Considera imprescindible que el Gobierno priorice la aprobación del reglamento de la pasarela al RETA antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Ese real decreto es la pieza que falta para que los mutualistas puedan trasladar sus derechos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, como prevé la Ley 2/2026, en vigor desde el 1 de agosto.
La ley dio al Ejecutivo un plazo de tres meses para fijar por vía reglamentaria cómo se transferirán los fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social y cómo se convertirán las aportaciones en periodos cotizados. Ese plazo expira a finales de este mes y difícilmente se cumplirá, porque el proyecto de real decreto todavía debe pasar por audiencia pública y por el dictamen del Consejo de Estado. Hay margen para llegar antes del 29 de noviembre por la vía de la tramitación urgente, que reduce la audiencia a siete días hábiles y fija un máximo de quince días para el dictamen. El Consejo de Ministros del martes 20 de octubre es la próxima ocasión para dar ese impulso.
“Los mutualistas necesitan certidumbre. Pedimos al Gobierno actual, y al que salga de las urnas, que el reglamento de la pasarela al RETA se trate como una cuestión de Estado y no se vea afectado por el cambio de ciclo político”, señalan desde la Mutualidad de Procuradores.
La disolución de las Cortes no merma por ahora la capacidad del Gobierno, que conserva plenas funciones hasta la jornada electoral. A partir del 29 de noviembre, un Ejecutivo en funciones no podrá presentar proyectos de ley y deberá limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos. La ley no le impide aprobar reglamentos, y el argumento a su favor gana peso cuando se trata de desarrollar una norma ya aprobada por las Cortes que contiene un mandato con plazo expreso.
La Mutualidad advierte, sin embargo, de que la interinidad suele ralentizar la coordinación entre ministerios y la emisión de dictámenes por parte del Consejo de Estado, un trámite preceptivo en este caso. Si el reglamento no sale antes de la cita con las urnas, no decae. Su aprobación quedaría aplazada hasta que se forme el nuevo Gobierno, y nadie puede hoy poner fecha a eso.
La reivindicación de la pasarela lleva más de tres años sobre la mesa y afecta a más de 150.000 profesionales. Los más expuestos son quienes se acercan a la edad de jubilación: sin reglamento desconocen cómo se materializará el traslado de sus fondos a la Seguridad Social y no pueden decidir con datos si les conviene acogerse.
La entidad ya lo advirtió durante la tramitación parlamentaria, cuando subrayó que “la eficacia real de la pasarela dependerá en gran medida del desarrollo reglamentario”. Cinco meses después, ese desarrollo sigue pendiente.