- El I Congreso de Derecho de Consumo, organizado por FAMILEX celebrado este jueves para analizar la problemática de los consumidores, abordó también con varios juristas la situación de la vivienda y su seguridad jurídica.
La ocupación ilegal de viviendas se ha consolidado como uno de los grandes focos de preocupación jurídica, institucional y social vinculados al acceso a la vivienda en España. En la actualidad los problemas relacionados con la vivienda se han convertido en “la primera preocupación de la sociedad” y defendió la necesidad de avanzar hacia soluciones “prácticas, adecuadas y responsables” mediante la coordinación entre administraciones públicas, legisladores y operadores jurídicos.
En este contexto hay que reseñar la falta de diálogo entre el Gobierno de Pedro Sanchez y los afectados por la ocupación, muchos de ellos forman parte de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, quienes nos confirman que llevan más de cinco años buscando una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, Hasta ahora sin éxito. Esta Plataforma acaba de incorporarse al Frente Cívico Democrático con otras asociaciones que ven como sus justas reivindicaciones son frenadas en el Congreso de los Diputados.
Las carencias en la protección del consumidor en el ámbito de la vivienda. Compraventa, alquiler, protección del propietario en situaciones de ocupación son alarmantes, asi lo explicaron Mercedes Blanco abogada experta en derecho inmobiliario, vocal Colegio de APIs de Cataluña Alberto Torres, presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal ICAM José Alberto Marín , decano del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya moderados por Carmen Valenzuela, abogada junta de Gobierno ICAB, uno de los debates de este I Congreso de Derecho de Consumo organizado por FAMILEX celebrado este jueves en Madrid.
Este evento, impulsada por el decano emérito del ICAB Jesús Sanchez y un grupo de juristas de primer, en el que nuestro medio estuvo presente reunió a algunas de las figuras más destacadas del panorama jurídico español en materia de consumo, vivienda, justicia, contratación, protección del ciudadano, fraude bancario, inteligencia artificial y empresa.
Un foro de referencia nacional que ha congregado a magistrados, decanos, catedráticos, abogados especialistas, representantes institucionales y expertos de primer nivel para abordar los grandes desafíos jurídicos y sociales que afectan hoy a los consumidores y a la ciudadanía.
Falta respuesta inmediata
En esta mesa redonda sobre consumidores y vivienda, la primera que abrió este foro jurídico, la intervención de Mercedes Blanco, abogada experta en derecho inmobiliario, vocal del Colegio de APIs de Cataluña y CEO de Vecinos Felices, centró parte del debate de la mesa dedicada a la protección del consumidor en el ámbito de la vivienda, en la que se abordaron la compraventa, el alquiler y, especialmente, la protección del propietario en situaciones de ocupación.
Blanco puso sobre la mesa una realidad que, según los expertos, exige una respuesta inmediata por parte del Gobierno: muchas comunidades de propietarios se encuentran en una situación de auténtica indefensión cuando se enfrentan a casos de ocupación en sus edificios.
“Las comunidades de propietarios no pueden seguir solas ante la ocupación. Hay edificios enteros que viven con miedo, vecinos que sienten que nadie les protege y comunidades que no tienen herramientas jurídicas suficientes para reaccionar con rapidez”, afirma la miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona.
Durante su intervención, Blanco relató que en demasiadas ocasiones las comunidades se enfrentan a escenarios dramáticos sin instrumentos legales eficaces. Según expuso, hay vecinos que llegan a organizar guardias para evitar intentos de entrada en inmuebles, una imagen que refleja el grado de tensión, incertidumbre y abandono que viven muchas comunidades.
Desde Vecinos Felices, su consejera delegada defiende que la ocupación no puede analizarse únicamente como un conflicto entre propietario y ocupante. En numerosos casos, sus efectos alcanzan a todo el edificio, “alterando la convivencia, generando inseguridad, deteriorando la salud emocional de los residentes y colocando a las comunidades de propietarios ante una situación de vulnerabilidad que el ordenamiento jurídico debe atender con mayor contundencia” según Blanco.
Falta seguridad jurídica
Por su parte, José Alberto Marín, decano del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, defendió la importancia de mejorar la prevención, dotar de mayor rigor documental a los contratos de arrendamiento y agilizar los procesos, recordando que el ordenamiento debe proteger la titularidad de la vivienda sin perder de vista el acceso constitucional a la misma.
Sostuvo en su intervención que la ocupación no es un derecho. Para Marín, es vital restaurar la seguridad jurídica de los propietarios frente a la incertidumbre creada por normativas recientes Denunció que la normativa actual es una "legislación Frankenstein" y planteó reformas jurídicas urgentes para lograr la expulsión inmediata (en 72 horas o menos) de okupas e inquiocupas, buscando endurecer el trato legal frente a la vulnerabilidad.
El decano propuso derogar la actual normativa y crear un marco desde cero. Argumenta que el problema de fondo es la falta de oferta y las barreras de entrada, y que la ley actual no ha solucionado la crisis ni frenado la inseguridad ante el fenómeno okupa. El problema en España es la falta de oferta y lo que hay que promover es la oferta. Ayudar a los compradores genera más demanda cuando no hay oferta
Al mismo tiempo comentó que el impago intencionado y la no restitución del inmueble (inquiocupación) deben tratarse como un delito de estafa. Esto permitiría que el juez de instrucción ordene el lanzamiento inmediato como medida cautelar, evitando que los morosos apelen a la vulnerabilidad para alargar el proceso.
Marín indicó que apoyaba las propuestas de la Academia Matritense del Notariado para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Vivienda. Aboga por la expulsión policial o judicial inmediata en un plazo máximo de 72 horas para proteger la tenencia pacífica de la vivienda ajena.
Hay que reformar la LAU
En la misma mesa, los expertos también abordaron la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en el mercado de la vivienda desde distintas perspectivas. Alberto Torres presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal del ICAM, puso el foco en los problemas derivados de la contratación, el auge de los contratos digitales, la falta de información jurídica suficiente para muchos ciudadanos y el uso del arrendamiento de temporada para eludir la normativa de la LAU.
En una de sus intervenciones Torres, defendió la necesidad de abordar el fenómeno de la ocupación desde un análisis “estrictamente jurídico”, alejado de apriorismos ideológicos y centrado en la búsqueda de soluciones útiles para una problemática de enorme impacto social y judicial. Recordó que la ocupación hay que verlo desde todas sus dimensiones —civil, penal y social— prestando una “especial sensibilidad” a las situaciones de vulnerabilidad vinculadas al acceso a la vivienda.
También destacó que en este sentido, advirtió de que “no podemos trasladar a los tribunales un problema que es social”, al considerar que buena parte de las tensiones que actualmente soportan los procedimientos judiciales derivan de la falta de respuesta previa desde el ámbito administrativo y asistencial.
Esta jurista en un reciente articulo en nuestra publicación sobre una reforma necesaria de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), indicó también en su intervención la necesidad de dicha reforma especialmente de los arrendamientos de temporada, habitación, plazas de garaje etc., haciendo referencia a nuevas formas de convivencia como coliving, cohousing, flexliving etc., aunque sea para excluirlas expresamente. Al mismo tiempo recordó la necesidad de revisar los artículos 9 y 10 de la LAU sobre duración y prórroga de los contratos y analizar el control de rentas existente en el artículo 18.
Los expertos de esta mesa redonda insistieron en la necesidad de que el Gobierno adopte medidas concretas para proteger a las comunidades de propietarios, agilizar los procedimientos, reforzar la prevención y dotar a vecinos y administradores de herramientas eficaces frente a ocupaciones que comprometen la vida diaria de los residentes.
En el debate se insistió en que otro fenómeno emergente como es la ocupación en las comunidades de propietarios debe ser tratada como una cuestión de interés colectivo. La entidad considera que el impacto sobre los vecinos es directo: ruidos, enfrentamientos, miedo, pérdida de tranquilidad, deterioro de zonas comunes y sensación de abandono institucional.
La intervención se produjo en una mesa en la que también se abordó la situación de tensión del mercado de la vivienda, especialmente en Cataluña, donde los expertos que intervinieron pusieron de manifiesto la falta de oferta de alquiler y la enorme presión existente sobre los pocos inmuebles disponibles, con casos en los que una sola vivienda puede recibir centenares de solicitudes.
El I Congreso de Derecho de Consumo se ha consolidado así como una gran cita jurídica nacional, capaz de reunir a lo mejor de España en el ámbito del consumo y de situar en el centro del debate asuntos decisivos para la ciudadanía. El programa ha contado con ponencias y mesas sobre arbitraje de consumo, vivienda, microcréditos, MASC, inteligencia artificial aplicada al Derecho, fraude bancario, segunda oportunidad, abuso del servicio público de Justicia, amparo constitucional de los consumidores y protección del autónomo y del pequeño empresario.
