Hace unos días referenciaba un caso en el que el demandante había hecho todo lo posible para perder el juicio. Hoy, vuelvo con otro… y la verdad es que empiezo a estar preocupado.
Se trata de un odioso asunto relativo a una prestación por cese de actividad de un heroico trabajador autónomo. La Mutua había tenido por desistida a la parte actora de su pretensión, por no aportar la documentación requerida, a pesar de los varios requerimientos efectuados al respecto.
La demandante, en lugar de impugnar esta resolución, que era lo propio, pide al Juzgado que la Mutua le pague la prestación. Para ello, no aporta dato alguno, ni acredita que su situación legal era tributaria del percibo de la prestación. Se empecina en sostener que los documentos que le pide la Mutua no puede aportarlos porque no existen, pero no hace lo que se supone debía, que es, por lo menos, manifestar que cumplía los requisitos de acceso a la prestación y/ó aportar la documentación que considerase que acreditase los requisitos.
La defensa de la Mutua fue fácil: Aún considerando que la Mutua hubiese obrado con abuso de derecho al tener a la actora por desistida, lo cierto es que la demandante no había aportado un solo dato o indicio de que reunía los requisitos para acceder a la prestación. Y esta información solo podía facilitarla la demandante, dado que solo ella conocía los datos y podía aportar las pruebas. Es aquello de la mayor facilidad probatoria.
La guinda al pastel la puso la prueba testifical que se aportó por parte de la actora, consistente en hacer declarar a su asesor laboral, que a preguntas de la defensa de la Mutua confirmó que conocía la información y nunca, facilitaron, siquiera los datos básicos para poder comprobar el cumplimiento de los requisitos.
Este tipo de fenómenos, desde mi percepción personal, van en aumento y como decía me preocupan mucho, porque un profesional diligente puede y debe defender mejor a su cliente. No es tan difícil. A veces solo hay que aplicar el sentido común.
