinión sobre la relevancia de estas jornadas : En ese articulo comentaba entre otras cuestiones que “En un contexto social y jurídico en constante transformación, la Abogacía española ha demostrado ser un pilar imprescindible para garantizar que las víctimas reciban una defensa técnica, humana y eficaz. No se trata de una afirmación retórica: es una realidad reconocida por el propio legislador, que sitúa a la Abogacía en el centro de la protección y del acceso real a la justicia.
La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, pionera en Europa, configuró un sistema integral de protección en el que otorgó a la Abogacía un papel determinante en la asistencia jurídica inmediata, especializada y gratuita.
Desde su aprobación, la figura del abogado o abogada de violencia de género se ha convertido en una garantía de acompañamiento en los momentos más críticos: la denuncia, la declaración, la adopción de medidas de protección y el seguimiento procesal, también en el ámbito civil de la separación, el divorcio o las medidas paterno-filiales.
La Ley Orgánica 10/2022 , de garantía integral de la libertad sexual, reforzó aún más esta centralidad al reconocer que la defensa jurídica especializada es clave para asegurar que las víctimas comprendan sus derechos, participen en el proceso penal con seguridad y reciban una protección efectiva frente a la revictimización”.
Un programa completo de actividades
Durante dos días se analizará la protección de la infancia, las actividades en defensa de las víctimas del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial (CGPJ), la responsabilidad civil derivada de estos delitos, los efectos prácticos de la reciente Ley de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia.
Para ello participarán Mª Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado; Esther Rojo, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio; Antonio Gastaldi, fiscal delegado de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Provincial de Valencia, y Elisa Campoy, vicepresidenta de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres.
También intervendrán Concepción Ortega, vicedecana del Colegio de la Abogacía de Córdoba; Javier Hernández, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo; Borja Vigo, vicedecano del Colegio de Bizkaia y Mª Teresa Gonzalo, presidenta del Tribunal de Instancia de Burgos.
Como temas relevantes hay que mencionar “E, impacto de la ley 1/2025 en la defensa de las victimas; donde se hablará de comarcalización, competencias y otras cuestiones”, donde intervendrán Elisa Campoy abogada, decana del Colegio de la Abogacía de Lorca y vicepresidenta de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española, la citada Concepción Ortega al mismo tiempo y vocal de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española con la moderación de Mónica Pérez, decana iCA de Burgos.
Otro asunto que se debatirá será el de la Jurisprudencia del TEDH e materia de violencia de género y libertad sexual. Una ponencia de Javier Hernández, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que será moderada por Inmaculada Poveda Mascaraque, abogada y vocal de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española.
