Celia Carbonell. Abogada. Premio Hay Derecho 2024
Existe un momento invisible pero trascendental en el día a día de cualquier democracia: aquel en el que un ciudadano decide presentar una demanda, interponer una denuncia o simplemente esperar a que un juzgado resuelva un conflicto personal. En ese instante, la persona deposita una moneda en el trillado almacén de la confianza pública a cambio de una promesa de ecuanimidad y eficacia. Una moneda que suele caer al suelo produciendo un eco desgastado y escéptico. Clinc, clinc, clinc.
Decir que la confianza del ciudadano español en su sistema judicial está resentida no es una provocación de barra de bar; es una constatación sociológica revisada año tras año por el barómetro del CIS y diversos estudios del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Cómo hemos llegado a este divorcio entre el ciudadano de a pie y el pilar fundamental del Estado de derecho?
Tuve el inmenso privilegio de debatir con Don Miguel Pasquau Liaño sobre esta misma cuestión, en el marco de la presentación de su último libro, El oficio de decidir. Una obra fundamental, una invitación a la reflexión que, como cabía esperar, suscitó un enriquecedor intercambio de ideas entre el público asistente. Ya le avancé a Don Miguel mi propósito de dedicarle estas líneas. Sostiene él, con acierto, que conviene mirar la justicia con una saludable dosis de desconfianza; comparto con él idéntico convencimiento.
El primer y más evidente veneno para la credibilidad judicial en España es el espectáculo incesante del bloqueo y la politización del órgano de gobierno de los jueces. Durante años, los dos principales partidos políticos convirtieron la renovación del CGPJ en un mercadeo a plena luz del día, donde el mérito o la independencia pasaban a un segundo plano frente a las cuotas de poder ideológico. Hoy ese escenario es exactamente el mismo.
Si los encargados de arbitrar el juego democrático son repartidos como cromos entre dos partidos ¿qué garantía le queda al votante de que las sentencias de alta política se dictan con la vista puesta únicamente en el código penal y no en las agendas de los partidos? ¿Esa justicia es "fuerte con los débiles y débil con los fuertes"? La sombra de la duda basta para carcomer la fe institucional.
Pero esa falta de fe no nace únicamente en los tribunales de las altas instancias ni en los editoriales de la prensa política. La brecha más profunda se abre en la justicia cotidiana, la que toca la piel del ciudadano. La justicia española sufre de una parálisis casi endémica.
La justicia lenta no es justicia
"Justicia tardía no es justicia", reza el viejo aforismo. Cuando un trabajador despedido debe esperar más de tres años (por lo menos en Alicante) para celebrar un juicio laboral, cuando un pequeño empresario tarda más de tres años en cobrar una deuda impagada, cuando un procedimiento civil sigue abierto durante más de tres lustros o cuando una causa penal se dilata durante más de una década, el sistema falla en su cometido primordial.
Déjenme que les cuente, no sé si como anécdota o como pasmoso, que en el partido judicial de Novelda no localizan un expediente que se instruyó y terminó en el Tribunal del Jurado. Éste nos dio la razón de que no era el competente. El Tribunal del Jurado dice que devolvió la causa a Novelda y el Tribunal de Novelda dice que nunca le llegó. Sobre mi cliente pesa una causa que “quién sabe dónde”. Se pueden imaginar. Vamos para 7 años ya.
Esta lentitud (o ineptitud) no es, en la inmensa mayoría de los casos, fruto de la indolencia de jueces, fiscales o funcionarios, sino del abandono estructural. Durante décadas, la Administración de Justicia ha sido la hermana pobre de las inversiones públicas. Mientras otros servicios públicos se modernizaban a pasos agigantados e integraban la digitalización de forma eficaz, muchos juzgados (ahora tribunales) españoles continuaban sepultados bajo toneladas de papel, utilizando sistemas informáticos obsoletos que ni siquiera lograban, ni logran, comunicarse entre distintas comunidades autónomas.
Para el ciudadano común todo esto se traduce en angustia vital y quebranto económico. El tiempo del proceso se convierte en una condena añadida.
Creo que existe, además, una barrera invisible pero poderosa: la del lenguaje y las formas. No digamos ahora que con el uso de la IA somos creadores de excelentes recursos con tecnicismos tan pulcros que nos convierten en verdaderos artistas de la escritura jurídica. Bendita IA, pero con límites. No me refiero a eliminar nuestro “idioma jurídico”, me refiero a hacerlo comprensible a través de las Sentencias.
Cuando el ciudadano no entiende las razones por las que un tribunal decide sobre su patrimonio, su libertad o sus derechos familiares, el veredicto puede pasar a convertirse en un fallo arbitrario.
A pesar de este diagnóstico sombrío, a mi entender, sería injusto y desacertado calificar el sistema judicial español como fallido. Miles de jueces, magistrados, fiscales y personal de la Administración de Justicia trabajan a diario en condiciones precarias, manteniendo a flote un engranaje gigantesco gracias a su vocación y rigor.
Restaurar la confianza no exige milagros, sino voluntad política y pedagogía social. Que hay que cambiar la elección de los órganos de gobierno judicial es de primero de carrera. Que hay que dotar de recursos materiales, tecnológicos y de personal a los tribunales de instancia para reducir drásticamente los tiempos de respuesta, también.
Se acerca el 29 de noviembre y, más allá de la propaganda habitual, me ronda una preocupación clara: qué clase de país queremos construir. Ya nos están lloviendo promesas y eslóganes efectistas, pero les pido que hagamos el ejercicio de abrir los programas electorales e ir directo a lo importante.
Fíjense bien en lo que proponen sobre la justicia. No es un tema aburrido ni lejano; es la única garantía que tenemos los ciudadanos frente a los abusos del poder. Si un partido pasa de puntillas sobre la independencia judicial o el Estado de derecho, la lectura es simple y dolorosa: si no les importa la justicia, es que solo les importa el sillón.
Lean “El oficio de decidir”.
