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Madrid, 31 ene (EFE).- La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado medidas para evitar el colapso de su Sala de lo Contencioso al constatar su "situación límite" por las vacantes ante la imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial realice nombramientos discrecionales al estar en funciones.

Entre dichas medidas se encuentran además de una reestructuración de las secciones de la Sala proponer al Gobierno un refuerzo de magistrados y funcionarios y una reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sobre todo ante la "avalancha" de reclamaciones patrimoniales por medidas relacionadas con la pandemia del coronavirus covid-19 que se esperan.

El pasado mes de octubre la Sala de Gobierno del alto tribunal ya advirtió de que de no cubrirse las vacantes en este órgano por el bloqueo en la renovación del CGPJ, pendiente desde hace más de tres años, la situación sería "insostenible" e implicará que "se dictarán mil sentencias menos al año", por lo que consideraba "imprescindible" actuar para evitar el "colapso" del tribunal.

Este lunes la Sala de Gobierno del Supremo ha aprobado la propuesta del presidente de su Sala de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, para la reorganización de las secciones de la misma ante las vacantes existentes por la imposibilidad de que el CGPJ realice nombramientos discrecionales, informa el alto tribunal. La Sala de Gobierno ha constatado la "situación límite en la que se encuentra la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que a partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, contará con solo 25 magistrados, incluido su presidente, el mínimo legal para constituir sus cinco secciones , ya que cada una de ellas debe tener al menos cinco". Por ello ha aprobado reforzar las dos secciones que tras dichas jubilaciones quedarán con cuatro integrantes con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis.

Además para mitigar la "extraordinaria carga de trabajo" que ha comenzado a detectarse en la Sala ha acordado proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esta litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esta situación". En relación a la reforma legislativa, que se elevará al Ministerio de Justicia a través del CGPJ, propone modificar el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes ante el Supremo hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a las decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras a una mayor seguridad jurídica.

Un segundo aspecto de la reforma propuesta afectaría a la labor de la Sección de Admisión de Recursos regulada en el artículo 94 de la ley para que cuando detecte un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual pueda acordar la admisión de uno o varios de ellas, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. El Supremo espera en próximas fechas la entrada de miles de recursos contra la desestimación por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños por la aplicación de medidas incluidas en las normas para hacer frente a la pandemia. Para afrontar estos litigios solicitará al Ministerio que se dote al tribunal de una nueva Secretaría con un letrado de la Administración de Justicia y personal funcionario adecuado y la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el gabinete técnico del Supremo para ser provistas de magistrados del orden contencioso-administrativo.

Asimismo propone un plan específico para la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso ya que al margen de las reclamaciones patrimoniales por las medidas relacionadas con el coronavirus acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos En concreto 211 reclamaciones de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la Comunidad de Madrid, 72 de reconocimiento de la condición de personal estatutario y 65 de reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en el servicio de salud de castilla-La Mancha En su próxima reunión la Sala de Gobierno valorará la situación general del tribunal y de sus restantes salas.




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