La Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene una frase que debería bastar para cerrar el debate. El abogado del investigado tendrá, "en todo caso", acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad. En todo caso quiere decir también cuando la causa está declarada secreta. Y, sin embargo, en las macrocausas de narcotráfico sigue siendo habitual que un hombre ingrese en prisión, recurra y vea confirmada la medida sin haber leído una sola línea de aquello que la sostiene.
PRIMERO, DE QUÉ CAUSA HABLO Y POR QUÉ LA CUENTO YO
En septiembre de 2025 la Policía Nacional culminó en la ría de Arousa la llamada Operación Saona. Un semisumergible, más de tres toneladas de cocaína desembarcadas en la costa de A Pobra do Caramiñal, catorce detenidos y la mayoría de ellos en prisión provisional en cuestión de días. Desde octubre de 2026 dirijo la defensa de uno de esos investigados, que a día de hoy suma más de trece meses en prisión provisional.
La instrucción se declaró secreta antes incluso de las detenciones. En ese régimen se acordó la prisión, se recurrió y se confirmó. En comisaría, al detenido se le informó de que no tendría acceso a los elementos esenciales de las actuaciones porque la causa estaba declarada secreta. El secreto se alzó de forma parcial meses después, pero hoy varias piezas separadas siguen siendo secretas para todas las partes salvo para el Ministerio Fiscal, a golpe de prórrogas sucesivas.
No voy a contar aquí nada de lo que hay dentro de la causa, que sigue en instrucción y cuyas diligencias son reservadas. Lo que sí puedo contar, porque es Derecho y no sumario, es lo que la ley y el Tribunal Constitucional dicen sobre esta manera de privar de libertad a una persona. Y lo que dicen es bastante más claro de lo que la práctica de nuestros tribunales deja ver.
SEGUNDO, LO QUE DICE LA LEY Y CASI NADIE LEE
El segundo párrafo del artículo 505.3 LECrim dispone que "el Abogado del investigado o encausado tendrá, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del investigado o encausado". El artículo 520.2 d) reconoce lo mismo al detenido desde el calabozo, y el último párrafo del artículo 302, que regula el secreto, deja a salvo precisamente esa garantía. No es una concesión graciosa del legislador español. Es la transposición del artículo 7.1 de la Directiva 2012/13/UE, relativa al derecho a la información en los procesos penales, y la proyección del artículo 5.4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El Tribunal Constitucional lo ha dicho sin matices desde la STC 83/2019, 17 de junio, la primera que se enfrentó a una causa bajo secreto sumarial, y lo ha repetido después en las SSTC 94/2019 y 95/2019, ambas de 15 de julio, 180/2020, 14 de diciembre, 4/2023, 20 de febrero, 30/2023, 17 de abril, y 152/2023, 20 de noviembre. El secreto de las actuaciones no excluye el derecho de acceso para impugnar en términos fácticos y jurídicos la legalidad de la privación cautelar de libertad. Se trata, en palabras de la STC 30/2023, de "un derecho no susceptible de restricción temporal por la declaración de secreto sumarial, como sí pueden serlo otros aspectos del derecho de defensa". El secreto puede retrasar la defensa frente a la acusación. No puede retrasar la defensa frente a la prisión.
El último eslabón es la STC 15/2026, 23 de febrero, que anuló una prisión provisional porque al investigado se le había negado, con una invocación genérica del secreto, el acceso a la conversación intervenida que era el indicio determinante de su ingreso en prisión. Ya me ocupé de ella al hablar de la carga imposible que se impone al investigado en la comparecencia del artículo 505.
TERCERO, EL SECRETO NO ES UN MURO SINO UN FILTRO
Conviene despejar un malentendido. El artículo 505.3 no obliga a enseñar toda la causa. La garantía se circunscribe a los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la privación de libertad, y su concreción es necesariamente casuística. Corresponde al juez que decide sobre la prisión seleccionar qué debe entregarse y cómo, por exhibición, por copia o por cualquier otro medio que preserve la integridad de las actuaciones. El secreto conserva toda su legitimidad para lo demás.
Lo que el precepto prohíbe es la solución cómoda, que consiste en no seleccionar nada y oponer el secreto como un muro. El Constitucional lo dice con todas las letras. El carácter incondicionado de este derecho "obliga al juez instructor a seleccionar los materiales esenciales para impugnar eficazmente la legalidad de la privación de libertad", aunque se haya acordado el secreto, "por más que pueda ser una labor compleja" (STC 30/2023, 17 de abril). Es trabajo, sin duda. Pero es el trabajo que la ley impone a quien decide encarcelar a alguien mientras lo investiga.
Detrás está la igualdad de armas que exige Estrasburgo. No hay igualdad de armas cuando al abogado se le niega el acceso a los documentos del expediente cuyo examen es indispensable para impugnar eficazmente la detención de su cliente (STEDH Mooren c. Alemania, 9 de julio de 2009, Gran Sala, § 124). Mientras el Fiscal lee el atestado y la defensa no, la comparecencia del artículo 505 no es un debate. Es un trámite.
CUARTO, EL TIEMPO CORRE CONTRA EL SECRETO
Si el secreto es tolerable en las primeras horas de una investigación, lo es cada vez menos a medida que la prisión se prolonga. La STC 4/2023, 20 de febrero, resolvió el caso de un preso que pidió el acceso más de siete meses después de acordarse su prisión, en una causa que había permanecido secreta de forma continuada y sin haberlo reclamado en las revisiones anteriores. El Tribunal otorgó el amparo. Razonó que los artículos 520.2 d) y 505.3, igual que el artículo 7.1 de la Directiva, establecen el acceso "sin limitaciones temporales", en coherencia con el carácter siempre modificable de la prisión provisional, y que el preso puede pedir los materiales que sostienen la medida "en cualquier momento del procedimiento".
La misma sentencia recupera una idea que ya figuraba en la STC 83/2019 con apoyo en Estrasburgo (SSTEDH Migoń c. Polonia, 25 de junio de 2002, § 81, y Dochnal c. Polonia, 18 de septiembre de 2012, §§ 87 y 88). El tiempo durante el cual el investigado preso ha estado privado de acceso al procedimiento es significativo en sí mismo, y "a medida que avance el periodo de investigación los intereses del investigado irán sobreponiéndose al interés en el mantenimiento del secreto".
Trece meses de prisión no son siete. Cada prórroga del secreto que se dicta en una causa con presos debería contestar, por tanto, una pregunta que casi ninguna se formula, la de si a estas alturas sigue siendo imprescindible que el preso no conozca lo esencial de aquello que lo mantiene en prisión, y por qué.
QUINTO, LA PIEZA SEPARADA COMO ESCONDITE
Las macrocausas han cambiado la forma de usar el secreto. Ya no se mantiene sobre toda la causa durante años, porque eso resulta difícil de sostener ante la Audiencia Provincial. Se alza en la pieza principal y se conserva en piezas separadas de contenido patrimonial, de medidas cautelares reales, de blanqueo o de testigos protegidos. La pieza de situación personal se tramita a la vista, y el preso cree que por fin puede defenderse.
El problema es que los datos que sostienen la prisión no siempre están donde está la prisión. La capacidad económica que se invoca para afirmar el riesgo de fuga, los vínculos con el extranjero, el patrimonio que se presume de origen ilícito o la posición que se atribuye al investigado dentro de la organización pueden vivir en una pieza que el preso no puede abrir. Y el artículo 505.3 no pregunta en qué pieza está archivado un elemento, sino si es esencial para impugnar la privación de libertad. El Tribunal Constitucional define ese acceso como el que permite al investigado disponer de aquellos datos que "puedan atraer una valoración judicial última de pertinencia de la medida cautelar privativa de libertad" (STC 83/2019, 17 de junio, FJ 6 b).
La consecuencia es sencilla, si un dato de una pieza secreta pesa, de forma expresa o tácita, en la decisión de mantener a alguien en prisión, ese dato es esencial y debe entregarse. Si no se entrega, no puede pesar. Lo que no se puede enseñar no se puede usar para mantener a nadie en prisión. Lo escribí a propósito de la Operación Salem. Una macrocausa no convierte a cada investigado en una casilla intercambiable de un organigrama policial, y sus garantías no se diluyen porque la causa sea grande.
SEXTO, EL AUTO QUE REMITE A LO QUE NO SE PUEDE LEER
El legislador previó también lo que debe ocurrir con el propio auto de prisión. El artículo 506.2 permite omitir de la copia notificada los particulares que el secreto exija, pero añade que "en ningún caso se omitirá en la notificación una sucinta descripción del hecho imputado y de cuál o cuáles de los fines previstos en el artículo 503 se pretende conseguir con la prisión", y que, alzado el secreto, el auto íntegro se notificará de inmediato.
No es infrecuente que un auto de prisión se limite a afirmar que concurren indicios suficientes "como se detalla en el atestado", cuando el atestado es precisamente lo que el preso no puede leer. Formalmente hay remisión. Materialmente no hay nada. El Constitucional exige que la información que permite impugnar la prisión comprenda qué hechos se investigan, cuál es la conexión del investigado con ellos y la procedencia objetiva de los indicios, lo que implica una referencia a las fuentes de prueba (STC 180/2020, 14 de diciembre). Una remisión en bloque a un documento secreto no cumple ninguna de esas tres exigencias.
Hay además una razón práctica para insistir en que el control sea previo. Cuando el secreto se levanta, la defensa descubre a veces que el folio invocado no decía lo que se le atribuía. Para entonces el preso ya ha cumplido meses de prisión. Por eso la ley no se conforma con un control a posteriori.
SÉPTIMO, QUÉ TIENE QUE HACER LA DEFENSA
La garantía de acceso, a diferencia del derecho de información, no opera de oficio y requiere que la defensa la pida (STC 152/2023, 20 de noviembre). La primera regla es, por tanto, pedirlo siempre, por escrito y de forma expresa, con cita de los artículos 505.3 y 520.2 d), antes del turno de alegaciones de la comparecencia y no después. Si la negativa se produce en comisaría, el cauce es el habeas corpus (STC 21/2018, 5 de marzo). Saber qué hacer en las primeras horas de una detención sigue siendo la mitad de la defensa.
La segunda regla es no conformarse con la negativa genérica. Si el juez deniega el acceso, hay que exigirle que identifique qué elementos sostienen la prisión y por qué cada uno de ellos compromete la investigación, y recurrir la decisión, porque la idoneidad de la selección judicial es revisable por la vía de los recursos. La tercera es reiterar la petición en cada revisión de la medida. El derecho no caduca ni se pierde por no haberlo ejercitado antes, y cada mes de prisión añade peso del lado del preso en su ponderación con el secreto. La cuarta es dejar constancia de todo ello a tiempo, porque el amparo exige haber invocado la vulneración en la primera ocasión.
CONCLUSIÓN
La prisión provisional es ya, por definición, una privación de libertad que se sufre antes de la sentencia. Cuando además se sufre sin saber en qué se apoya, deja de ser una medida cautelar y se convierte en una apuesta del sistema sobre la culpabilidad del investigado que el investigado no puede discutir. La Ley de Enjuiciamiento Criminal lleva desde 2015 diciendo lo contrario, el Tribunal Constitucional lo repite desde 2019 y Estrasburgo desde mucho antes, mientras se espera una nueva ley procesal que no termina de llegar. Lo que falta es que la práctica de las causas penales complejas lo asuma.
Se puede investigar a un hombre en secreto. Lo que no se puede es encarcelarlo en secreto.
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