- El encuentro, organizado por la entidad colegial , reunirá a operadores jurídicos, académicos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, representantes institucionales y de la sociedad civil para analizar el fenómeno desde una perspectiva jurídica y multidisciplinar.
En un contexto en el el Pleno del Congreso ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. La iniciativa, del Grupo Popular, ha sido tomada en consideración por 171 votos a favor, 164 votos en contra y 11 abstenciones y comienza ahora su tramitación parlamentaria, el ICAM organiza un Foro para abordar esta problemática.
La ocupación ilegal de viviendas, la creciente litigiosidad asociada a la denominada “inquiocupación” o el encaje jurídico de las situaciones de vulnerabilidad habitacional centrarán el Congreso sobre la “Problemática jurídica de la ocupación de viviendas”, organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) este jueves y viernes en el Salón de Actos de la institución.
Las denuncias por delitos relacionados con 'okupaciones' de vivienda han descendido casi un 10% en 2025 en el conjunto de España, con 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento según EPData, plataforma de datos de Europa Press.
Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que acumula más denuncias, con 5.913 casos durante 2025, lo que representa casi el 40% del total de España, es decir, cuatro de cada diez denuncias, según los datos actualizados en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press.
Impulsado por la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, en colaboración con la Cátedra Manuel Serra Domínguez d’Estudis de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, el encuentro reunirá durante dos jornadas a magistrados, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, representantes institucionales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y expertos del ámbito universitario y social para analizar uno de los fenómenos que mayor debate jurídico y preocupación ciudadana genera actualmente.
Se hablará de la inquiocupación
La inauguración del Congreso correrá a cargo del decano del ICAM, Eugenio Ribón; el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García el presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, Alberto Torres; y el copresidente de la Sección de Penal del ICAM, Rubén Martín de Pablos.
A lo largo del programa se abordarán cuestiones como el tratamiento penal y civil de la ocupación ilegal de viviendas, la intervención policial en este tipo de situaciones, el fenómeno de la “inquiocupación”, el impacto sobre las comunidades de propietarios o las propuestas legislativas actualmente en debate. El Congreso dedicará también un espacio específico al análisis jurídico de las situaciones de vulnerabilidad y a la búsqueda de soluciones para el acceso a la vivienda desde una perspectiva social y jurídica equilibrada.
Entre los participantes figuran magistrados como David Cubero, de la Audiencia Provincial de Madrid, y Fernando Pinto magistrado y letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; especialistas universitarios como el catedrático de Derecho Procesal Vicente Pérez o el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre; así como representantes de la Policía Nacional, Policía Municipal, servicios sociales y profesionales especializados en vivienda y derecho inmobiliario.
La jornada del 29 de mayo incluirá además una mesa redonda centrada en las soluciones para el acceso a la vivienda y en la necesidad de avanzar hacia un pacto social que permita afrontar este desafío desde parámetros jurídicos, sociales e institucionales compatibles con la seguridad jurídica y la protección de los derechos fundamentales.
Un propuesta necesaria
En el Congreso se hablará de esta proposición de ley, que acaba de presentarse en la Cámara Baja y que de acuerdo con la exposición de motivos, “La vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación, tanto desde la perspectiva penal como civil y administrativa”. No obstante, continúa, “el ordenamiento jurídico debe ser adaptado y mejorado para permitir una protección más efectiva de los titulares de estos derechos” y para incluir “la convivencia vecinal pacífica y respetuosa en aras de la seguridad de las personas y las cosas”.
La ocupación ilegal de inmuebles y sus consecuencias, prosigue la exposición de motivos, “produce cada vez mayor preocupación y alarma social” y frente a ello, la iniciativa legislativa propone un conjunto de medidas en ocho artículos y cuatro disposiciones.
Así, en su artículo tercero introduce “el cambio legal más reclamado” por los afectados y expertos en la materia: “deslindar los conceptos de morada o domicilio de las situaciones de ilegalidad por ocupación”. En concreto, se establece que “el ocupante ilegal de cosa inmueble no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad pública o sus agentes”.
Además, en su artículo cuarto se propone modificar el Código Penal para incluir “penas superiores a las vigentes para quien con violencia o intimidación ocupare un inmueble”. También se considerará colaborador o instigador a cometer un delito quien señale inmuebles para ser ocupados.
Según nos confirman algunos expertos la proposición también modifica la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo séptimo, para introducir “mejoras en la convivencia vecinal al conferir de medios de defensa jurídica a la comunidad de propietarios”. Asimismo, se establece en el artículo octavo que la ocupación ilegal “no podrá dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal”, para lo que se plantea reformar la Ley de Bases de Régimen Local.
Asimismo, la disposición final segunda introduce un conjunto de reducciones de obligaciones tributarias para los propietarios afectados por supuestos de ocupación ilegal, como la devolución de cantidades abonadas en concepto de IBI o Impuesto sobre el Patrimonio. La disposición final tercera habilita al Gobierno para adaptar en el plazo de doce meses la normativa del padrón municipal y desarrollar reglamentariamente la ley.
Al haber superado el debate de toma en consideración, la proposición de ley se remitirá a la comisión competente y se abrirá el correspondiente plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado, como fija el artículo 126.5 del Reglamento del Congreso.
En el caso de que se presentaran enmiendas a la totalidad, que solo pueden ser de texto alternativo, se celebrará el debate de totalidad. Una vez celebrado el debate, y si dichas enmiendas son rechazadas, la iniciativa continuará su tramitación en el Congreso, donde por su carácter orgánico deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Pleno en una votación final de conjunto, y a continuación se remitirá al Senado.
