- Dos mujeres al frene de las principales instituciones judiciales del país. cómo son Isabel Perello, presidenta del CGPJ y del Supremo y Teresa Peramato, fiscal general del Estado, fueron protagonistas de este tradicional acto en el Tribunal Supremo en un acto presidido por SM Felipe de Borbón y otras autoridades políticas y juridiciales celebrado en el Supremo.
En medio de la tensión entre el Gobierno y el poder judicial con nuevos ataques a magistrados tanto por la Ley de Nietos, de momento suspendida y la apertura de la causa penal de la invasión de Ceuta, esta mañana se celebró este evento ya habitual en el Salón de Plenos del Supremo con gran expectación
Su celebración cumple el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sesión estará centrada en la exposición de las memorias de gestión que evalúan el funcionamiento de los juzgados y la actividad del Ministerio Fiscal. Tomaron la palabra la mencionada fiscal general del Estado, Teresa Peramato y presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha calificado este jueves de "extrema gravedad" considerar que "los jueces y tribunales adoptan decisiones por razones políticas y no jurídicas" y, aunque ha admitido que pueda haber "discrepancia" con las decisiones judiciales, ha pedido "respeto a la función jurisdiccional".
"Cada vez que se ataca a un juez por una decisión se ataca al estado de Derecho", ha clamado en su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, que ha estado presidido por el rey Felipe VI.
Para Perelló, las descalificaciones a los jueces son de una "gravedad mayor" cuando proceden de "quienes ejercen responsabilidades institucionales", en alusión a miembros del Gobierno que han puesto en duda la imparcialidad de los jueces.
"Lo que se pone en tela de juicio cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta. El daño no se limita al juez ni al asunto concreto. Se proyecta sobre toda la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia", ha lamentado Perelló.
La presidenta del CGPJ ha pedido que cuando se comenten decisiones judiciales se eviten las "críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la Justicia". Y ha considerado que es "insostenible" utilizar la descalificación pública de jueces como "instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción".
Por ello, ha insistido en la importancia del "respeto y la lealtad institucional". "La lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado constitucional que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás", ha incidido.
Los ficales quieren un cambio de modelo
Por su parte Teresa Peramato, que intervino por vez primera en este tipo de eventos institucionales, indico que su entidad acepta estar sometida al escrutinio público, pero ha añadido que "transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad".
Peramato no hizo ninguna alusión concreta a la condena de García Ortiz y paso por encima en su discurso a hora abordar el fenómeno de la corrupción, en plena oleada de casos que afectan al Gobierno y al PSOE
Sobre esta lacra, ha señalado que se trata de un "fenómeno que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública”.
Al mismo tiempo comento que “la investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo. Por ello, la lucha contra la corrupción constituye una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española".
Por otro lado, la fiscal general -al igual que todos sus antecesores- ha pedido un cambio de modelo penal donde los miembros de la cúpula fiscal asuman las instrucciones penales. Se trata de una reivindicación histórica del Ministerio Público que ningún Gobierno ha llegado a poner en marcha pese a los reiterados internos.
"La atribución de la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal no constituye una reivindicación corporativa. Se trata, ante todo, de una exigencia de racionalidad institucional orientada a reforzar las garantías del proceso penal y, en definitiva, a fortalecer la calidad de nuestro Estado de Derecho", ha concluido Teresa Peramato.
El acto reunión a la cúpula del sistema de justicia procesal y constitucional. Acudieron la presencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los integrantes de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, los magistrados del alto tribunal y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
Asimismo, la ceremonia contó con la representación del Tribunal Constitucional, encabezada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, así como de las principales autoridades del Poder Legislativo y del Ejecutivo —entre ellas la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños—, además del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Junto a ellos los principales operadores jurídicos del país, entre ellos mencionar a Salvador Gonzalez, presidente del CGAE y Eugenio Ribión decano del ICAM acompañado de Isabel Winkels, como pate de la abogacía institucional; Alberto Garcia, presidente del Consejo General de Procuradores y Carmen Giménez, decana del Colegio de Procuradores de Madrid, presidentes de asociaciones judiciales, Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y Juan José Yañez, portavoz nacional de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ ), entre otros juristas que acudieron al evento.
