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La inteligencia artificial está ganando protagonismo en uno de los ámbitos con mayor volumen de litigiosidad del sector legal: las reclamaciones bancarias. Desde los gastos hipotecarios y las cláusulas suelo hasta las tarjetas revolving o los préstamos al consumo, los avances tecnológicos permiten automatizar numerosas tareas documentales y de investigación jurídica, aunque la decisión final continúa dependiendo del criterio profesional del abogado. Así lo analiza el despacho Prudencia.ai en una reciente entrada de su blog.

Según la firma especializada en inteligencia artificial jurídica, buena parte de los expedientes relacionados con reclamaciones contra entidades financieras comparten una estructura de trabajo repetitiva y susceptible de ser optimizada mediante herramientas de IA. El proceso suele incluir la recepción de documentación, la identificación de cláusulas relevantes, la búsqueda de normativa y jurisprudencia aplicable, el cálculo de cantidades reclamables y la preparación de escritos.

La principal novedad, explica el despacho, es el paso desde el uso puntual de asistentes conversacionales hacia sistemas capaces de acompañar un expediente completo mediante lo que denomina un “workflow jurídico asistido por IA”. En palabras de Prudencia.ai, el objetivo es que “la inteligencia artificial no sea únicamente un lugar donde hacer preguntas, sino una infraestructura capaz de acompañar procesos jurídicos completos”.

El modelo planteado comienza con la incorporación de toda la documentación del cliente. Contratos, escrituras, extractos bancarios, comunicaciones o reclamaciones previas pueden ser analizados automáticamente para identificar información relevante, detectar documentos faltantes y construir una primera fotografía del asunto.

Posteriormente, la tecnología extrae y organiza datos clave como el tipo de producto financiero, las cláusulas potencialmente controvertidas, las fechas relevantes o los importes afectados. De esta forma, se reduce el tiempo dedicado a revisar manualmente decenas o incluso cientos de páginas de documentación.

Uno de los aspectos más destacados es la capacidad de la IA para detectar posibles motivos de reclamación. Sin embargo, el despacho subraya que estas herramientas no deben sustituir el juicio profesional. En este sentido, insiste en que el sistema “no debería concluir automáticamente que existe una reclamación”, sino identificar elementos que requieran una valoración jurídica posterior.

La búsqueda de legislación y jurisprudencia constituye otra de las áreas donde la automatización puede aportar mayores beneficios. El sistema puede localizar normas aplicables teniendo en cuenta factores como la fecha de contratación o la condición del cliente, además de realizar investigaciones jurisprudenciales mucho más precisas y contextualizadas.

No obstante, Prudencia.ai advierte sobre uno de los riesgos más conocidos de la inteligencia artificial generativa: la creación de referencias incorrectas o inexistentes. Por ello, defiende que “una sentencia no debería utilizarse si no puede verificarse” y recuerda que “una cita inventada no es un pequeño error del modelo. Puede comprometer todo un escrito”.

Tras completar el análisis documental y jurídico, la plataforma puede generar un mapa estructurado del expediente que incluya hechos relevantes, cuestiones jurídicas, normativa aplicable, resoluciones judiciales relacionadas, argumentos favorables, riesgos procesales e información pendiente de aportar.

La automatización también puede extenderse al cálculo de cantidades reclamables y a la elaboración de borradores de reclamaciones extrajudiciales. Sin embargo, la firma insiste en que todos los resultados deben ser auditables y revisados por el profesional responsable.

Para el despacho, la verdadera transformación no reside en obtener respuestas aisladas mediante instrucciones puntuales, sino en estructurar procedimientos completos. “El trabajo jurídico real no está compuesto por prompts independientes. Está compuesto por procesos”, señala la publicación. De ahí que apunte a una evolución “del prompt al workflow, de la respuesta al expediente y del texto generado al proceso jurídico asistido”.

Pese a las posibilidades que ofrecen estas herramientas, la conclusión es clara: la IA puede ayudar a identificar hechos, cláusulas, riesgos y argumentos, pero “la decisión jurídica final debe mantenerse bajo supervisión profesional”.

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